Amnistía Internacional ha reclamado la disolución inmediata del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, al considerar que ha protagonizado vulneraciones generalizadas de Derechos Humanos. La organización sostiene, en un informe hecho público este jueves, que estas prácticas se habrían producido en el marco de operativos de control migratorio desarrollados en ciudades como Chicago y Nueva Orleans, así como en otros estados del país, y que implican también a otras agencias federales.
El documento detalla abusos de Derechos Humanos a gran escala atribuidos al ICE, a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y a otros organismos federales, en el contexto de intervenciones de corte militarizado en Chicago, Mineápolis, Nueva Orleans y Washington.
En su informe “Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de Derechos Humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE”, Amnistía sostiene que el Ejecutivo de Donald Trump está aplicando un sistema de detenciones y deportaciones masivas “fomentado por discursos racistas, xenófobos y falsos” con el propósito de “detener y deportar de Estados Unidos al mayor número posible personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”.
“Nuestro informe documenta un escalofriante patrón de violaciones de Derechos Humanos en todo Estados Unidos con el fin de infundir miedo en las comunidades de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas”, afirmó Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos. “El historial del ICE de violaciones de los Derechos Humanos no es nada nuevo, pero nuestro informe muestra que muchos de estos abusos han alcanzado un peligroso nuevo nivel”.
El informe atribuye al Gobierno de Trump una larga lista de atropellos a los Derechos Humanos, entre ellos homicidios ilegítimos, detenciones en régimen de incomunicación de carácter arbitrario y discriminatorio, posibles desapariciones forzadas y el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas. Según Amnistía, los y las agentes del ICE actuaban dentro de una estructura institucional respaldada y reforzada de forma explícita por altos cargos gubernamentales, incluido el propio presidente.
“Agentes federales enmascarados y armados atacando impunemente a personas en las calles no hacen que nuestras comunidades sean más seguras: ponen a todo el mundo en peligro”, señaló Daar. “El ICE es fundamentalmente inservible y no tiene arreglo. Para que el gobierno de Estados Unidos tenga un sistema de control migratorio que cumpla con las leyes y normas de Derechos Humanos, es necesario abolir el ICE y empezar de cero”.
“Aplicar perfiles raciales y secuestrar a gente en la calle, separar familias y detener arbitrariamente a personas no son solo prácticas crueles e ilegales, sino que son enormemente dañinas”, subrayó por su parte Ana Piquer, directora para las Amércias de Amnistía Internacional. “Estas prácticas violan Derechos Humanos y causan temor y angustia psicológica, así como problemas de salud crónicos a niños y niñas, otros miembros de las familias y comunidades enteras”.
El informe también resalta la capacidad de organización de las comunidades afectadas para “resistir y protegerse mutuamente”. Estas redes, según Amnistía, fueron decisivas a la hora de recopilar pruebas sobre las violaciones de Derechos Humanos. Las protestas se convirtieron en una “herramienta importante de resistencia”.
Daar ha reconocido que es “desolador ver el dolor y el sufrimiento causados por este gobierno que criminaliza y demoniza a las personas inmigrantes”, aunque al mismo tiempo ha manifestado su “esperanza” ante la respuesta de las comunidades que se han movilizado.
Además, insistió en que “debemos pedir cuentas a los funcionarios del gobierno responsables de este régimen del terror y seguir luchando por un sistema de inmigración basado en los derechos humanos y la dignidad”.
Las conclusiones de Amnistía Internacional apuntan a que los abusos detectados en las cuatro operaciones analizadas no constituyen episodios aislados, sino que se inscriben en un patrón sistemático de violaciones con efectos devastadores para las personas inmigrantes y para barrios y comunidades enteras.
Amnistía y otras entidades llevan años registrando vulneraciones de Derechos Humanos cometidas por el ICE, así como una alarmante falta de supervisión y de mecanismos de rendición de cuentas desde la creación de este organismo en 2003.