El fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, ha vuelto a defender la necesidad de restringir el aforamiento de los diputados de la Asamblea de Extremadura.
Esta petición figura, por segundo año consecutivo, en la Memoria de la Fiscalía 2025, documento que ha entregado este miércoles, 4 de noviembre, al presidente del parlamento regional, Manuel Naharro, en un acto institucional celebrado tras la presentación, el pasado 28 de septiembre, de los datos de criminalidad incluidos en dicho informe.
Montero ha recordado ante los medios de comunicación, antes de reunirse con Naharro, que esta misma iniciativa ya se formuló el año anterior, aunque entonces no llegó a exponerse públicamente debido a la convocatoria de elecciones al parlamento autonómico.
En su propuesta, el fiscal superior sostiene que los parlamentarios deben conservar un “cierto aforamiento”, similar al que tienen, por ejemplo, los propios fiscales, pero considera que ese privilegio tendría que limitarse “a los delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, no a cualquiera como es la situación actual”.
Aumento de las agresiones y delitos sexuales
En relación con las cifras de criminalidad recogidas en la memoria correspondiente a 2025, Montero ha reiterado, como ya avanzó el 28 de septiembre, que en Extremadura se ha detectado un incremento “preocupante” de las agresiones físicas y de los delitos contra la libertad sexual. En solo dos años, las agresiones sexuales han pasado de 187 a 360, prácticamente el doble.
Las estadísticas muestran, en términos globales, un mantenimiento de la actividad delictiva respecto a 2024, con la incoación de 34.807 procedimientos, un volumen muy similar al del ejercicio previo, de los que se han derivado 5.425 calificaciones escritas por parte del Ministerio Fiscal.
Con todo, ha subrayado de nuevo que están “francamente preocupados” por el aumento “muy grave” de los delitos contra la libertad sexual, tanto entre adultos como entre menores, así como de las agresiones dirigidas a menores de edad, y también por el repunte de los delitos patrimoniales cometidos mediante nuevas tecnologías.
En cuanto al tráfico de drogas, ha señalado que, aunque en términos cuantitativos se observa una reducción, “está incrementándose cualitativamente”. Además, ha llamado la atención sobre un tipo delictivo que no figura entre “los más importantes” por volumen mediático, pero al que siempre alude: los delitos de lesiones.
Más agresividad social y reforma procesal
La memoria consigna alrededor de 12.500 delitos de lesiones en 2025, una cifra que, a juicio del fiscal superior, evidencia que existe “una agresividad importante en la sociedad”, donde las discrepancias y conflictos “no se dirimen mediante el diálogo, la convivencia, la educación o el respeto, sino prácticamente con la agresividad física”.
Este escenario, ha apuntado, refleja “unos déficits convivenciales importantes”, con una evolución “absolutamente constante y paulatina”, frente a la que propone actuar desde la educación, la formación en valores, el respeto, la pluralidad y la convivencia.
Por otra parte, entre las propuestas legislativas incluidas en la memoria, y que exceden las competencias autonómicas, Montero vuelve a insistir en la necesidad de modificar el modelo de instrucción penal, aún regido por una Ley de Enjuiciamiento Criminal “absolutamente desfasada” del siglo XIX, que responde a una “realidad sociocultural española completamente diferente a la de ahora”.
El fiscal superior plantea, en línea con lo que sucede en la mayoría de países del entorno, que la investigación penal pase a ser dirigida por el fiscal “autónomamente, con absoluta independencia”, y no por el juez de instrucción como ocurre en la actualidad. Reconoce, sin embargo, que se trata de una reforma “de difícil encaje en los momentos políticos” debido al “cierto sesgo de desconfianza” hacia la figura del fiscal, asociada a “una cierta parcialidad, una identificación con los gobiernos de turno” que él niega “absolutamente”.