El adelanto electoral anunciado este lunes por Pedro Sánchez obligará al presidente del Gobierno a compaginar la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con una de las negociaciones económicas más relevantes de la legislatura europea: el cierre del futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034.
El calendario coloca al jefe del Ejecutivo ante una particular coincidencia política. Los próximos 26 y 27 de noviembre, apenas 48 horas antes de que los españoles acudan a las urnas, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno a una reunión extraordinaria para intentar cerrar los principales acuerdos pendientes sobre el próximo presupuesto comunitario. La cita coincidirá, por tanto, con las dos últimas jornadas de campaña electoral en España. Mientras los partidos apuran sus últimos actos y buscan movilizar a sus electorados, Sánchez tendrá que sentarse con sus homólogos europeos para negociar el tamaño y la arquitectura financiera del presupuesto que determinará las prioridades de gasto de la Unión durante los próximos siete años.
La coincidencia adquiere especial relevancia por la posición que mantiene España en las negociaciones. El Gobierno forma parte del grupo de países que reclama preservar la ambición presupuestaria de la Unión, mantener una financiación suficiente para la política de cohesión y la Política Agraria Común (PAC) y dotar a Bruselas de nuevas fuentes de ingresos para afrontar las prioridades comunitarias sin trasladar todo el esfuerzo a los presupuestos nacionales.
Fuentes de Moncloa trasladan que el adelanto electoral no ha modificado los objetivos del Ejecutivo en la negociación. "Llegar a un acuerdo a finales de año", señalan, tal y como confirmó el ministro de Agricultura Luis Planas en una conversación con Demócrata. Fuentes europeas consultadas por este periódico sitúan igualmente el cierre del expediente antes de que termine 2026 como el horizonte que se mantiene sobre la mesa.
La negociación presupuestaria entra en su fase decisiva
La reunión extraordinaria convocada por Costa representa uno de los principales hitos del calendario negociador del próximo MFP. Los Veintisiete deberán acercar posiciones sobre una propuesta que determinará cuánto dinero tendrá disponible la Unión entre 2028 y 2034 y cómo se distribuirán los recursos entre las políticas tradicionales y las nuevas prioridades comunitarias.
La discusión ha adquirido una dimensión especialmente política porque el próximo presupuesto tendrá que responder simultáneamente a mayores necesidades de financiación en ámbitos como la defensa, la competitividad, la transición energética o la autonomía estratégica, sin desatender las partidas que históricamente han sustentado buena parte de la construcción europea. La propuesta de la Comisión Europea ha abierto un debate sobre la arquitectura del presupuesto y el modelo de gestión de los fondos. Uno de los principales puntos de fricción reside en la reorganización de las partidas y en el peso que tendrán las políticas agrícolas y de cohesión dentro de los futuros instrumentos financieros.
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Frente a los Estados que reclaman contener el gasto y las contribuciones nacionales, España se ha alineado con los denominados «amigos de la cohesión», un grupo de diecisiete países que defiende mantener una financiación sólida para las políticas tradicionales. La negociación enfrenta así dos concepciones sobre el futuro presupuesto: la de quienes consideran necesario ampliar los recursos disponibles para responder a las nuevas prioridades y la de quienes pretenden limitar el esfuerzo financiero de los Estados miembros.
España reclama nuevos ingresos para financiar el presupuesto
La posición española no se limita a defender el mantenimiento de las partidas de cohesión y agricultura. Madrid también reclama abrir el debate sobre los ingresos del futuro presupuesto para evitar que el refuerzo de las prioridades comunitarias recaiga exclusivamente sobre las contribuciones nacionales.
En una carta remitida al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y al equipo negociador de la Presidencia irlandesa, a la que ha tenido acceso DEMÓCRATA, diecisiete Estados miembros liderados por Italia reclaman nuevas fuentes de ingresos «genuinas, justas, simples y no regresivas» para financiar el próximo MFP.
Las capitales firmantes consideran que las nuevas prioridades europeas requieren recursos adicionales adecuados y que una reducción de la financiación destinada a la cohesión y la PAC no contribuiría a modernizar el presupuesto comunitario, sino que podría debilitarlo y socavar el apoyo público al proyecto europeo. La propuesta incorpora también alternativas para aliviar la presión sobre las haciendas nacionales. Entre ellas figura un reembolso más gradual de la deuda asociada a NextGenerationEU, así como la posibilidad de recurrir a instrumentos de deuda europea limitados y específicos.
Esta última cuestión constituye uno de los principales puntos de desacuerdo con el Partido Popular Europeo. La eurodiputada y negociadora de los populares, Isabel Benjumea, defendió en conversación con DEMÓCRATA que su familia política está en contra de emitir más deuda europea, al considerar que el presupuesto comunitario ya tiene dificultades para afrontar los compromisos financieros derivados de los préstamos anteriores.
La discusión sobre los ingresos será, por tanto, uno de los elementos que los líderes tendrán que abordar en la cumbre extraordinaria. El objetivo de los países que reclaman una mayor ambición presupuestaria es ampliar la capacidad financiera de la Unión sin incrementar proporcionalmente las aportaciones nacionales.
La PAC y la cohesión, entre las prioridades de Madrid
Para España, otra de las líneas fundamentales de la negociación pasa por evitar que el rediseño del presupuesto termine debilitando dos de las políticas que históricamente han concentrado una parte importante de los fondos europeos: la política agrícola y la cohesión territorial. El Gobierno también ha hecho frente común con Francia y Portugal para reclamar una financiación suficiente para las regiones ultraperiféricas, entre ellas Canarias. Las tres capitales han solicitado que las necesidades específicas de estos territorios queden adecuadamente recogidas en los futuros Planes de Asociación Nacionales y Regionales y en las disposiciones relativas a las tasas de cofinanciación.
La demanda busca garantizar que las limitaciones estructurales derivadas de la ubicación geográfica de estas regiones tengan un reflejo presupuestario específico y que el nuevo modelo no diluya los mecanismos de apoyo existentes. La defensa de estas partidas también ha sido trasladada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una entrevista con DEMÓCRATA. El ministro se mostró favorable a intentar cerrar el acuerdo sobre el MFP antes de que termine el año. «Hay una conjunción de circunstancias en la que, sinceramente, creo que vale la pena que intentemos concluir el acuerdo aquí, en el mes de diciembre», señaló.
El calendario de Costa apunta precisamente hacia ese objetivo. Después de los contactos mantenidos con las capitales durante los últimos meses para aproximar posiciones, la reunión de noviembre deberá servir para convertir las distintas propuestas en un posible acuerdo político entre los Veintisiete.
El cierre de campaña, en la mesa del Consejo Europeo
La coincidencia entre la cumbre y las elecciones introduce un elemento adicional en la agenda política de Sánchez. El presidente anunció este lunes la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, después de reconocer la necesidad de renovar y ampliar el respaldo parlamentario de su Gobierno.
En su comparecencia desde el Complejo de La Moncloa, el líder socialista defendió que los ciudadanos deben decidir qué papel quieren que desempeñe España ante una etapa marcada por las tensiones internacionales, la emergencia climática y las transformaciones sociales y tecnológicas. Sánchez también situó la confrontación entre los proyectos progresista y ultraderechista como uno de los ejes de la próxima campaña.
Con el calendario electoral ya definido, la campaña arrancará el 13 de noviembre y concluirá el día 27, de acuerdo con los plazos establecidos tras la convocatoria. La reunión extraordinaria del Consejo Europeo ocupará, por tanto, sus dos últimas jornadas. El presidente tendrá que compaginar la recta final de la campaña con una negociación que afecta directamente a los intereses financieros de España. La dimensión del presupuesto, el reparto de los fondos, la financiación de la PAC y la cohesión, los nuevos recursos propios y el tratamiento específico de las regiones ultraperiféricas estarán entre las cuestiones que condicionarán el acuerdo.
La posición de Moncloa, al menos por ahora, es que ambos calendarios no alteran los objetivos del Ejecutivo. España mantiene su apuesta por un presupuesto europeo ambicioso y el Gobierno conserva su intención de cerrar el acuerdo antes de que termine el año, pese a que la negociación coincidirá con el momento decisivo de la campaña electoral.
El 27 de noviembre terminará la campaña española y concluirá también la reunión extraordinaria en la que los líderes europeos intentarán acercar posiciones sobre el presupuesto de los próximos siete años. Dos días después, los españoles decidirán quién tendrá que defender los intereses del país en la siguiente fase de la negociación europea.