Los activistas que exigen respuestas a la crisis de la vivienda en Portugal han decidido en una asamblea popular volver a plantar sus tiendas de campaña en la céntrica plaza del Rossio de Lisboa a partir de este miércoles, plantando cara así al desalojo policial llevado a cabo a primera hora del martes y a las duras advertencias lanzadas por el Gobierno luso.
La determinación de reanudar la acampada en la capital se adoptó al final de la tarde, tras un turno de palabra abierto en el que se sometió a votación el retorno a la plaza, según ha señalado la agencia de noticias portuguesa Lusa. Al mismo tiempo, en Oporto, más de un millar de personas se reunieron en la plaza D. João I —donde por la mañana la Policía también había ordenado retirar las tiendas— y, tras un concierto, marcharon hasta la sede del Ayuntamiento, obligando a las fuerzas de seguridad a cortar el tráfico en el tramo superior de la Avenida dos Aliados.
Estas acciones de protesta tienen lugar pocas horas después de que el Cuerpo de Intervención de la Policía de Seguridad Pública (PSP) desmontara por la fuerza el campamento de Lisboa. El dispositivo matutino terminó con 55 detenidos y dos heridos leves por "desobediencia y resistencia" a abandonar la vía pública. El desalojo paralelo en Oporto, en cambio, se cerró sin detenciones, después de que los concentrados obedecieran las órdenes de los agentes de forma voluntaria.
Ante el aumento de la tensión social, alimentada por las dificultades de acceso a la vivienda y por el eco de protestas similares en Francia, España o Italia, el ministro de Administración Interna de Portugal, Luís Neves, ha lanzado una seria advertencia a los participantes, dando por concluidas las acampadas.
"Si alguien piensa que existen otros efectos miméticos que repercutirán en nuestro país con violencia y buscarán sembrar el caos, está completamente equivocado, porque la fuerza, la firmeza y la contundencia de las fuerzas de seguridad para restablecer el orden público serán una realidad absoluta", ha aseverado el ministro. Aunque Neves ha subrayado que el derecho a manifestarse es "absolutamente legítimo", ha instado a los organizadores a no dejarse "infiltrar por extremistas", recordando que "cualquier comportamiento extremista y criminal será reprimido".
En la misma línea, el departamento que dirige Neves ha difundido un comunicado en el que elogia la "profesionalidad" de la PSP en el restablecimiento de la legalidad. El Ministerio sostiene que los agentes priorizaron el diálogo y la persuasión "en la mayor medida posible", recurriendo a la fuerza solo después de agotar los intentos de lograr una retirada voluntaria de las plazas. "El ejercicio de este derecho no exime del cumplimiento de la ley", concluye la nota, subrayando que el respeto a las normas es un pilar inseparable de un Estado de derecho democrático.