El Tribunal Administrativo del Círculo de Lisboa ha dado este lunes la razón a la activista Renata Cambra, que había presentado un recurso para que se autorice la permanencia nocturna de las tiendas de campaña como símbolo de la reivindicación del derecho a la vivienda hasta el 24 de noviembre, fecha en la que está prevista la votación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Las acampadas por la vivienda en Lisboa y Oporto habían sido desmontadas en tres ocasiones de madrugada durante los últimos tres domingos mediante actuaciones policiales calificadas de violentas por los manifestantes.
La magistrada Ana de Campos se basa en un decreto y rechaza que la Policía recurra a una norma de 1974 para justificar los desalojos por el “límite horario absoluto y automático al ejercicio del derecho fundamental de manifestación”. En su resolución, reconoce “el derecho a ejercer la manifestación” hasta el 24 de noviembre y ordena a las fuerzas de seguridad que se abstengan de aplicar “medidas de dispersión, cese o suprimir el derecho de manifestación” siempre que la protesta se desarrolle conforme a lo previsto en dicho decreto.
La jueza determina que forzar el fin de la concentración a las 0.30 horas sin valorar el impacto sobre los derechos fundamentales vulnera la Constitución portuguesa, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El fallo obliga además a la Policía a redactar un “auto con los fundamentos en el caso de que considere que se cumplen las condiciones para dispersión, cese o supresión” de la acampada, de forma que quede motivada cualquier intervención futura.
La sentencia aborda igualmente la controversia generada por la intención de instalar un mercado navideño en la plaza de Pedro IV, o plaza de Rossio, en Lisboa, actualmente ocupada por las tiendas de campaña. En este punto insta a las autoridades a “adoptar soluciones que acomoden y compatibilicen ambas utilizaciones”, aunque, si no hubiera acuerdo posible, otorga prioridad a la protesta porque “afecta al contenido esencial del derecho de manifestación”.
Reacción del Gobierno portugués
El Ministerio de la Administración Interna ha reaccionado mediante una nota oficial en la que afirma que “resulta claro que esta se circunscribe a una situación individual y concreta, delimitada por la solicitud de la demandante”.
El departamento que encabeza Luís Neves subraya que la resolución “no examina la legalidad de las intervenciones policiales ni reconoce el derecho general a la instalación de acampadas permanentes en el espacio público”. Añade que incluso “salvaguarda igualmente la posibilidad de una intervención de las autoridades ante situaciones de peligro objetivo o incumplimiento de las condiciones establecidas”.
Cruce político tras el fallo judicial
Desde la oposición, el Partido Socialista interpreta la decisión como una “estruendosa derrota” del primer ministro Luís Montenegro y ha reclamado “consecuencias políticas” en el Ministerio de Administración Interna, según el portavoz parlamentario, Eurico Brilhante Dias.
“Durante las últimas semanas, el Gobierno sin base jurídica segura ha dado orientaciones políticas a la PSP (Policía) para efectuar cinco cargas policiales violentas sobre manifestantes que se manifestaban de forma pacífica”, ha denunciado, acusando al Ejecutivo de “instrumentalización política” de la Policía.
El principal partido de la derecha radical, Chega, sostiene por su parte que la resolución “desautoriza” a las fuerzas de seguridad, aunque remarca que “las decisiones de los tribunales son para cumplirlas”.
“Esta decisión desautoriza a las fuerzas del orden y retira legitimidad a los que tienen que contener la violencia y la anarquía en las protestas (...). Esta decisión fomenta aún más la anarquía y la confusión reinante”, ha manifestado la dirección nacional de Chega en un comunicado.
Por ello, la formación reclama la aprobación “con urgencia” en la Asamblea de la República de “una legislación clara para todos”, que “no deje margen a la duda y que asegure todos los derechos y deberes fundamentales”.
El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, ha mostrado su acatamiento a la resolución judicial y ha apelado a la “calma y serenidad” para alcanzar “soluciones”. También ha reiterado su disposición “al 100% para escuchar” a las personas acampadas.