El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha cerrado un contrato directo, sin concurso público, valorado en 16,7 millones de dólares (algo más de 14,3 millones de euros) para comprar 6.000 guantes capaces de aplicar descargas eléctricas. Según la agencia, este nuevo equipo permitirá a los agentes controlar a personas detenidas que se resisten y evitar recurrir a armamento de mayor letalidad.
En la documentación del contrato, difundida este jueves, el ICE define los guantes como “dispositivos conductores de distracción y desescalada” y sostiene que esta tecnología proporcionará al personal una alternativa de menor impacto durante arrestos, traslados de personas bajo custodia y altercados en las inmediaciones de los centros de detención.
“Actualmente, el ICE no dispone de ningún dispositivo de uso de la fuerza que no implique el uso de las manos para proporcionar a sus agentes sobre el terreno, en un contexto de niveles sin precedentes de amenazas y violencia contra los oficiales y agentes del ICE, con el fin de garantizar que puedan calmar situaciones tensas antes de que se conviertan en violentas”, argumenta el organismo en el expediente.
La justificación de la compra detalla que el guante G.L.O.V.E. (siglas en inglés de “Emisor de Bajo Voltaje de Salida Generado”) se utilizará cuando una persona “se resista activa o pasivamente y un agente necesite controlarla rápidamente para evitar lesiones a ambas partes”.
Críticas en el Senado estadounidense
Tras hacerse pública la operación, la senadora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto, junto con otros 15 senadores —14 demócratas y un independiente—, ha pedido formalmente al ICE que dé marcha atrás y cancele la adquisición.
“La adquisición propuesta plantea serias dudas sobre la necesidad, la proporcionalidad, la seguridad médica, la formación, la rendición de cuentas y los derechos constitucionales”, señalan en su escrito, remarcando que “esas dudas revisten especial importancia, dado el intenso escrutinio público que rodea al uso excesivo de la fuerza por parte de ICE”.
Los senadores subrayan, en particular, que “el uso indebido, flagrante y trágico de la fuerza en Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, Houston, Maine y otros lugares del país suscita un gran escepticismo sobre la capacidad profesional de la agencia para implementar de forma segura una nueva herramienta que podría utilizarse para causar daño a los estadounidenses sin motivo alguno”.
“Instamos al ICE a que rescinda el contrato y reconsidere la compra”, reclaman, añadiendo que “si el ICE sigue adelante con la compra (...) el Congreso debe conocer con claridad la seguridad de este dispositivo y los usos autorizados”.
Advertencias de organizaciones de derechos humanos
Poco más de una semana antes de que se anunciara la adjudicación, la organización Human Rights Watch (HRW) ya había alertado sobre esta posible compra, denunciando que “el ICE ha perpetrado actos generalizados de violencia y abuso contra inmigrantes y ciudadanos estadounidenses”, entre ellos “el uso ilegal de fuerza excesiva y letal, así como el despliegue peligroso de armas llamadas ‘menos letales’ a corta distancia”.
La ONG insistió entonces en que “la magnitud del daño potencial de esta tecnología en manos del ICE”, una agencia que recluta a personas “con una formación mínima”, podría ser “considerable”, y reclamó investigar la adquisición de estos guantes por sus “riesgos” y su “potencial de abuso”, dada la limitada supervisión que ejerce el Congreso estadounidense en este ámbito.
HRW recordó igualmente las restricciones comerciales impuestas por la Unión Europea a dispositivos que generan descargas eléctricas, debido a su uso “de forma abusiva” en distintos países, incluso como herramienta de tortura y otros tratos crueles.
En esta misma línea, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura concluyó en 2023 que las “armas de descarga eléctrica de contacto directo” son “inherentemente crueles, inhumanas o degradantes”, y reclamó su prohibición total a nivel internacional.