Las Juntas Generales de Bizkaia han dado luz verde a una modificación de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, que regula el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con la finalidad de facilitar el acceso a la declaración conjunta a familias separadas o divorciadas afectadas por la revisión fiscal aprobada el año pasado. Esta adaptación tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.
En el pleno de este miércoles se ha ratificado el dictamen de la Comisión de Hacienda y Finanzas, que incorporaba un acuerdo transaccional entre PNV, PSE-EE y Elkarrekin, surgido a partir de dos proposiciones de norma foral impulsadas por PP y EH Bildu. El texto definitivo ha prosperado con el apoyo de PNV, PSE-EE y Elkarrekin, los mismos grupos que avalaron la reforma fiscal de 2025, mientras que EH Bildu y PP han optado por votar en contra.
La reforma se centra en el artículo 98 de la norma del IRPF y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025. De este modo, tal y como ha subrayado la portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, las personas afectadas por la revisión podrán “revisarla para recuperar las cantidades que hayan pagado de más”.
El nuevo redactado amplía y suaviza las condiciones para acceder a la tributación conjunta. Se fija un umbral objetivo de pensión alimenticia de 235 euros mensuales por cada hijo o hija; por debajo de esa cuantía, o en caso de impago total, se presume que la persona progenitora custodio asume en solitario el sostenimiento económico. Además, se simplifican los medios de prueba, admitiendo demandas judiciales de reclamación o declaraciones juradas, siempre con mecanismos antifraude.
En las situaciones de custodia compartida, se abre la puerta a disfrutar del beneficio fiscal cuando una de las partes incumpla los gastos ordinarios de convivencia, siempre que dicho incumplimiento quede acreditado judicialmente.
La reforma también mantiene la exención de acreditar el mantenimiento exclusivo en el caso de mujeres víctimas de violencia machista o doméstica, con el fin de evitar nuevos escenarios de desprotección.
Desde PNV, PSE-EE y Elkarrekin han respaldado la revisión fiscal realizada el año anterior, aunque han reconocido que se generaron efectos “indeseados” en “casos concretos” que era necesario “ser ajustados”.
“Cuando una norma se evalúa y tiene algún problema, debe ser sometida a análisis para que se compueben elementos en los que pueda hacer una disfunción”, ha señalado el apoderado del PSE-EE Alberto Álvarez, quien ha insistido en que no se ha producido un “trastorno irreparable”, pese al “malestar” generado.
La juntera del PNV Ainhoa Pielo ha defendido que la modificación se fundamenta en criterios de “justicia fiscal, igualdad, inclusión y protección social”, y ha reprochado a EH Bildu que quiera “regresar a fórmulas del pasado” y al PP que en su propuesta no tenga en cuenta “la capacidad económica individual de las personas progenitoras adoptantes o acogedoras”.
La portavoz de Elkarrekin, Eneritz de Madariaga, ha recalcado que el pacto alcanzado ofrece una “solución justa” y mantiene “intacto” el propósito de que el derecho a la tributación conjunta “corresponda a quien realmente asume el cuidado y mantenimiento de los hijos”. Según ha explicado, con esta fórmula se evita que “la existencia formal de una pensión de alimentos que no se estaba cobrando impidera acceder a la tributación conjunta” y se facilita la forma de demostrarlo.
Críticas de EH Bildu y PP a la reforma acordada
Por el contrario, la juntera de EH Bildu Arantza Sarasola ha calificado la modificación aprobada como “un parche”, al entender que “soluciona en una pequeña medida el desorden generado” por la revisión fiscal. A su juicio, lo que se precisa es “un cambio radical” y, en esa línea, ha planteado “volver a la casilla de salida” y abrir “un debate de fondo”.
El apoderado del PP Diego Pagadigorria ha considerado que el dictamen consensuado “da la espalda a la realidad social” porque, según ha afirmado, “deja sin incorporar la solución expresa” para los casos en los que ambos progenitores contribuyen al sostenimiento de sus hijos, pese a que, ha recordado, tres de cada cuatro familias separadas o divorciadas cuentan con custodia compartida. Para el PP, que ha registrado un voto particular rechazado al no obtener apoyos adicionales, la reforma es “poco clara, chapucera y restrictiva”.