Dublín, enviado especial. En los márgenes de la primera cumbre que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para abordar los avances de la inteligencia artificial, España defiende un despliegue tecnológico "centrado en las personas", pero también una mayor autonomía industrial para evitar que el continente dependa de proveedores extranjeros. Moncloa reclama a los socios europeos reforzar las capacidades propias en modelos de inteligencia artificial y computación. Una cita en la que los Veintisiete aspiran a dar el último impulso a una estrategia para recuperar terreno en la carrera tecnológica y avanzar hacia la soberanía digital europea.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estará presente en la sala de reuniones cuando los líderes europeos aborden una cuestión que, en palabras de los organizadores, "está en el día a día de todos los ciudadanos". Su ausencia responde a la incompatibilidad con el calendario electoral del 29-N. Sin embargo, fuentes diplomáticas españolas consultadas por DEMÓCRATA defienden reducir la dependencia europea de proveedores extranjeros de inteligencia artificial como una de las claves de bóveda del debate que se abre en Dublín.
La posición española pasa por reforzar las capacidades tecnológicas del continente y evitar que el desarrollo de esta industria quede condicionado por empresas ajenas al mercado europeo. Para ello, Madrid considera necesario impulsar tanto los modelos propios como las infraestructuras de computación que permiten entrenarlos y desplegarlos. El objetivo es que Europa no tenga que recurrir sistemáticamente a proveedores externos para acceder a tecnologías que serán determinantes para su competitividad económica.
Más inversión y una IA que llegue a las pymes
Las mismas fuentes plantean la necesidad de, en línea con lo solicitado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, redoblar la apuesta por la colaboración público-privada para garantizar un mayor esfuerzo inversor. El Ejecutivo español pone como referencia iniciativas como la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y el desarrollo de ALIA.
"No debemos centrarnos únicamente en desarrollar modelos avanzados, sino especialmente en extender su aplicación a toda la economía", justifican desde la delegación española. La estrategia pasa por evitar que la inteligencia artificial quede circunscrita a un reducido grupo de grandes compañías tecnológicas y conseguir que sus aplicaciones lleguen al conjunto del tejido productivo.
En la práctica, esto significa extender su utilización a las pequeñas y medianas empresas, la industria y las administraciones públicas. Madrid considera que la soberanía tecnológica no puede medirse exclusivamente por la capacidad de desarrollar modelos propios, sino también por la posibilidad de incorporarlos a los procesos económicos y a los servicios públicos. La autonomía digital europea necesita tecnología propia, pero también una economía capaz de utilizarla.
La apuesta por la inversión pública y privada pretende precisamente cubrir esa doble dimensión. Por un lado, desarrollar capacidades que permitan competir en el mercado internacional de la inteligencia artificial; por otro, facilitar que las empresas y las administraciones puedan incorporar estas herramientas sin depender necesariamente de soluciones externas.
Competitividad sin rebajar las garantías regulatorias
La posición española incorpora, además, una advertencia sobre el marco normativo. En los debates que ahora se abren, el entorno de Sánchez aboga por aplicar plenamente la regulación europea ya aprobada, en particular el Reglamento de Inteligencia Artificial. A juicio del Ejecutivo, el continente dispone de instrumentos suficientes para supervisar los modelos más avanzados sin necesidad de renunciar a las garantías que han caracterizado su aproximación a estas tecnologías.
"Ya proporciona instrumentos suficientes para supervisar y controlar los modelos más avanzados", defienden las fuentes consultadas por DEMÓCRATA. Una posición que sitúa a Madrid en favor de mantener el equilibrio entre el impulso industrial y la protección de los ciudadanos, en un momento en el que distintas voces europeas reclaman revisar las prioridades para acelerar la competitividad tecnológica.
En línea con lo que vienen defendiendo los equipos negociadores comunitarios en anteriores debates, desde la delegación española insisten en que "competitividad y regulación son objetivos complementarios". El Ejecutivo no considera que el desarrollo de una industria europea de inteligencia artificial deba pasar por rebajar los estándares regulatorios, sino por aprovecharlos como parte de un modelo tecnológico propio.
Ese planteamiento también explica la insistencia española en una inteligencia artificial "centrada en las personas", que proteja los derechos fundamentales, con especial atención a los menores, y preserve la "integridad democrática". Son garantías que Madrid quiere mantener en el centro de la estrategia europea, especialmente ante los riesgos que estas herramientas pueden plantear para la difusión de contenidos, el debate público y los procesos electorales.
La cumbre de Dublín abre así una discusión en la que España quiere combinar dos prioridades: reducir la dependencia tecnológica exterior y evitar que la carrera por la competitividad termine debilitando el modelo europeo de protección de derechos. Para Madrid, el desafío no consiste únicamente en que Europa consiga desarrollar sus propios modelos, sino en que pueda financiar sus capacidades, extender su uso al conjunto de la economía y mantener el control sobre las condiciones en las que se despliegan.