La Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunciará el próximo 19 de noviembre su decisión sobre si las autoridades de Birmania incurrieron en genocidio contra la población rohingya, en el procedimiento iniciado en 2019 a raíz de la denuncia presentada por Gambia. En esa solicitud, formulada en noviembre de aquel año, el país africano acusó al Ejército birmano y a otras fuerzas de seguridad de haber desarrollado "operaciones de limpieza generalizadas y sistemáticas" contra esta minoría mayoritariamente musulmana desde 2016.
El principal órgano judicial de Naciones Unidas ha confirmado este martes la fecha en la que dará a conocer la sentencia en el asunto relativo a la "aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio" de 1948, un caso impulsado por el Gobierno de Gambia en el que han participado hasta once Estados.
El tribunal ha rememorado que ya en enero de 2020 ordenó a Birmania que adoptara "todas las medidas" necesarias para impedir la comisión de un genocidio contra la minoría rohingya, después de que Gambia reclamara la adopción de medidas cautelares mientras se resolvía el fondo del litigio.
Human Rights Watch (HRW), que ha enfatizado que no se trata de un procedimiento penal "contra personas concretas, sino de una solicitud de que se determine jurídicamente la responsabilidad del Estado" de Birmania por genocidio, ha subrayado que la resolución de la CIJ "marcará un momento crucial en la lucha de los rohingya por la justicia".
"La sentencia también servirá como un claro recordatorio de que la opresión de los rohingya continúa, y de que los países que respetan los Derechos Humanos deben actuar con decisión para apoyarlos, promover la justicia por las atrocidades cometidas y garantizar su retorno seguro y voluntario", ha declarado María Elena Vignoli, asesora principal de justicia internacional de la ONG.
La antigua dirigente 'de facto' y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi --durante años vista como un referente de la defensa de la democracia y las libertades fundamentales-- fue objeto de un amplio rechazo internacional por la brutal campaña de represión con la que el Ejército birmano respondió en agosto de 2017 a una serie de ataques perpetrados por milicianos rohingyas en el estado de Rajine.
Como consecuencia de aquella operación militar, más de 700.000 rohingyas, a los que Birmania niega la ciudadanía, huyeron al vecino Bangladesh en busca de refugio. Una comisión de investigación de Naciones Unidas concluyó un año después que las fuerzas armadas birmanas actuaron con una "intención genocida en su respuesta contra el Ejército de Salvación del Arakán Rohingya (ARSA)."
Suu Kyi admitió los abusos cometidos por las fuerzas birmanas, aunque calificó de "engañosa" la acusación de genocidio formulada por Gambia. El Artículo 94 de la Carta de Naciones Unidas establece que todos los Estados miembro están obligados a cumplir las decisiones de la CIJ.