La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha insistido en que la paralización durante dos años de la puesta en marcha o ampliación de explotaciones ganaderas en las zonas con aguas afectadas por contaminación por nitratos de origen agrario en la cuenca del río Limia (Ourense) responde a una medida “provisional, temporal y localizada”.
Gómez ha respondido así en el pleno del Parlamento a una pregunta del diputado del BNG, Iago Tabarés, quien reprochó al Gobierno gallego haber logrado “un reconocimiento sin precedentes” en el ámbito político, en alusión a la sanción impuesta tanto a la Xunta como a la Confederación Hidrográfica del Miño Sil por su inacción frente a la contaminación del embalse de As Conchas y del río Limia (Ourense).
El parlamentario nacionalista ha criticado que el Ejecutivo autonómico “no escuchase a nadie” ni al propio Parlamento cuando se alertaba de las “graves consecuencias de esta negligencia” y que, pese a ello, “siguiese autorizando ampliaciones de macrogranjas en la zona” y ejecutando actuaciones “sin planes reales de gestión”.
En su réplica, la conselleira ha afeado al BNG que centre sus reproches en la Xunta y no en la Confederación Hidrográfica, y ha remarcado que su departamento actúa “con máximo rigor y respecto a la legalidad”.
“La sentencia establece la necesidad de adoptar medidas en la cuenca de A Limia y el embalse das Conchas, pero la Xunta aún recibió este mes el borrador del informe sobre presiones e impactos” elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, ha recordado.
Según ha explicado, este informe resulta “imprescindible” para precisar el origen de la contaminación, y la Xunta ya ha presentado alegaciones al considerar que algunos de los datos incluidos no son suficientemente concluyentes.
Mientras se completa ese proceso, ha indicado que su consellería continúa trabajando y, en ese contexto, se ha actualizado el proyecto de decreto para reducir la contaminación por nitratos de origen agrario. “Un documento que contempla como medida provisional y preventiva una moratoria temporal localizada en el territorio y sometida a seguimiento técnico”, ha indicado.
Ha añadido que “la consellería actúa con datos, en el marco de sus competencias, siguiendo los procedimientos establecidos, con el objetivo prioritario de garantir la sostenibilidad y la convivencia con la actividad agroganadera”.
La responsable de Medio Rural ha vuelto a recalcar que se trata de una “medida provisional, temporal y localizada”, con un plazo máximo de dos años, que podrá levantarse si se declaran las zonas vulnerables correspondientes y se aprueban sus planes de actuación, o si se demuestra que la contaminación ha dejado de tener un origen significativamente agrario.
Asimismo, ha matizado que la restricción no se extiende a todo el territorio ni a todas las explotaciones, ya que solo se aplica a las superficies cuya escorrentía vierta hacia masas de agua afectadas por la contaminación por nitratos de origen agrario.
“No se cierra ninguna explotación y los ganaderos pueden continuar con su vida”, ha concluido.