El 29 de noviembre los españoles volveremos a las urnas y, poco después, quien obtenga la confianza del Congreso tendrá que dibujar su Gobierno. Antes de que empiece el reparto de carteras, quiero trasladar una petición que en el Consejo General de Graduados Sociales de España compartimos sin fisuras: que Trabajo y Seguridad Social vuelvan a reunirse en un único ministerio.
Durante casi cuatro décadas, desde principios de los años ochenta, ambas materias convivieron bajo un mismo techo, con distintos nombres y con gobiernos de todo signo. En enero de 2020 se separaron. Desde entonces, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han avanzado por carriles distintos. Dos legislaturas después, el balance que hacemos quienes trabajamos a diario en este terreno es claro: la separación ha sido una experiencia muy negativa. Ha generado descoordinación en materias que son inseparables y ha perjudicado tanto a las empresas como a las personas trabajadoras.
Hablo desde la práctica. Los graduados sociales somos alrededor de 22.000 profesionales y asesoramos a cerca del 80% de las pymes de este país en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Cada día comprobamos que un contrato, una nómina, una baja o una jubilación forman parte de una misma realidad. El contrato de trabajo genera la obligación de cotizar. El salario determina la base de cotización. La incapacidad temporal suspende el contrato y, al mismo tiempo, abre una prestación del sistema. Separar a quien regula una parte de quien gestiona la otra obliga a coser después lo que nunca debió descoserse.
El ejemplo más visible lo sufrimos cada invierno. La subida del Salario Mínimo Interprofesional depende de Trabajo, pero arrastra la base mínima de cotización, que se fija en la orden de cotización de Seguridad Social. Cuando una decisión se retrasa, la otra espera. Este año el SMI se aprobó el 17 de febrero, con efectos retroactivos al 1 de enero. Los despachos profesionales tuvimos que rehacer nóminas y regularizar cotizaciones de meses ya cerrados, con el coste administrativo y la inseguridad que eso supone, sobre todo para la pequeña empresa.
Lo mismo ocurre en el debate sobre el absentismo. La incapacidad temporal tiene una vertiente laboral y otra prestacional, y en los últimos años hemos escuchado mensajes distintos desde dos ministerios sobre una misma cuestión. Cuando la Administración habla con dos voces, el ciudadano recibe ruido y el profesional que le asesora pierde certezas.
Hay además un coste menos visible. Las organizaciones profesionales, los agentes sociales y las propias empresas necesitamos un interlocutor claro. Siempre he defendido una relación entre los graduados sociales y la Administración que sea recíproca y no unidireccional. Esa relación se complica cuando cada reforma exige coordinar dos calendarios, dos equipos y dos sensibilidades que, en un Gobierno de coalición, pueden responder a partidos distintos.
Lo que pedimos responde a una razón de eficacia: la política sociolaboral funciona mejor cuando quien diseña las normas del trabajo responde también de su encaje en el sistema de protección social. Reunificar ambas carteras permitiría planificar con antelación, evitar normas que se contradicen, aprobar a tiempo el SMI y la orden de cotización, y abordar con una sola mirada retos como el absentismo, la jubilación flexible o la sostenibilidad de las pensiones.
Tampoco se trata de una demanda partidista. Hacemos esta petición a cualquiera que forme Gobierno tras el 29 de noviembre, sea cual sea su color. Los graduados sociales prestamos servicio a empresas y a personas trabajadoras por igual, y desde esa posición vemos con claridad lo que no funciona.
El próximo Ejecutivo tiene la oportunidad de corregir un error de diseño desde su primer día, con un simple real decreto de reestructuración de departamentos y con un beneficio inmediato para millones de ciudadanos. Trabajo y Seguridad Social son dos caras de una misma moneda. Merece la pena que vuelvan a estar en la misma mano.