Hay una paradoja que Europa lleva tiempo empeñada en convertir en sistema político: cuanto más complicado se vuelve el mundo, más nos cuesta a los europeos formar gobiernos capaces de gobernarlo.
No es un fenómeno solo español, pero España acaba de aportar un nuevo capítulo. El 29 de noviembre volveremos a las urnas, después de que Pedro Sánchez adelantara las elecciones tras el rechazo del Congreso a sus propuestas sobre vivienda y de una legislatura sostenida por mayorías frágiles. Nada extraordinario: en democracia se vota cuando corresponde o cuando un Gobierno decide pedir de nuevo la confianza de los ciudadanos.
El problema es que Europa no puede permitirse ese lujo. Tiene que decidir cuánto gasta en defensa, sostener a Ucrania, competir con Estados Unidos y China, reducir su dependencia energética y tecnológica, ordenar la inmigración y financiarlo todo sin disparar la deuda. Todo bastante sencillo. Solo hay un pequeño inconveniente: para hacerlo hacen falta gobiernos que decidan y, sobre todo, que puedan mantener lo decidido.
En democracia se vota cuando corresponde o cuando un Gobierno decide pedir de nuevo la confianza de los ciudadanos. El problema es que Europa no puede permitirse ese lujo
Conviene aclarar desde ya qué entiendo por “fuerte”: no un Gobierno con poderes extraordinarios ni autoritario, sino uno capaz de tomar decisiones e implementarlas. En ese sentido, tanto los gobiernos nacionales como lo que en Europa ocupa su lugar son hoy “débiles”, pero por razones distintas. En los Estados, por la fragmentación política y la desaparición de cierta cultura del compromiso. En la Unión, por construcción institucional.
El continente de las mayorías difíciles
Miremos alrededor. Francia lleva meses atrapada en la fragmentación, hasta el punto de que aprobar un presupuesto se ha convertido en una hazaña. Los mercados también han tomado nota: la semana pasada el sobrecoste que Francia paga frente a Alemania por financiarse a diez años superó los 150 puntos básicos, el nivel más alto desde la crisis del euro. En 2027 llegan las presidenciales, con la perspectiva de que la centralidad salga peor parada que los extremos.
En Alemania, el Gobierno de Friedrich Merz tiene mayoría, pero no comodidad: los malos resultados regionales, el retroceso de la izquierda moderada y el ascenso de la AfD aprietan a la coalición. Italia es el caso inverso, y por eso resulta instructivo: Giorgia Meloni ha logrado una estabilidad poco habitual en su país, pero estabilidad no significa necesariamente margen de maniobra, con más gasto en defensa y unas cuentas bajo vigilancia.
Y España llega a las urnas con dos bloques que se parecen más de lo que admiten. A la izquierda, un “Bloque progresista”: nombre solemne para una suma de partidos que coinciden en la votación y poco más. A la derecha, un probable pacto del PP con Vox, con diferencias evidentes en inmigración, clima o Europa. Dos etiquetas de cohesión para dos aritméticas de supervivencia.
Tampoco es una plaga universal. Bélgica y los Países Bajos son célebres por sus largas negociaciones, y los países nórdicos llevan décadas gobernando con coaliciones y minorías sin que el sistema se resienta. La fragmentación no es una anomalía democrática: refleja sociedades más plurales. La diferencia está en la cultura de pacto. Donde los acuerdos de legislatura se negocian con letra pequeña y se respetan, la coalición funciona, donde cada socio los trata como un contrato rescindible, no.
El mundo no espera a que aprobemos el acta
La democracia necesita tiempo: debate, negociación, controles, oposición, acuerdos. Eso es una virtud, no un defecto. Pero la geopolítica tiene la mala costumbre de no respetar los procedimientos parlamentarios.
Vladimir Putin no espera a que los Veintisiete se pongan de acuerdo. China no aplaza sus inversiones porque la Comisión tenga que consultar a los Estados miembros. Estados Unidos no deja de cambiar su política comercial porque en Europa aún estemos negociando una declaración conjunta. Y los mercados, mucho menos.
Bruselas habla de autonomía estratégica y resiliencia y su programa para 2026 las pone en el centro. Pero una potencia necesita algo más que buenos documentos: necesita capacidad de decidir.
La Unión de los 27 y el Gobierno de nadie
La Unión Europea tiene una dificultad añadida: no tiene un Gobierno en el sentido clásico. Tiene Comisión, Consejo Europeo, Consejo de la Unión, Parlamento, mayorías cualificadas, unanimidades, vetos y competencias compartidas. Una arquitectura magnífica para que nadie mande demasiado, y menos magnífica cuando alguien tiene que mandar deprisa.
Se diseñó sobre una idea muy razonable: ningún Estado debe volver a imponer su voluntad a los demás. El resultado es una maquinaria sofisticada para que todos participen en la decisión y, a veces, para que nadie pueda tomarla. Era manejable mientras la Unión discutía de mercados, pesca o normas técnicas. Ahora la agenda incluye misiles, drones, inteligencia artificial, materias primas críticas y guerra híbrida. No parece el mejor momento para gobernar con el freno de mano puesto.
El resultado es una maquinaria sofisticada para que todos participen en la decisión y, a veces, para que nadie pueda tomarla
¿Se alimentan las dos debilidades?
La historia sugiere que sí, aunque no de la forma obvia. Gobiernos nacionales fuertes no garantizan una Unión fuerte: De Gaulle bloqueó la Comunidad con la crisis de la silla vacía de 1965 y el compromiso de Luxemburgo de 1966 consagró de hecho el veto. Los grandes saltos -el mercado único, Maastricht, el euro- coincidieron, en cambio, con líderes sólidos que compartían una idea de Europa, como Kohl, Mitterrand o González, con Delors al frente de la Comisión. No bastan, pues, gobiernos fuertes: se necesitan lideres y, además, que quieran lo mismo.
Hoy ocurre lo contrario. El Consejo Europeo está formado por dirigentes sin liderazgo que necesitan responder ante mayorías frágiles y que, después de cada cumbre, regresan a su política interna: la debilidad nacional amplifica la institucional. Los gobiernos llegan a Bruselas con poco margen y Bruselas acaba teniendo todavía menos.
Qué entiendo por un gobierno débil
Conviene precisar. Un Gobierno fuerte no es el que tiene mayoría absoluta, ni uno débil es necesariamente malo: Europa ha gobernado con coaliciones durante décadas. La debilidad que me preocupa es la del Gobierno que vive tan pendiente de su supervivencia que cada decisión estratégica se convierte en una negociación cortoplacista, y cuyas políticas nacen con fecha de caducidad.
Un Gobierno fuerte no es el que tiene mayoría absoluta, ni uno débil es necesariamente malo
Una reforma dura lo que dura la mayoría que la aprobó. Un compromiso europeo depende del Gobierno que lo firmó. La política energética cambia con el siguiente ministro y la estrategia de defensa se renegocia cada año. Y hay cosas que no admiten ese ritmo: un misil no se fabrica en una legislatura, una red de alta velocidad no se construye en cuatro años y la competitividad no se recupera con una rueda de prensa.
Y entonces aparece el ciudadano
Cuando los ciudadanos ven que los gobiernos discuten mucho y resuelven poco, la confianza se erosiona. El riesgo no es el debate, sino la sensación de que la política es una negociación permanente entre partidos mientras los problemas esperan en la puerta. La vivienda es el ejemplo español: mucho más fácil de diagnosticar que de resolver. Con inmigración, energía, pensiones o fiscalidad ocurre igual: las soluciones se conocen en sus grandes líneas; lo que no existe es una que guste a todos a la vez.
Quizá la debilidad no sea solo cosa de los políticos. Europa quiere un Estado del bienestar generoso, impuestos más bajos, más defensa, menos deuda, energía barata, transición ecológica rápida y fronteras seguras, todo a la vez y, si es posible, sin que nadie pague la factura. Eso sí sería un milagro europeo. Queremos más seguridad y menos gasto, más pensiones y menos impuestos, más vivienda protegida y menos obra en nuestro barrio, más autonomía estratégica y menos presupuesto militar, más Europa y menos Bruselas. En realidad, queremos que el Gobierno tome decisiones difíciles, siempre que las consecuencias las pague otro.
Cuando un Gobierno intenta resolver una cosa, descubre que la otra mitad del electorado opina lo contrario. Y la salida más cómoda para mantenerse es no hacer nada.
Detrás de la lista hay algo más profundo: cada uno defiende su parte (naciones, sectores, asociaciones, grupos de presión) y nadie parece representar el conjunto. Los gobiernos débiles lo son también frente a esos intereses particulares.
¿Y qué hacemos?
Diagnosticar es fácil; lo difícil es recetar sin caer en la tentación autoritaria. No hay fórmula mágica, y reforzar la capacidad de decidir tiene un coste en contrapesos que conviene asumir con los ojos abiertos. Pero hay vías en tres niveles.
En lo nacional, pactos de Estado que duren más que una legislatura en aquello que no puede cambiar cada cuatro años: defensa, energía, pensiones, vivienda o política exterior. Y acuerdos de coalición detallados y públicos a la alemana o a la neerlandesa, que obliguen a los socios a decir de antemano qué harán y qué no.
En lo europeo, ampliar la mayoría cualificada donde hoy rige la unanimidad, recurrir a cooperaciones reforzadas y “coaliciones de voluntarios” cuando algunos Estados no quieran avanzar, y financiar conjuntamente lo que es un bien común, como la defensa o las redes energéticas. Nada de esto es sencillo: exige que los Estados cedan soberanía justo cuando sus electorados están menos dispuestos. La paradoja, otra vez.
No hay fórmula mágica, y reforzar la capacidad de decidir tiene un coste en contrapesos
Y en lo ciudadano, algo menos técnico y más incómodo: decir la verdad sobre las cuentas. Una política solo dura si se explica qué cuesta, quién la paga y qué estamos dispuestos a sacrificar para conseguirla. Esa parte no depende de ningún reglamento.
La paradoja final
Europa afronta uno de los momentos más exigentes de su historia reciente. Competitividad, energía, defensa, Ucrania, migración y autonomía estratégica están en el centro de la agenda. No necesitamos menos democracia, sino democracias capaces de decidir. No necesitamos gobiernos autoritarios ni mayorías eternas, sino gobiernos que puedan adoptar una política, explicarla, asumir su coste y mantenerla el tiempo suficiente para comprobar si funciona.
Quizá Europa tenga que aprender algo incómodo: la estabilidad no consiste en que no haya conflicto político, sino en que el conflicto no impida gobernar.
Al final, todo se reduce a una pregunta incómoda: ¿seguimos siendo capaces de pensar en algo parecido al interés general?
Mientras tanto, España vuelve a las urnas, Francia intenta cuadrar política y presupuesto, Alemania mantiene el rumbo con un sistema político cada vez más fragmentado, Italia hace equilibrios entre deuda, crecimiento y defensa, y Bruselas observa mientras intenta construir una potencia. La situación tiene algo de tragicómico: Europa necesita gobiernos fuertes y los europeos nos hemos especializado en fabricar gobiernos que tienen que pedir permiso para gobernar. Y quizá ese sea el verdadero problema: queremos que alguien decida, pero seguimos prefiriendo que la decisión no nos obligue a elegir.