Las autoridades venezolanas han comunicado este viernes que más de 130 personas encarceladas por razones políticas serán puestas en libertad, en aplicación de la ley de amnistía aprobada en febrero, que permite excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.
El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática ha detallado que se han concedido “medidas alternativas a la privación de libertad para un total de 131 personas que se encontraban bajo régimen de detención, por su presunta o comprobada participación en la comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano”.
“Las referidas medidas fueron acordadas por los tribunales de la República, a petición del Ministerio Público, luego de que este Programa solicitara a los órganos del Sistema de Justicia Penal evaluar la situación jurídica de personas procesadas o condenadas por delitos relacionados con diversos atentados contra la institucionalidad democrática, la paz y el desarrollo de la República”, ha indicado el organismo en un comunicado difundido en redes sociales.
La ONG Foro Penal, que monitorea la situación de las personas privadas de libertad en Venezuela, había informado previamente de la excarcelación de 17 personas, entre ellas la “presa política Emirlendris Benítez”, encarcelada desde 2018.
Amnistía Internacional denunció en 2023 que, en su caso, bastó con compartir un trayecto en coche con terceras personas supuestamente implicadas en actos violentos para que fuera detenida y torturada. Según la organización, Benítez perdió el hijo que esperaba y actualmente necesita una silla de ruedas para desplazarse, tal y como recogía un informe sobre detenciones arbitrarias en Venezuela.
Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) han expresado su “inmensa alegría” por la liberación de Benítez, “detenida injustamente”, en una nota publicada en sus redes sociales, donde también han transmitido su “más profunda solidaridad con toda su familia”.
La organización ha denunciado que, durante los ocho años que pasó en prisión, la joven “sufrió múltiples torturas que le dejaron graves secuelas de salud”, por lo que ha reclamado una “reparación integral para todas las víctimas” y, de forma especial, para las mujeres, que han sido sometidas a “tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
“La lucha no termina aquí. Recordamos que aún quedan cientos de presos políticos privados de su libertad”, ha añadido el colectivo.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a finales de enero una ley de amnistía dirigida a los presos políticos que permanecen en las cárceles del país, así como el cierre del Helicoide, centro de detención gestionado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y señalado por la oposición como lugar de torturas contra disidentes, con el objetivo de transformarlo en un espacio cultural y deportivo.