El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado que, si consigue mantenerse al frente del Ejecutivo tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, volverá a impulsar una reforma de la Constitución para blindar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Se trata de uno de los compromisos que el líder socialista está incorporando a su discurso de precampaña, en el que sitúa la defensa de los derechos sociales frente a las propuestas de PP y Vox.
"En la próxima legislatura reformaremos la Constitución para blindar el derecho al aborto de las mujeres", aseguró Sánchez durante un mitin celebrado el miércoles 21 de octubre en Burgos, donde volvió a reivindicar las políticas de igualdad de su Gobierno y advirtió de lo que considera un riesgo de retroceso en derechos si la derecha llega al poder.
El anuncio recupera una iniciativa que el Ejecutivo ya había puesto en marcha durante la legislatura anterior. Sin embargo, la disolución de las Cortes Generales tras el adelanto electoral del 29N provocó que la reforma constitucional quedara sin aprobar, por lo que el procedimiento tendría que retomarse en el próximo mandato.
Una reforma constitucional que quedó paralizada por las elecciones
El Gobierno de coalición había dado los primeros pasos para incorporar el derecho al aborto a la Carta Magna en octubre de 2025, cuando solicitó un dictamen al Consejo de Estado sobre la propuesta.
Posteriormente, el 7 de abril de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reforma constitucional y lo remitió al Congreso de los Diputados. La iniciativa contemplaba modificar el artículo 43 de la Constitución, dedicado a la protección de la salud, mediante la incorporación de un nuevo apartado que obligara a los poderes públicos a garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo.
La propuesta establecía que las administraciones debían asegurar el ejercicio de este derecho en condiciones de igualdad real y efectiva, proporcionando las prestaciones y servicios necesarios para hacerlo posible.
El texto superó uno de sus primeros obstáculos parlamentarios el 30 de abril, cuando el Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox. Las propuestas de devolución recibieron 171 votos favorables y 177 en contra, lo que permitió que la reforma continuara su tramitación.
No obstante, la convocatoria anticipada de elecciones puso fin al recorrido parlamentario de la iniciativa, que no llegó a completar el procedimiento necesario para modificar la Constitución.
El principal obstáculo: la mayoría necesaria para reformar la Constitución
Pese al compromiso de Sánchez, la continuidad del PSOE en el Gobierno no garantizaría por sí sola la aprobación de la reforma. El procedimiento elegido por el Ejecutivo, recogido en el artículo 167 de la Constitución, exige el respaldo de una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. En el caso de la Cámara Baja, esta exigencia supone reunir al menos 210 votos de los 350 diputados, mientras que en el Senado el número necesario dependerá de su composición.
Si no se alcanza un acuerdo entre ambas cámaras, la Constitución contempla la creación de una comisión paritaria para intentar consensuar un nuevo texto. También existe una vía alternativa que requiere el respaldo de dos tercios del Congreso y la mayoría absoluta del Senado.
El Partido Popular ya había expresado su rechazo al blindaje constitucional del aborto, al considerar que se trata de un derecho regulado por la legislación vigente y respaldado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Por tanto, la posibilidad de que la reforma salga adelante estará condicionada por el resultado de las elecciones del 29 de noviembre y los acuerdos parlamentarios que puedan alcanzarse en la próxima legislatura.
Sánchez y Feijóo enfrentan sus propuestas sobre el aborto
La promesa del presidente del Gobierno se produce en un contexto de creciente confrontación política en torno a los derechos reproductivos.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este viernes 23 de octubre que, si llega a la Moncloa, quiere reabrir el debate sobre la participación de los padres en la decisión de abortar de las menores de 16 y 17 años.
En una entrevista en la Cadena SER, Feijóo defendió que lo adecuado sería que las adolescentes compartieran esta decisión con sus progenitores, aunque no concretó una propuesta legislativa.Actualmente, la legislación española permite a las jóvenes de 16 y 17 años interrumpir voluntariamente su embarazo sin necesidad del consentimiento de sus padres, una posibilidad recuperada con la reforma de la ley del aborto aprobada en 2023.
Feijóo aseguró también que garantizaría el acceso a la asistencia sanitaria prevista legalmente, aunque recordó que no puede obligarse a un profesional sanitario a practicar un aborto. El PSOE, por su parte, está utilizando las propuestas del PP sobre esta materia para reivindicar su política de igualdad y presentar la reforma constitucional como una de sus prioridades para el próximo mandato.
¿Qué cambiaría si el aborto quedara blindado en la Constitución?
La interrupción voluntaria del embarazo ya está regulada en España por la Ley Orgánica 2/2010, modificada en 2023. Además, el Tribunal Constitucional ha respaldado el marco legal que reconoce este derecho.Por tanto, la iniciativa del Gobierno no supondría legalizar una práctica que actualmente esté prohibida, sino reforzar su protección constitucional y las obligaciones de los poderes públicos para garantizar su ejercicio.
Uno de los principales argumentos del Ejecutivo para defender la reforma es la desigualdad territorial en el acceso a esta prestación sanitaria. Según los datos expuestos por el Ministerio de Igualdad en abril de 2026, alrededor del 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizaban en centros integrados en la sanidad pública, mientras que la mayoría se practicaban en centros privados.
El departamento dirigido por Ana Redondo también alertó de diferencias significativas entre comunidades autónomas, con territorios donde la proporción de abortos practicados en centros públicos era considerablemente inferior a la de otros.
Con este escenario, Sánchez vuelve a situar el blindaje constitucional del aborto entre sus compromisos electorales de cara al 29N, aunque su materialización dependerá tanto de una nueva iniciativa parlamentaria como de la capacidad de reunir las mayorías reforzadas que exige la Carta Magna.