El Parlament balear, con el respaldo de la mayoría que conforman PP y Vox, ha rechazado la enmienda a la totalidad registrada por el PSIB contra el proyecto de ley de ordenación, protección y gestión del litoral que se está tramitando actualmente.
La propuesta socialista buscaba que el texto regresara al Govern al considerar que "no responde a las necesidades que la realidad social de Baleares demanda de una ley que debería ser nuclear para el desarrollo ecológico" y sí "a los intereses particulares".
Según el PSIB, la estructura de la norma "favorece la terciarización del litoral, normaliza los servicios comerciales, consolida ocupaciones, acelera la retirada de posidonia sin justificación, reduce los controles previos y permite que instrumentos parciales o promovidos por particulares desplacen los planes territoriales insulares" y, además, "excluye a los puertos, aplaza sin plazos los traspasos a los consells, fragmenta la servidumbre de protección según la clasificación del suelo, atribuye competencias a los municipios sin comprobar su capacidad y crea instrumentos de compra, restauración y renaturalización sin asegurar financiación".
Para los socialistas, las "grandes declaraciones ambientales" incluidas en la ley "en el fondo únicamente sirven de maquillaje y se quedan en declaraciones sin fuerza operativa o ejecutiva", a la vez que introduce "conceptos abiertos que producen regímenes excepcionales y procedimientos que favorecen la explotación privada y la permanencia de los usos en la costa, incluso aquellos contrarios a la ley estatal".
El proyecto fue aprobado por el Consell de Govern el 25 de junio y, como detallaron la presidenta, Marga Prohens, y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, incorpora como ejes principales la preservación de construcciones marineras tradicionales --los 'escars' y las 'casetes de vorera'--, la limitación de la velocidad de las embarcaciones y la simplificación de ciertos procedimientos administrativos.
La oposición de la izquierda a la norma
La diputada del PSIB Mercedes Garrido, que ha defendido la enmienda a la totalidad, ha comenzado su intervención reivindicando que Baleares "merece" disponer de una ley de costas propia, aunque ha recalcado que "pero no podemos permitir esta ley" antes de detallar un "listado de despropósitos" que, ha avisado, no es "exhaustiva".
Garrido ha censurado que la norma "invente un instrumento para legalizar construcciones y usos prohibidos o inadecuados en la costa con la excusa de inscribirse en el registro de patrimonio del litoral", fórmula que, ha recordado, el Tribunal Constitucional ya ha rechazado en la Comunidad Valenciana. También ha alertado sobre la creación de "usos inexistentes hasta ahora", como la instalación de "chiringuitos, hamacas o sombrillas" en playas de especial protección, la ampliación de concesiones hasta un 10% o la "amenaza" sobre es Trenc.
En esta línea, ha acusado al PP de engañar a la ciudadanía: "Es una nueva mentira y un engaño del PP, que promete protección y límites a la masificación pero hace todo lo contrario. Cuando lees la letra pequeña ves que se han superado, estamos ante una Prohens de la depredación y de la desprotección del territorio. Se sientan las bases para tener más presión y más negocio".
Desde MÉS per Mallorca, el diputado Ferran Rosa ha lamentado que el texto "no garantiza que el aprovechamiento de la costa responda a los intereses generales" ni afronte los que considera los principales desafíos del litoral. "Sobre la erosión de la costa y la subida del nivel del mar ustedes no prevén nada. Y para ordenar las actividades económicas y garantizar el acceso al mar de los residentes, tampoco. Es una ley que pasa completamente de largo de estos dos grandes retos, supongo que porque tiene otras finalidades", ha indicado.
El ecosoberanista ha reprochado al conseller Juan Manuel Lafuente que, en la fase inicial de redacción, no atendiera su petición de pactar medidas para asegurar la pervivencia del litoral. "Más allá de que sean completamente miopes con los problemas que tenemos como sociedad, me parece que se ríe de todos nosotros. Se están cargando los planeamientos de ordenación territorial", ha denunciado.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha advertido de que, si la ley prospera, Baleares "pierda la oportunidad de ejercer la competencia de ordenación del litoral y decidir por primera vez qué modelo de costa quiere". A su juicio, existe "una razón de fondo" que explica su rechazo: "la tensión entre los usos y los límites, entre qué se puede hacer y con qué intensidad se puede hacer". "¿Qué hacemos cuando hay más gente, más embarcaciones y más negocio en las playas? ¿Cómo lo gestionamos? Es la situación que usted tendría que resolver. Pero ante estas preguntas, la ley calla. Y no hablamos de un riesgo futuro, porque la presión sobre el litoral es el pan de cada día", ha avisado.
PP y Vox cierran filas con la ley de costas
Desde Vox, la diputada Patricia de las Heras ha defendido la conveniencia de que la Comunidad disponga de una normativa propia para no quedar "a merced" de las decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de expropiar propiedades en primera línea de mar. "Frente a ese modelo, Vox lo tiene muy claro. Las costas y playas forman parte de la riqueza natural de España y su protección debe ser compatible con las actividades económicas. Proteger la costa, sí, pero con la gente dentro", ha afirmado.
De las Heras ha insistido en la defensa de las construcciones tradicionales y en la importancia de que los deslindes se determinen con criterios técnicos en lugar de "por capricho de La Moncloa".
El diputado del PP Sebastià Mesquida ha reprochado al PSIB que planteara una enmienda a la totalidad contra una ley que, ha dicho, "responde a la necesidad de que Baleare cuente con su propia ley de litoral" y "viene marcada por la oportunidad de ejercer nuestras competencias". Ha subrayado que el texto nació "con la firme voluntad de cumplir lo prometido por la presidenta antes de empezar su mandato" y con "una voluntad clara de dotar de protagonismo a las entidades locales afectadas en materia de gestión del litoral".
Ante las advertencias del PSIB sobre una posible inconstitucionalidad, Mesquida ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" al entender que el proyecto se asemeja más al de Galicia, donde el Tribunal Constitucional desestimó todos los recursos, que al de la Comunidad Valenciana.