El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha denunciado este lunes que el presidente del Tribunal Constitucional, Karol Nawrocki, está alentando a los embajadores polacos destinados en el extranjero a presentar su renuncia. Estas acusaciones llegan en plena crisis política por el control del alto tribunal, que ha desembocado en la destitución de su presidente en medio de un amplio despliegue policial y protestas frente a la sede de la institución.
En un mensaje difundido en redes sociales, Sikorski ha asegurado que “Nawrocki anima a los embajadores a abandonar sus misiones y, por sus supuestas hazañas heroicas, seguramente serán recompensados generosamente”, comentario que ha realizado después de que, en el marco de esta crisis, haya dejado su cargo el embajador de Polonia en China, Jakub Kumoch.
El titular de Exteriores ha recurrido a un paralelismo histórico con la Polonia prosoviética de 1981, cuando dos diplomáticos, Zdzislaw Rurarz y Romuald Spasowski, renunciaron a sus puestos y solicitaron asilo en Estados Unidos y Japón, respectivamente. Según ha recordado, aquel gesto lo dieron “en protesta contra la ley marcial” y lo pagaron con “sufrir las represalias del poder comunista”.
No obstante, Sikorski ha matizado que la situación actual no es equiparable a aquella crisis, subrayando que la coyuntura institucional que vive hoy el país es distinta, y ha ironizado señalando que “la historia rima: primero como tragedia y la segunda vez como farsa”.
El origen del actual choque institucional se remonta a meses de bloqueo en la toma de posesión de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Nawrocki únicamente ha aceptado jurar a dos de los seis magistrados propuestos por el Gobierno de Donald Tusk, lo que ha tensionado al máximo la relación entre el Ejecutivo y la cúpula del tribunal.
El conflicto se ha intensificado tras la decisión de suspender de manera unilateral, y por un periodo de un mes, al presidente del Constitucional, Bogdan Swieczkowski, y a su vicepresidente, Bartlomiej Sochanski. Esta medida se adoptó mientras la sede del tribunal permanecía rodeada por un fuerte dispositivo policial bajo órdenes del primer ministro Tusk, circunstancia que ha generado escenas de gran confusión. Desde el partido opositor Ley y Justicia se ha llegado a calificar lo ocurrido como un intento de golpe de Estado.