La Unión Europea ha confirmado este miércoles que los Veintisiete siguen inmersos en las conversaciones para retirar las sanciones impuestas a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. El debate continúa abierto después de que la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, planteara en febrero revisar las medidas restrictivas contra la dirigente venezolana, aunque por ahora no se ha logrado el consenso necesario para suprimirlas.
“Los intercambios continúan en el Consejo y esas deliberaciones son confidenciales”, ha indicado un portavoz comunitario en declaraciones a Europa Press, al ser preguntado por el estado de las discusiones sobre la retirada de las sanciones a Rodríguez. Esta iniciativa, impulsada por España a comienzos de año, sigue pendiente de que todos los Estados miembro se alineen en una posición común.
El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha precisado que Kallas “propuso una revisión de las sanciones actuales” --que incluyen la prohibición de entrada en territorio europeo y la congelación de activos-- con la intención de “iniciar conversaciones y construir un consenso entre los Estados miembro”. La propuesta contempla levantar las medidas restrictivas que pesan sobre Delcy Rodríguez “como actual presidenta interina en ejercicio”.
No obstante, el SEAE ha subrayado que “cualquier decisión debe ser adoptada por unanimidad por los Estados miembro”, sin desvelar el detalle de las posiciones nacionales ni aventurar plazos sobre cuándo podría alcanzarse un acuerdo para modificar o levantar las sanciones.
Reticencias de algunos socios europeos
Desde Bruselas recuerdan que las sanciones europeas contra responsables venezolanos “no son un fin en sí mismas”, sino “una herramienta para fomentar el respeto de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho”. Además, insisten en que estas medidas se revisan de manera periódica en función de los avances “tangibles y verificables” en estos ámbitos.
“A medida que Venezuela adopte medidas para respetar las libertades fundamentales, la UE está dispuesta a utilizar todas las herramientas a su disposición para apoyar una transición hacia la democracia”, ha añadido el portavoz europeo, subrayando que la política de sanciones está sujeta a la evolución de la situación interna en el país latinoamericano.
Este martes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, explicó ante los medios que “una mayoría” de socios comunitarios respalda su propuesta de levantar las sanciones europeas a Rodríguez, y que Kallas “está hablando con los pocos países que todavía tienen alguna duda o alguna reticencia”.
Albares defendió que mantener las sanciones contra la presidenta interina de Venezuela “no tiene sentido” en el actual escenario político venezolano, más aún después de que la dirigente haya viajado a varios Estados europeos, como Países Bajos e Italia, “con total normalidad” y sin incidentes reseñables.
El jefe de la diplomacia española argumentó igualmente que la UE no suele “establecer sanciones para los presidentes de los países” y que, por ese motivo, Nicolás Maduro “no las tenía”. “La Unión Europea tiene que tener una interlocución, una voz también directa con Venezuela, como la tiene por ejemplo Estados Unidos. No veo por qué la Unión Europea tendría que quedarse atrás”, defendió Albares.
Vigencia de las sanciones hasta 2027
La última prórroga de las sanciones europeas contra Venezuela se aprobó en diciembre de 2025, cuando los Veintisiete acordaron extender las medidas restrictivas hasta el 10 de enero de 2027 ante la ausencia de progresos en la transición democrática del país. Su continuidad deberá volver a evaluarse en los próximos meses.
En cualquier caso, tanto la renovación de las sanciones como su levantamiento exige unanimidad. La próxima revisión llegará, además, en un contexto marcado por las elecciones generales en España y la posibilidad de que un eventual cambio de Gobierno altere la posición española sobre la retirada de las sanciones a Rodríguez, una propuesta que ha venido respaldando el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que el Partido Popular rechaza.
Actualmente, las sanciones afectan a 69 personas vinculadas a las autoridades venezolanas, entre ellas dirigentes chavistas como Delcy Rodríguez y el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Las medidas incluyen la prohibición de entrada en territorio comunitario y la congelación de los bienes que puedan tener en la Unión Europea.