La Fiscalía General de Paraguay ha llevado a cabo una serie de registros en los domicilios del expresidente de la República, Santiago Peña, y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, dentro de la causa abierta por la quiebra de Ueno Bank. En este procedimiento penal ya figuran 27 personas imputadas y se analiza la presunta colocación irregular de recursos públicos y previsionales en la entidad financiera paraguaya que terminó quebrada.
Los operativos, dirigidos por agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), permitieron la incautación de abundante documentación, ordenadores, soportes digitales y otros dispositivos electrónicos tanto en las viviendas de los dos exmandatarios como en la sede de Ueno Casa de Bolsa.
En un allanamiento anterior realizado el domingo en otra residencia de Peña en la localidad de San Bernardino, los investigadores hallaron una “bóveda de seguridad de gran complejidad” que permanece a la espera de ser abierta mediante peritaje. En ese mismo procedimiento, las autoridades también decomisaron un teléfono móvil en el lugar donde el expresidente cumple reclusión.
Durante la intervención en la casa de bolsa, los fiscales ordenaron la detención de una funcionaria que habría sido sorprendida mientras presuntamente destruía documentación oficial en pleno operativo.
Rastreo internacional de activos y nuevas imputaciones
De forma paralela a los allanamientos en Paraguay, el Ministerio Público ha puesto en marcha gestiones en el extranjero para localizar, inmovilizar y repatriar bienes fuera del país con la finalidad de resarcir a los ahorristas perjudicados.
La Fiscalía ha sostenido reuniones telemáticas con la Oficina de Recuperación de Activos (ORA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Luxemburgo para impulsar el posible bloqueo de criptoactivos e inversiones bursátiles vinculadas al expresidente Peña. A la vez, las autoridades paraguayas afirman que cooperan con los Gobiernos de Argentina y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El equipo fiscal ha precisado que el expediente se abrió el pasado 3 de noviembre y que las imputaciones se presentaron con carácter urgente ante el riesgo de fuga tras el juicio político y la posterior destitución de Peña. El exmandatario afronta acusaciones por lesión de confianza y administración en provecho propio, mientras que al ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo, se le atribuyen los delitos de lesión de confianza y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
Hasta ahora, las pesquisas alcanzan a unas 37 empresas y 35 personas relacionadas con los sistemas de supervisión y con las decisiones regulatorias sobre el banco. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ha reforzado el equipo investigador mediante la incorporación de nuevos fiscales adjuntos para profundizar en el rastreo patrimonial y avanzar en la adopción de medidas cautelares sobre bienes y estructuras societarias.
El hundimiento del banco paraguayo obligó a la intervención de la banca matriz y precipitó la caída del Gobierno de Peña, que fue reemplazado en la Jefatura del Estado por quien era su vicepresidente, Pedro Alliana.
El nuevo presidente ha seguido este lunes con la renovación del Ejecutivo pocos días después de asumir el cargo, destacando el nombramiento de Jorge Schreiner como responsable del Banco Central de Paraguay.