El Senado paraguayo tumba la prórroga pedida por Peña para defenderse en plena crisis política

El Senado de Paraguay rechaza dar 72 horas extra a Santiago Peña para preparar su defensa en el juicio político por el caso Ueno Bank.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña. X

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El Senado de Paraguay ha rechazado este viernes la petición del presidente, Santiago Peña, que había solicitado una prórroga de 72 horas para poder preparar su defensa dentro del juicio político abierto en su contra por el escándalo financiero relacionado con Ueno Bank.

“No se reunieron los votos necesarios, así que se rechaza el tiempo de prórroga y se va a comunicar al señor presidente de la República la decisión”, ha afirmado el presidente del Congreso, Basilio Núñez, conocido como Bachi, tras la realización de la votación electrónica.

La votación se ha celebrado en torno a las 14.30 horas (hora local) y el resultado ha sido desfavorable para el jefe del Estado, que argumentaba no disponer de tiempo suficiente para articular su defensa en el marco del 'impeachment' en su contra. Este proceso se activó después de que los diputados rechazaran la renuncia que presentó la víspera, dimisión que le habría permitido conservar el fuero como senador vitalicio.

En un contexto de fuerte tensión institucional, la Cámara de Senadores ha decidido continuar con el juicio político, por lo que se prevé que el mandatario sea llamado a comparecer en breve, de acuerdo con informaciones del diario “ABC Color”.

Por ahora, Peña no ha acudido al hemiciclo. Considera que contar con menos de 12 horas para organizar su defensa supone una vulneración de las garantías de un debido proceso.

El abogado Adolfo Ferreiro ha señalado que la situación “tiene una solución jurídica directa y sin un andamiaje procesal complejo: aceptar la renuncia ya presentada por el mandatario y cesar el trámite extraordinario”. Además, ha advertido de que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “si se consuma su destitución bajo un procedimiento irregular”.

El letrado ha insistido en que “todo ciudadano sometido a juicio político tiene el derecho constitucional a la legítima defensa” y ha explicado que asumió la representación de Peña con un margen de tiempo muy reducido y con un conocimiento limitado del expediente, debido a los plazos fijados por la Cámara Alta.

Desde sectores de la oposición sostienen que Peña presentó su renuncia con el objetivo de evitar una destitución mediante juicio político y, de este modo, acceder al cargo de senador vitalicio, que le otorgaría fueros parlamentarios y dificultaría una eventual causa penal en su contra por el caso financiero.