El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dejado sin efecto este miércoles la suspensión de la ejecución de Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte en el estado de Tennessee, condenada por el asesinato en primer grado de una compañera de estudios en 1996, cuando contaba con 19 años.
“Se concede la solicitud para dejar sin efecto la suspensión de la ejecución de la pena de muerte”, señala la resolución del alto tribunal, que “deja sin efecto” la orden previa del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, instancia que había paralizado de forma temporal la ejecución de Christa Pike.
En 1996, Pike fue hallada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a la pena capital por la muerte en 1995 de Collen Slemmer, una compañera de clase. Según la sentencia, ella y su entonces novio, Tadaryl Shipp --condenado a cadena perpetua--, sometieron a la víctima a torturas, la apuñalaron y la golpearon hasta causarle la muerte.
Pike, que nunca negó su implicación en el crimen, pasó a ser con 21 años la persona más joven en el corredor de la muerte. En su último intento fallido de lograr el indulto, puso el acento en los problemas de salud mental que padecía entonces, afirmando que le llevó “muchos años” entender la magnitud de lo que había hecho.
La acusación sostuvo que Pike, movida por el miedo a que Slemmer intentara iniciar una relación con su pareja, la atacó con un cúter y la golpeó con un gran trozo de asfalto. Shipp reconoció haber grabado en el cuerpo de la víctima un pentagrama, un símbolo en forma de estrella vinculado al satanismo.
Disenso de las tres juezas nombradas por demócratas
La resolución ha contado con la oposición de la jueza Sonia Sotomayor, a la que se han sumado Ketanji Jackson y Elena Kagan, las tres únicas magistradas del Supremo designadas por administraciones demócratas.
En su escrito, cotejado por Europa Press, Sotomayor sostiene que el fallo “allana el camino para que el Estado ejecute a Pike antes de que se puedan considerar adecuadamente sus impugnaciones legales aún pendientes contra su condena”.
“Pike había solicitado anteriormente un recurso estatal de revisión posterior a la condena, alegando en parte una asistencia letrada ineficaz durante el juicio; argumentaba que su abogado no presentó pruebas atenuantes adecuadas en la fase de imposición de la pena que habrían puesto de relieve el grave abuso sexual que sufrió cuando era menor de edad”, ha recordado.
A este respecto, ha añadido que “en una audiencia sobre dicha reclamación, según Pike, el estado (de Tennessee) la acusó reiteradamente de ser una ‘mentirosa patológica’ y puso en duda las experiencias de violencia sexual que ella había sufrido”.
Ya con los recursos de impugnación de la condena y de habeas corpus rechazados, “el estado manifestó recientemente durante una audiencia probatoria que ‘no cuestiona las cosas terribles’ que Pike ‘sufrió’ cuando era menor de edad”, ha subrayado la magistrada, que ha indicado que la condenada “ha pedido reabrir la sentencia que denegaba el recurso federal de ‘habeas corpus’” alegando que “la declaración del estado implica, en la práctica, el reconocimiento de que este incurrió en maniobras procesales desleales durante los procedimientos posteriores a la condena, ‘contaminándolos’ así”.
Ante este nuevo intento, el Tribunal de Apelaciones para el Sexto Circuito optó por suspender la ejecución de Pike para estudiar si las denuncias de abusos sexuales sufridos en la infancia fueron examinadas de forma completa en el juicio que concluyó con la pena de muerte, ya que la defensa sostiene que, de haberse valorado plenamente, no se habría impuesto la pena capital.
Sin embargo, “la decisión del Tribunal (Supremo) de dejar sin efecto dicha suspensión interfiere con la gestión administrativa habitual del Tribunal del Sexto Circuito en un caso de pena capital e impide innecesariamente que dicho tribunal examine debidamente la alegación de Pike”, ha señalado Sotomayor en su voto particular.
“Peor aún, el Tribunal concede una medida tan extraordinaria únicamente para permitir que el Estado ejecute a Pike antes de que el litigio sobre su condena haya seguido su curso natural en los tribunales inferiores”, ha criticado, asegurando no encontrar “ninguna razón para interrumpir abruptamente el proceso ordinario de revisión en apelación, especialmente a la luz de las graves consecuencias que tendría una decisión errónea”.
En la misma línea, Sotomayor ha insistido en que, “en casos de pena capital, ‘el reconocimiento de nuestra propia falibilidad y el respeto por el criterio de un tribunal de apelación’ exigen cautela antes de ‘actuar de forma irreparable’”. “Hoy, el Tribunal, como ha hecho con demasiada frecuencia últimamente, opta por pasar por alto ese principio precisamente cuando más importa”, ha lamentado.