El Gobierno francés ha anunciado la imposición de toques de queda parciales en París y otras grandes ciudades para contener los disturbios que se han sucedido durante el fin de semana y que han dejado alrededor de 2.400 detenidos, cientos de agentes heridos y miles de comercios saqueados. Las restricciones comenzarán a aplicarse este lunes por la noche, mientras el Ejecutivo prepara un nuevo dispositivo de seguridad ante la manifestación convocada para el próximo sábado.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha comunicado la decisión después de una reunión del gabinete de crisis, en la que se han examinado los fallos del despliegue policial durante las protestas. "He pedido a los prefectos que decreten algunos toques de queda esta noche para proteger bienes y servicios", ha anunciado, sin descartar medidas adicionales si continúan los episodios de violencia.
En París, las restricciones afectarán a los alrededores de la plaza de la República y a determinadas calles del centro, donde quedará prohibida la circulación entre las 23.00 y las 06.00 horas. A diferencia de otras ciudades, donde las limitaciones podrán aplicarse únicamente a menores no acompañados, la medida anunciada para estas zonas de la capital afectará al conjunto de la población.
Restricciones en París, Lille, Niza y Marsella
Las autoridades francesas han anunciado medidas en grandes ciudades como París, Lille y Niza, aunque su alcance variará en función de las decisiones adoptadas por cada prefectura. En Marsella, una de las localidades más afectadas por los altercados, la Prefectura de Bouches-du-Rhône ha prohibido las concentraciones y manifestaciones en el municipio entre las 12.00 y las 20.00 horas de este lunes.
El Ejecutivo también estudia limitar la circulación en otros puntos especialmente concurridos de la capital, entre ellos Les Halles, donde confluyen varias líneas de metro y ferrocarril. Lecornu ha explicado que determinados espacios resultan especialmente sensibles por su simbolismo o por concentrar importantes conexiones de transporte.
El primer ministro tampoco ha descartado recurrir al estado de emergencia si la evolución de los disturbios lo requiere, aunque considera que, por el momento, los toques de queda constituyen una respuesta más adecuada. "Todas las herramientas que estén a nuestro alcance podrán ser utilizadas", ha advertido.
Unos 2.400 detenidos y miles de comercios saqueados
La decisión llega después de un fin de semana de movilizaciones multitudinarias que derivaron en graves enfrentamientos, incendios y saqueos en distintas ciudades francesas. Según el balance recogido por las autoridades, unas 2.400 personas han sido detenidas y cerca de un millar de miembros de las fuerzas de seguridad han resultado heridos.
Los disturbios también han provocado importantes daños materiales. Más de 3.000 establecimientos comerciales han sufrido saqueos y varios edificios públicos han resultado afectados por incendios, entre ellos el Ayuntamiento de Limoges. En París, los altercados continuaron durante la noche del domingo, con ataques a comercios y grandes almacenes próximos al Ayuntamiento.
La magnitud de las protestas superó las previsiones del Ministerio del Interior. Las autoridades habían calculado una participación de unas 200.000 personas en las movilizaciones del sábado, pero la asistencia fue muy superior. El dispositivo desplegado, integrado por unos 60.000 efectivos, resultó insuficiente para impedir los incidentes registrados en distintas localidades.
Macron rechaza la dimisión del ministro del Interior
La crisis ha provocado también consecuencias dentro del Ejecutivo. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha reconocido que presentó su dimisión al presidente Emmanuel Macron después de los disturbios, aunque el jefe del Estado ha rechazado su salida del Gobierno.
En una entrevista concedida a France Inter, Nuñez ha admitido que el despliegue policial fue insuficiente en algunos aspectos ante una participación que superó ampliamente las estimaciones iniciales. El ministro también ha reconocido que las fuerzas de seguridad perdieron el control de la situación en determinadas ciudades.
Macron había reclamado el domingo por la noche, durante una intervención televisada, una revisión de los errores de previsión y de inteligencia que contribuyeron a la extensión de los disturbios. El presidente francés calificó la violencia de "inaudita" y anunció investigaciones para determinar las responsabilidades por los ataques a establecimientos e instituciones públicas.
"Quienes hayan destruido deberán pagar por ello; quienes hayan intentado derribar la República tendrán que responder por sus actos", advirtió el jefe del Estado, que pidió al Gobierno actuar con firmeza y transparencia.
La crisis agrava el enfrentamiento político ante las presidenciales
La respuesta a los disturbios ha abierto un nuevo enfrentamiento entre las principales fuerzas políticas francesas, cuando faltan unos meses para las elecciones presidenciales. Tanto el Gobierno como Marine Le Pen, dirigente de Reagrupamiento Nacional (RN), han dirigido sus críticas contra La Francia Insumisa (LFI), de Jean-Luc Mélenchon, a la que responsabilizan políticamente de haber contribuido al clima de tensión.
Le Pen ha acusado a la formación de Mélenchon de legitimar la violencia y de permitir que las reivindicaciones sociales quedaran desplazadas por los altercados. Lecornu, por su parte, ha afirmado que sectores de la extrema izquierda pretenden prolongar los disturbios hasta las elecciones presidenciales.
Estas acusaciones se producen pese a que los episodios de violencia no pueden atribuirse de forma generalizada a quienes participaron pacíficamente en las manifestaciones. Las protestas reunieron a numerosos colectivos con reivindicaciones sociales, mientras los saqueos y destrozos fueron protagonizados por grupos que actuaron durante y después de las movilizaciones.
Con una nueva convocatoria de los chalecos amarillos prevista para el sábado, el Ejecutivo francés intenta recuperar el control de las calles sin recurrir, por ahora, a una declaración general del estado de emergencia. Las restricciones anunciadas este lunes constituyen la primera respuesta territorial a una crisis que ha adquirido una dimensión tanto policial como política.