El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha aprovechado el noveno aniversario del desplazamiento forzoso de la población rohingya para reclamar "brindar protección a quienes huyen de Birmania" y "fortalecer la acción colectiva" frente a una crisis que comenzó en 2017, cuando la represión militar desencadenó la huida de cerca de un millón de personas.
Según ha explicado su portavoz, Stéphane Dujarric, "casi una década después de los horribles sucesos de 2017, el Secretario General hace un llamamiento para que se renueve la atención y la acción mundial ante la difícil situación de los rohingya", advirtiendo de la "creciente inseguridad, una reducción de su espacio de protección y perspectivas cada vez menores de soluciones duraderas" para esta minoría.
En el comunicado se detalla que en Birmania "los rohingya y otras comunidades siguen atrapados en el conflicto y el desplazamiento, sufriendo graves violaciones de los derechos humanos y otros abusos, incluso por parte del ejército de Birmania, el Ejército Arakan y otros". Dujarric subraya que "cientos de civiles siguen siendo asesinados cada año, mientras que la circulación y el acceso humanitario siguen restringidos", a lo que se añaden riesgos de "reclutamiento forzoso, detenciones arbitrarias y violencia sexual".
Ante este escenario, el texto recalca que "el secretario general reitera su llamamiento a la protección de los civiles de conformidad con las obligaciones aplicables en virtud del Derecho Internacional" y "agradece la continua hospitalidad de Bangladesh y otros países que acogen refugiados, e insta a todos los Estados a brindar protección a quienes huyen de Birmania". El portavoz ha incidido también en que a Guterres "le preocupa el creciente número de rohingyas que perecen en el mar e insta a la cooperación regional en materia de búsqueda y rescate, desembarco seguro y lucha contra la trata de personas".
Asimismo, "le inquieta profundamente el aumento de la desinformación, la información errónea y el discurso de odio dirigidos contra los rohingyas en Birmania y otros países de la región". Por ello, el máximo responsable de la ONU pide a la comunidad internacional "fortalecer la acción colectiva para apoyar una solución política integral e inclusiva" y "seguir brindando asistencia humanitaria, oportunidades de sustento y apoyo a la autosuficiencia" hasta que "las condiciones permitan el retorno voluntario, seguro, digno y sostenible de los rohingyas".
En la actualidad, cientos de miles de rohingyas continúan viviendo en el gigantesco asentamiento de refugiados de Cox's Bazar, en Bangladesh, donde arrastran una existencia marcada por la superpoblación, la propagación de enfermedades, el impacto de las tormentas y los frecuentes incendios, además de permanecer en una situación de limbo jurídico e institucional desde el éxodo masivo de 2017.
Paralelamente, Birmania permanece inmersa en una guerra civil desatada tras el golpe de Estado de 2021 que llevó al poder al actual presidente, Min Aung Hlaing. De acuerdo con la Asociación de Asistencia para Presos Políticos de Birmania (AAPP), más de 8.300 personas han perdido la vida en todo el país en operaciones de la junta y cerca de 22.600 continúan encarceladas.
El Gobierno de Unidad Nacional, que agrupa a las autoridades democráticas birmanas en el exilio, sostiene que el Ejército de Birmania ha perpetrado decenas de masacres contra la población civil desde que asumió el control. A su vez, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha denunciado repetidamente la "impunidad" con la que actúa la cúpula militar birmana, a la que responsabiliza de haber generado una crisis política y humanitaria "perpetua".