La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, el órgano de justicia transicional creado tras los acuerdos de paz de 2016, ha formulado cargos contra una docena de antiguos mandos de la ya disuelta guerrilla de las FARC, entre ellos su último máximo dirigente, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, por delitos de guerra y de lesa humanidad.
Al tipificar de forma oficial estos hechos —entre los que figuran homicidio, desplazamiento forzado, tortura y violencia sexual— como crímenes de guerra y de lesa humanidad, la JEP los sitúa dentro del grupo de delitos no amnistiables, lo que impide a los señalados eludir la responsabilidad penal o acogerse a algún tipo de perdón judicial.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha determinado que las conductas atribuidas a los bloques Magdalena Medio y Caribe no constituyeron episodios aislados, sino que obedecieron a una estrategia orientada a consolidar el dominio territorial mediante el uso sistemático de la violencia y la represión en áreas con débil presencia del Estado.
Esta resolución de la JEP se enmarca en el denominado Caso 10, centrado en los crímenes no susceptibles de amnistía cometidos por la antigua guerrilla de las FARC que quedaron fuera de otras macroinvestigaciones abiertas por el tribunal.
Junto a Londoño, figuran como imputados otros antiguos altos mandos que actuaron principalmente en el norte y noreste del país, como Pastor Alape; Erasmo Traslaviña, alias “Jimmy Guerrero”; Pedro Trujillo Hernández, conocido como “Alberto Cancharina”; y Jairo Cala Suárez, también apodado “Jairo Mechas”.
Si los acusados aceptan los hechos y reconocen su responsabilidad, la JEP prevé sanciones de entre cinco y ocho años de libertad condicional, que implican la realización de trabajos de reparación y aportes a la verdad para las víctimas. En caso de que rechacen los cargos, se abrirá un juicio ordinario que podría suponer penas de hasta 20 años de prisión efectiva.