Naciones Unidas ha confirmado este miércoles que seguirá apoyando a la Fuerza de Represión de Pandillas en Haití tras la reciente renovación de su mandato por parte del Consejo de Seguridad. Al mismo tiempo, la organización ha puesto el acento en la falta de recursos para el plan humanitario en el país caribeño, según ha detallado en rueda de prensa el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric.
Pese a este respaldo político y logístico, el representante de António Guterres ha recalcado que la ONU no tiene competencias para controlar ni valorar los resultados de la misión sobre el terreno. “No tenemos ninguna función en la supervisión y evaluación de la Fuerza de Represión de Pandillas”, ha precisado ante los medios.
Aun así, ha remarcado que, tras la extensión del mandato, la organización continuará prestando apoyo a través de la oficina creada de forma específica para acompañar a dicha fuerza en su despliegue.
En esta línea, el portavoz de Guterres ha insistido en que Naciones Unidas mantendrá la cooperación con los países que integran la fuerza para facilitar que cumplan con las obligaciones que se les han encomendado. “Estamos haciendo eso y continuaremos haciéndolo, trabajando estrechamente con ellos para ayudarlos a implementar su propio mandato”, ha declarado.
Paralelamente, Dujarric ha lamentado que la emergencia humanitaria en Haití siga fuertemente condicionada por la escasez de fondos. Ha recordado que el Plan de Respuesta y Necesidades Humanitarias para el país “aún no ha recibido la mitad de la financiación” prevista, cifrada en 880 millones de dólares (unos 756 millones de euros) para asistir a 4,2 millones de personas.
Hasta la fecha, Naciones Unidas solo ha logrado reunir 416 millones de dólares (unos 358 millones de euros), de acuerdo con los datos de la propia organización. Además, ha criticado que este dinero está llegando cuando restan apenas tres meses para que termine el año, lo que mantiene un importante agujero financiero y dificulta cubrir las necesidades incluidas en el programa humanitario.
Estas manifestaciones se producen después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara el martes la prórroga por seis meses del mandato de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en Haití, que se mantendrá en vigor hasta el 31 de marzo de 2027. La decisión se adopta en un contexto de expansión de las bandas armadas y de urgencia por restablecer la autoridad del Estado en amplias zonas del territorio.
La resolución 2829 (2026) fue aprobada con doce votos favorables, ninguno en contra y tres abstenciones, correspondientes a China, Pakistán y Rusia. El texto también pide al secretario general que continúe proporcionando apoyo logístico y operativo a la misión a través de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (OAPNU), en cumplimiento de lo fijado en la resolución 2793 (2025).
A comienzos de 2024, una nueva ola de violencia sacudió Haití y desembocó en la dimisión del entonces primer ministro, Ariel Henry. Henry había llegado al cargo en 2021, en medio de fuertes críticas y tras varios años de inestabilidad, después del asesinato del presidente Jovenel Moise en su residencia oficial a manos de un grupo de hombres armados.
Cinco años después del magnicidio de Moise, la situación de seguridad continúa siendo desastrosa en el país centroamericano. La escalada de violencia ha provocado ya cerca de 1,5 millones de personas desplazadas, de las cuales casi el 80% se encuentra fuera de la capital, Puerto Príncipe, a medida que la inseguridad se extiende a otras regiones del Estado, según cifras de la Organización Mundial de las Migraciones (OIM).