Ceuta obliga a Marlaska a activar las herramientas del Pacto Migratorio que España había decidido no incorporar. Como consecuencia de la crisis migratoria de Ceuta, el Gobierno decidió ayer acelerar el despliegue en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Así, el Consejo de Ministros aprobaba este martes en primera vuelta dos anteproyectos para reformar la legislación de Extranjería y Asilo, con los que pretende agilizar la identificación de quienes entren irregularmente, resolver antes determinadas peticiones de protección internacional y facilitar el retorno cuando no exista derecho a permanecer en España.
Cabe señalar, que España votó a favor del Pacto, pero decidió inicialmente no explotar todas sus herramientas porque el Gobierno optó por un modelo más garantista; tras Ceuta, El Ejecutivo ha reconsiderado esa decisión y ha adaptado Extranjería y Asilo para utilizar procedimientos fronterizos acelerados, triaje y retornos más rápidos
"El objetivo es adecuar la legislación española al Pacto Europeo sobre Migración y Asilo", ha explicado este martes el ministro del Interior tras el Consejo de Ministros.
El nuevo marco europeo es obligatorio desde el pasado 12 de junio. El propio Ministerio del Interior dejó constancia entonces de que los reglamentos que integran el Pacto comenzaban a ser obligatorios y directamente aplicables en España.
Un triaje para quien llegue irregularmente
Una de las principales novedades que el Gobierno quiere trasladar al ordenamiento español es el llamado triaje o screening fronterizo.
El procedimiento permitirá identificar a las personas que hayan cruzado irregularmente una frontera exterior, realizar comprobaciones de identidad y seguridad, valorar su estado de salud y posibles situaciones de vulnerabilidad y registrar sus datos biométricos.
El objetivo es determinar desde el principio qué vía corresponde a cada persona: protección internacional, procedimiento migratorio ordinario o retorno.
El anteproyecto presentado por el Ejecutivo prevé que este proceso se desarrolle, con carácter general, en un máximo de 72 horas, con las garantías y controles previstos legalmente.
La diferencia resulta especialmente relevante después de lo ocurrido en Ceuta. Una llegada extraordinaria de decenas de miles de personas obliga actualmente a las autoridades a identificar individualmente su situación antes de determinar quién puede permanecer en España y quién puede ser retornado.
Asilo más rápido en la frontera
La segunda pata afecta a la protección internacional. La futura regulación distinguirá entre el procedimiento ordinario y un procedimiento acelerado de examen que deberá resolverse en tres meses, según ha explicado Marlaska.
Esto no significa que pueda denegarse colectivamente el asilo a quienes hayan entrado irregularmente.
Cada solicitud deberá seguir siendo examinada y mantenerse las garantías correspondientes, especialmente cuando existan menores, personas vulnerables o posibles beneficiarios de protección internacional.
Pero el Pacto permite que determinados expedientes se tramiten con mayor rapidez en frontera. Si finalmente se rechaza la solicitud y no existe otro título que permita permanecer en España, podrá iniciarse el procedimiento para abandonar el país.
Marlaska ha defendido que el nuevo modelo permitirá una gestión "más efectiva", pero ha insistido en que mantendrá un enfoque "garantista" y respetuoso con los derechos fundamentales.
El Gobierno pone ahora el foco en los retornos
El giro político resulta especialmente visible en el discurso utilizado tras la crisis de Ceuta.
El Ejecutivo está destacando ahora que las nuevas normas europeas contienen instrumentos destinados a impedir la entrada efectiva en territorio de quienes no tengan derecho a hacerlo y acelerar el retorno cuando tampoco exista derecho a protección internacional.
Ángel Víctor Torres, designado para coordinar el mando único establecido para Ceuta, lo ha expresado este martes de manera directa: "La prioridad del Gobierno de España es la devolución", aunque ha precisado que deberá hacerse conforme a la legislación.
No significa que España pueda realizar expulsiones colectivas. Ni el Pacto Europeo ni la reforma anunciada eliminan el examen individual de las circunstancias de cada persona, el derecho a solicitar asilo o las protecciones específicas que afectan a los menores.
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Qué gana España con el Pacto Europeo
El nuevo sistema no proporciona únicamente instrumentos de control.
Para España, como Estado situado en una de las principales fronteras exteriores de la UE, una de sus mayores ventajas es que la presión migratoria deja de concebirse exclusivamente como responsabilidad del país de entrada.
El Pacto establece un mecanismo permanente de solidaridad entre Estados miembros. Los países sometidos a presión pueden recibir ayuda mediante reubicaciones de solicitantes, aportaciones económicas o apoyo operativo.
España también puede contar con una estructura europea reforzada para el registro y seguimiento de las personas que entran irregularmente y para determinar qué Estado es responsable de tramitar cada solicitud.
El sistema pretende, al mismo tiempo, limitar los llamados movimientos secundarios: que una persona registrada en España se desplace posteriormente a otro Estado miembro e intente iniciar allí un nuevo procedimiento.
El PP exige aplicar el Pacto, pero acusa al Gobierno de llegar tarde
La posición del Partido Popular ante este movimiento del Ejecutivo tiene una particularidad: el principal partido de la oposición no rechaza el Pacto Europeo de Migración y Asilo y, de hecho, llevaba reclamando al Gobierno que lo aplicara correctamente.
El Grupo Popular registró el pasado 1 de julio en el Congreso una proposición no de ley "para garantizar la correcta implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en España".
El PP también había utilizado anteriormente el marco europeo para cargar contra la política migratoria del Ejecutivo. En marzo reclamó al Gobierno ejecutar efectivamente las órdenes de retorno y revisar los acuerdos migratorios con terceros países, al tiempo que sostenía que la regularización extraordinaria impulsada por el Ejecutivo chocaba con los objetivos del Pacto.
Por tanto, la discrepancia entre Gobierno y PP no está tanto en si España debe aplicar el nuevo sistema europeo, sino en cómo hacerlo y con qué intensidad.
La crisis de Ceuta ha endurecido además el discurso de los populares. Alberto Núñez Feijóo y otros dirigentes del partido han reclamado incrementar los retornos y han criticado al Ejecutivo por no haber reaccionado antes ante la magnitud de la entrada irregular.
El PP encuentra ahora un argumento adicional: parte de las herramientas que el Gobierno presenta como respuesta a la crisis proceden de un marco europeo cuya implantación los populares ya habían reclamado antes del verano.
Vox quiere ir más lejos
La posición de Vox es diferente. El partido de Santiago Abascal lleva semanas calificando lo ocurrido en Ceuta como una "invasión" y reclama devoluciones o repatriaciones inmediatas, mayor presión sobre Marruecos y un endurecimiento del control fronterizo.
También se opone al traslado de menores llegados a Ceuta hacia otras comunidades autónomas. Las autonomías en las que Vox gestiona las competencias de infancia han expresado su rechazo a participar en esos traslados.
Por ello, aunque determinadas herramientas del nuevo Pacto —especialmente las destinadas a agilizar procedimientos y retornos— coinciden con parte de las reclamaciones de Vox, el planteamiento del partido va más allá de lo que permite automáticamente la normativa europea.
El Pacto no autoriza devoluciones indiscriminadas ni elimina el derecho de asilo, la evaluación individual o la protección reforzada de los menores.
Sumar advierte del endurecimiento
Las reservas no llegan únicamente desde la oposición.
Sumar ha formulado observaciones dentro del propio Gobierno ante el endurecimiento que supone la adaptación al nuevo marco europeo, según se ha conocido este martes.
Es uno de los puntos políticamente más delicados de la reforma. El Gobierno presenta las nuevas normas como una combinación de eficacia fronteriza y garantías, pero la aceleración de procedimientos y el mayor peso de los mecanismos de retorno pueden abrir diferencias dentro de la coalición durante la tramitación.
Y los textos todavía tienen recorrido.
Los dos anteproyectos han sido aprobados en primera vuelta por el Consejo de Ministros. Deberán continuar ahora su tramitación, recabar los informes correspondientes y regresar al Ejecutivo antes de convertirse en proyectos de ley y ser remitidos a las Cortes.
La crisis de Ceuta ha convertido así una adaptación legislativa que España estaba obligada a realizar por el nuevo marco europeo en una pieza central de la respuesta política del Gobierno a la inmigración irregular.