Sánchez confirma que irá a 'The Wild Project' de Jordi Wild: los cuatro candidatos aceptan las entrevistas del 29N

La Constitución española atribuye al presidente del Gobierno la dirección de la acción gubernamental y la coordinación de los ministros. Además, le reserva funciones concretas en sus relaciones con el rey, las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional. No obstante, muchas competencias corresponden al Gobierno en su conjunto y no al presidente individualmente.

Dirección y coordinación del Gobierno

El artículo 98.2 establece su función principal: «El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión».

Por tanto, fija la orientación política del Ejecutivo y asegura la coordinación entre sus miembros, pero no sustituye la responsabilidad propia de cada ministro. Conviene distinguir esta función de las atribuciones del Gobierno recogidas en el artículo 97: dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria.

Formación y composición del Ejecutivo

• Proponer el nombramiento y cese de ministros. Según el artículo 100, los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el rey a propuesta de su presidente.
• Solicitar que el rey presida el Consejo de Ministros. El artículo 62.g permite esta presidencia, cuando el monarca lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno y para ser informado de los asuntos de Estado.

Relaciones con el Congreso y las Cortes

• Plantear una cuestión de confianza. Conforme al artículo 112, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede pedir al Congreso que confirme su confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. Se entiende otorgada si obtiene la mayoría simple de los diputados.
• Proponer la disolución parlamentaria. El artículo 115 le permite, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, proponer la disolución del Congreso, del Senado o de ambas cámaras, que decreta el rey. No puede hacerlo mientras esté en trámite una moción de censura. Tampoco cabe una nueva disolución antes de un año desde la anterior, salvo el supuesto del artículo 99.5.

Estos instrumentos tienen límites adicionales: el artículo 116.5 impide disolver el Congreso mientras estén declarados los estados de alarma, excepción o sitio.

Referéndum y reforma constitucional

El artículo 92 le atribuye proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo sobre decisiones políticas de especial trascendencia, previa autorización del Congreso. El presidente no puede convocarlo por sí solo ni prescindir de esa autorización.

También dispone de una intervención específica en la reforma constitucional: según el artículo 168.3, refrenda la convocatoria del referéndum necesario para ratificar una reforma aprobada mediante el procedimiento agravado.

Refrendo de actos del rey

El artículo 64 establece que los actos del rey son refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. Quien refrenda asume la responsabilidad del acto. Existen excepciones: la propuesta y el nombramiento del presidente, y la disolución prevista en el artículo 99, son refrendados por el presidente del Congreso.

Defensa de la Constitución y responsabilidad

El artículo 162.1.a legitima al presidente para interponer recursos de inconstitucionalidad. Asimismo, el artículo 161.2 permite al Gobierno impugnar disposiciones y resoluciones autonómicas; esta última facultad corresponde al Ejecutivo, no exclusivamente a su presidente.

Finalmente, su dirección política está sometida al control parlamentario: el Gobierno responde solidariamente ante el Congreso, conforme al artículo 108. La pérdida de una cuestión de confianza o la aprobación de una moción de censura obliga a presentar la dimisión del Gobierno, según el artículo 114.

Un pódcast puede organizar entrevistas electorales durante la campaña, pero sus obligaciones dependen de quién lo gestione y de cómo se difunda. No debe equipararse automáticamente un pódcast independiente con una radio o televisión: la LOREG establece obligaciones específicas para determinados medios, mientras que las prohibiciones sobre propaganda y sondeos también alcanzan a internet.

1. Determinar qué régimen corresponde

El artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General distingue:

• Medios públicos: deben respetar pluralismo político y social, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa.
• Emisoras privadas de radio y televisión: deben respetar pluralismo e igualdad.
• Televisiones privadas: además, proporcionalidad y neutralidad en entrevistas, debates e información electoral.

En las fuentes consultadas no consta una regla específica que someta automáticamente cualquier pódcast privado e independiente a todas esas obligaciones. Tener audiencia, publicar periódicamente o incorporar vídeo no basta, por sí solo, para afirmar esa equiparación. Si pertenece a una emisora o medio público, debe encuadrarse en su régimen correspondiente.

2. Selección de invitados y tiempos

Para los medios sujetos a estas obligaciones, la Instrucción 4/2011 de la JEC permite decidir si organizan entrevistas, pero exige respetar los principios aplicables. La proporcionalidad atiende especialmente a los resultados de las últimas elecciones equivalentes; no significa conceder idénticos minutos a todas las candidaturas.

Los medios públicos deben remitir a la Junta Electoral competente sus planes de cobertura, incluyendo entrevistas y criterios informativos. Deben contemplar también los grupos políticos significativos conforme a la modificación de 2015. Esa obligación de remitir un plan no puede trasladarse sin más a un pódcast independiente.

Como recomendación, no como requisito universal, conviene documentar criterios de invitación, respuestas, duración y promoción de cada entrevista. Ayuda a justificar decisiones y responder a reclamaciones.

3. Separar entrevista y publicidad

Una entrevista editorial no debe confundirse con un espacio comprado por una candidatura. El artículo 60 prohíbe contratar publicidad electoral en medios públicos y televisiones privadas. Identificar un contenido como patrocinado no convierte en lícita una contratación prohibida.

Si existe pago o financiación vinculada a una candidatura, hay que analizarlo como posible publicidad electoral, no simplemente como periodismo. También debe evitarse utilizar recursos institucionales para promocionar electoralmente a un cargo público: el artículo 50.2 impone límites desde la convocatoria.

4. Respetar los límites temporales

Durante la campaña pueden realizarse entrevistas electorales. Antes de su inicio, la Instrucción 3/2011 permite entrevistas a candidatos siempre que no incluyan petición expresa del voto, y limita la publicidad contratada.

Terminada la campaña, el artículo 53 prohíbe los actos de campaña y la propaganda durante la jornada de reflexión y la votación. Esto no equivale a prohibir toda información política. Conviene suspender entrevistas nuevas y promociones que funcionen como propaganda, revisando también clips y publicaciones programadas. La Instrucción 4/2007 confirma que los límites electorales se aplican a medios electrónicos.

5. Controlar los sondeos

El artículo 69.7 prohíbe publicar, difundir o reproducir sondeos electorales durante los cinco días anteriores a la votación, también en formatos digitales. El control debe alcanzar a invitados, gráficos y clips. Cuando su publicación esté permitida, deben acompañarse de la información técnica legalmente exigida.

En síntesis: primero identifica la naturaleza del pódcast; después separa obligaciones legales de buenas prácticas. No existe una obligación universal acreditada de entrevistar a todas las candidaturas ni de darles exactamente el mismo tiempo.

Las últimas elecciones generales celebradas en España fueron las del 23 de julio de 2023. El Partido Popular ganó en votos y escaños, con 137 diputados, seguido del PSOE, con 121; Vox, con 33; y Sumar, con 31. Ninguna candidatura alcanzó por sí sola los 176 diputados que marcan la mayoría absoluta en el Congreso (Demócrata, resultados del 23J).

Hay una precisión importante sobre la segunda parte de tu pregunta: no has indicado quiénes son los candidatos entrevistados ni a qué entrevistas te refieres. Por ello, no puedo atribuirles partidos sin esa referencia. Para que puedas localizar las formaciones que te interesan, este es el reparto completo de los 350 escaños del Congreso surgido de aquellas elecciones.

Escaños obtenidos por cada candidatura

• Partido Popular (PP): 137 escaños. Fue la candidatura con mayor representación y quedó a 39 diputados de la mayoría absoluta.
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 121 escaños. Fue la segunda candidatura en representación, con 16 diputados menos que el PP.
• Vox: 33 escaños. Ocupó la tercera posición por número de diputados, dos por delante de Sumar.
• Sumar: 31 escaños. Fue la cuarta candidatura por representación. Podemos concurrió integrado en esta coalición, no como candidatura separada.
• Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): 7 escaños. Obtuvo el mismo número de diputados que Junts.
• Junts per Catalunya: 7 escaños. Compartió con ERC esa cifra de representación en el Congreso.
• EH Bildu: 6 escaños. Su representación quedó un diputado por debajo de cada una de las dos candidaturas anteriores.
• Partido Nacionalista Vasco (PNV): 5 escaños. Obtuvo un diputado menos que EH Bildu.
• Bloque Nacionalista Galego (BNG): 1 escaño. Contó con un representante en el Congreso.
• Coalición Canaria: 1 escaño. También obtuvo un único representante.
• Unión del Pueblo Navarro (UPN): 1 escaño. Completó el reparto de candidaturas con representación parlamentaria.

Estas cifras corresponden al resultado electoral, no a una estimación de voto ni a un sondeo posterior. El reparto puede consultarse en la información de resultados electorales; la representación de las principales candidaturas también aparece recogida en la comparación histórica publicada por Demócrata.

Qué significó el resultado

La suma de PP y Vox fue de 170 diputados, seis menos que la mayoría absoluta. Por su parte, PSOE y Sumar reunieron 152 diputados, por lo que tampoco alcanzaban juntos ese umbral. Estos cálculos describen únicamente la suma de sus escaños: no deben confundirse con el resultado de una votación parlamentaria concreta (Demócrata, comparación electoral).

El desenlace posterior fue la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Conviene, por tanto, distinguir entre ganar las elecciones por número de votos y diputados, que correspondió al PP, y reunir los apoyos parlamentarios para formar Gobierno. El análisis de Demócrata sobre la investidura explica esa diferencia y la relevancia de las distintas formaciones con representación.

Cómo relacionarlo con los entrevistados

Si las entrevistas incluyen representantes de PP, PSOE, Vox y Sumar, las cifras que debes asociarles son, respectivamente, 137, 121, 33 y 31 escaños. Si aparece un representante de Podemos, hay que precisar que su partido se presentó dentro de Sumar en 2023: no corresponde añadir un resultado electoral separado a los 31 diputados de aquella candidatura. Con los nombres de los entrevistados o el enlace a las entrevistas se puede concretar exactamente qué parte de este reparto responde a tu pregunta.