Mientras buena parte de la atención política y mediática se concentra ya en la batalla por las cifras concretas que compondrán el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea, los Veintisiete han logrado cerrar uno de los debates más sensibles de la negociación: la arquitectura institucional y jurídica sobre la que se sustentará el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP).
Los ministros de Asuntos Europeos dieron este martes en Luxemburgo luz verde a un acuerdo político sobre los tres reglamentos que acompañarán al futuro presupuesto comunitario y que servirán de base para profundizar en las negociaciones durante los próximos meses. El objetivo sigue siendo alcanzar un acuerdo definitivo antes de que concluya el año, repiten altos funcionarios en Bruselas casi a diario, aunque las diferencias sobre las cantidades continúan siendo notables, más aún tras los primeros debates de esta semana en los que países como Francia, Alemania o España se opusieron rotundamnete a los borradores sobre los que se trabaja actualmente.
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El entendimiento alcanzado supone una victoria relevante para la Comisión Europea, que consigue consolidar el modelo de gobernanza que lleva defendiendo desde la presentación de su propuesta hace ahora un año. El elemento central de esta reforma pasa por la creación de un sistema basado en planes nacionales únicos, una fórmula que sustituirá buena parte de los programas sectoriales actualmente existentes y que transformará de forma sustancial la manera en que se gestionan los fondos europeos. Con el nuevo esquema, cada Estado miembro será responsable de elaborar un único plan estratégico nacional que agrupará instrumentos que hasta ahora funcionaban de forma separada, incluyendo políticas relacionadas con la agricultura, la pesca, la cohesión territorial y el Fondo Social para el Clima, entre otros.
Fuentes comunitarias explican que la filosofía de la reforma responde a la necesidad de simplificar la ejecución presupuestaria y mejorar la capacidad de reacción de la Unión ante desafíos económicos, sociales y geopolíticos cada vez más complejos. La experiencia adquirida durante la gestión del fondo de recuperación pospandemia ha servido de inspiración para este nuevo enfoque. "Al aunar las prioridades fundamentales de la UE en un único fondo, podemos actuar con mayor eficacia y responder con mayor rapidez a los retos conocidos y futuros, tanto a nivel regional como nacional", llegó a defender la ministra responsable de Asuntos Europeos de la presidencia chipriota del Consejo, Marilena Raouna, durante las negociaciones.
Un único plan para múltiples prioridades
La reforma supone un cambio profundo respecto al modelo presupuestario tradicional de la Unión Europea. Cada Estado deberá diseñar un plan nacional adaptado a las necesidades específicas de su territorio y orientado a cumplir una serie de objetivos estratégicos fijados por Bruselas. Entre ellos figuran la reducción de las disparidades territoriales, el fortalecimiento de la competitividad económica, el apoyo a sectores agrícolas y pesqueros resilientes, la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales y el refuerzo de la seguridad interna.
La Comisión insiste en que estos planes deberán elaborarse mediante un proceso de gobernanza multinivel. En consecuencia, las autoridades nacionales estarán obligadas a implicar a administraciones regionales y locales, así como a organizaciones económicas y sociales relevantes, manteniendo además una coordinación permanente con los servicios comunitarios.
No obstante, una de las principales novedades introducidas por los Estados miembros durante las negociaciones afecta precisamente al grado de flexibilidad con el que deberán aplicarse estas prioridades. Fuentes de la presidencia chipriota defienden que su principal objetivo ha sido alcanzar un Enfoque General Parcial que permitiera disponer de un reglamento "viable para todos los Estados miembros", preservando al mismo tiempo la ambición política y la coherencia presupuestaria del futuro marco financiero.
Según Nicosia, el texto finalmente acordado es el resultado de meses de intensas negociaciones y refleja "un esfuerzo genuino por atender las prioridades de todos los Estados miembros". Una valoración que, en términos generales, fue compartida por las delegaciones presentes en Luxemburgo. "El enfoque de la Presidencia en todo momento ha sido brindar claridad, flexibilidad y previsibilidad, y lograr el equilibrio adecuado entre las diferentes sensibilidades", señalan fuentes chipriotas.
Más margen para las capitales
Uno de los elementos más significativos del acuerdo alcanzado reside en el margen de maniobra que tendrán los gobiernos nacionales para adaptar sus programas. Aunque los Estados estarán obligados a abordar todos los grandes objetivos estratégicos definidos por Bruselas, no tendrán que comprometerse necesariamente con la totalidad de los subobjetivos asociados a cada política. En la práctica, esto permitirá que cada país concentre sus recursos únicamente en aquellas prioridades que considere más relevantes para sus circunstancias económicas, sociales o territoriales.
Se trata de una concesión importante respecto a la propuesta inicial de la Comisión y responde a las demandas de numerosos gobiernos que reclamaban una mayor capacidad de adaptación nacional. Para Bruselas, sin embargo, el elemento esencial permanece intacto: el principio de planificación unificada sigue siendo el núcleo de la reforma. La Comisión logra así preservar el modelo de gestión que considera más eficaz para coordinar prioridades europeas y nacionales bajo una misma estructura presupuestaria.
Pese al consenso alcanzado por los Veintisiete, algunos Estados siguen mostrando importantes reticencias hacia el nuevo sistema. España figura entre los países más críticos con el modelo de "gestión híbrida" defendido por la Comisión Europea. El Gobierno considera que la propuesta plantea dificultades para determinados países con una organización territorial especialmente descentralizada. La delegación encabezada por el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, defendió durante las conversaciones la conveniencia de mantener un sistema más cercano al actualmente vigente, basado en el principio de coste certificado real.
A juicio de Madrid, la arquitectura propuesta podría generar dificultades operativas en aquellos Estados donde las comunidades autónomas desempeñan un papel determinante en la ejecución de los fondos europeos.
En una línea similar se expresó también Bélgica. El representante belga presente en la reunión criticó un sistema que calificó de excesivamente centralista y que, en su opinión, no tiene suficientemente en cuenta las diferentes estructuras institucionales de los Estados miembros.
Estas reservas no son nuevas. De hecho, constituyen uno de los principales focos de tensión desde que el equipo de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, presentó formalmente la propuesta. El Ejecutivo comunitario ha defendido desde el principio un modelo inspirado en los mecanismos utilizados durante la gestión del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, donde los desembolsos están vinculados al cumplimiento de hitos y objetivos previamente pactados entre Bruselas y los gobiernos nacionales.
El Parlamento sigue sin comprar el modelo
La posición del Parlamento Europeo continúa siendo notablemente más crítica. El informe aprobado por la Eurocámara en abril rechazó de forma explícita la fusión de políticas que plantea la Comisión. Tanto el Partido Popular Europeo (PPE) como el Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) mostraron sus reservas respecto a una arquitectura excesivamente centralizada.
Las principales preocupaciones giran en torno a la posible pérdida de protagonismo de las regiones, el aumento de la complejidad administrativa para determinados beneficiarios y el riesgo de diluir la visibilidad política de las políticas europeas. En Bruselas existe el temor de que programas históricamente identificados con la acción comunitaria, como la Política Agrícola Común (PAC) o los fondos de cohesión, terminen siendo percibidos por los ciudadanos como simples transferencias gestionadas por los gobiernos nacionales. "No nos gusta el modelo de los planes nacionales. Las políticas de cohesión no pueden perder la identidad europea", afirmó recientemente a Demócrata la eurodiputada popular Isabel Benjumea, una de las negociadoras españolas en el expediente.
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La coordinadora presupuestaria del grupo, Sandra Gómez, ha defendido reiteradamente que las administraciones intermedias deben mantener una interlocución directa con Bruselas para evitar que los recursos comunitarios queden atrapados en los distintos niveles burocráticos nacionales. La eurodiputada socialista también ha vinculado el debate presupuestario con el concepto de autonomía estratégica europea, especialmente en ámbitos sensibles como la producción alimentaria. "Si queremos hablar de autonomía estratégica, eso pasa por cuidar la PAC", subrayó en declaraciones previas a este medio.
La batalla pendiente: las cifras
Pese a la relevancia jurídica del acuerdo alcanzado este martes entre, la negociación verdaderamente compleja apenas acaba de comenzar. Lo aprobado por los ministros se refiere fundamentalmente a la arquitectura legal e institucional que acompañará al presupuesto. La discusión sobre las cantidades concretas continúa abierta y promete convertirse en uno de los debates más delicados de los próximos meses.
Los jefes de Estado y de Gobierno tienen previsto abordar ya esta semana en la cumbre del Consejo Europeo la denominada caja de negociación preparada por la presidencia chipriota, un documento que recoge las primeras orientaciones sobre los volúmenes financieros de cada partida. La propuesta actualmente sobre la mesa supone ya una rebaja respecto a las ambiciones iniciales de la Comisión Europea.
Mientras Bruselas había planteado un presupuesto total de 1,763 billones de euros, los Estados miembros comenzarán sus conversaciones formales sobre una cifra aproximadamente 30.000 millones de euros inferior. La corrección refleja las crecientes exigencias de disciplina fiscal que defienden numerosas capitales, especialmente en un contexto marcado por elevados niveles de deuda pública, un crecimiento económico moderado y un aumento sostenido de las necesidades de gasto en defensa.
Las divergencias son especialmente visibles en el ámbito de la competitividad, una de las grandes apuestas políticas de la próxima década comunitaria. La Comisión Europea había propuesto inicialmente destinar 409.000 millones de euros al nuevo Fondo Europeo de Competitividad, concebido para reforzar la capacidad industrial europea frente a Estados Unidos y China, impulsar la innovación tecnológica y acelerar las inversiones estratégicas.
Sin embargo, la posición que empieza a consolidarse entre los Estados miembros apunta a una reducción mucho más severa de esa partida. Las primeras cifras incluidas en la caja de negociación reducen la dotación hasta 198.959 millones de euros, prácticamente la mitad de lo planteado por el Ejecutivo comunitario.
El dato ilustra hasta qué punto la batalla presupuestaria apenas ha comenzado. Si la Comisión puede celebrar haber blindado la estructura de los planes nacionales únicos, todavía queda por resolver una cuestión mucho más delicada: determinar cuánto dinero estará realmente disponible para financiar las prioridades estratégicas que Bruselas aspira a impulsar durante los próximos siete años. La arquitectura parece encarrilada; la guerra por los recursos, en cambio, entra ahora en su fase decisiva.