Trump, el gasto en defensa y España centran el debate en redes tras la cumbre de la OTAN

En este momento no consta ninguna tramitación parlamentaria viva específicamente dirigida a convocar un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. En la información parlamentaria consultada no aparece ninguna proposición de ley, proposición no de ley, moción o iniciativa similar actualmente en curso con ese objeto concreto. Esto significa que, hoy por hoy, en las Cortes Generales no se está debatiendo formalmente una propuesta que pueda desembocar de manera directa en la convocatoria de ese referéndum. Sí podría haber debates políticos o declaraciones en otros foros, pero no una tramitación parlamentaria activa con ese fin.

Estado actual de la tramitación parlamentaria

Con la información disponible, la situación puede resumirse así:

• No hay una iniciativa legislativa (proyecto o proposición de ley) en tramitación en el Congreso de los Diputados o en el Senado cuyo objeto sea convocar un referéndum sobre la permanencia en la OTAN.
• Tampoco se identifica una proposición no de ley, una moción o una interpelación actualmente viva en el registro parlamentario que plantee, de forma concreta y expresa, la celebración de ese referéndum.
• En consecuencia, el tema de un referéndum sobre la OTAN no está ahora mismo en una fase formal de procedimiento parlamentario (no hay ponencia, comisión ni pleno dedicados a debatir una iniciativa viva con ese objetivo).

Qué se ha encontrado (y qué no) en las fuentes consultadas

Las búsquedas efectuadas en la información parlamentaria reciente se han centrado en localizar:

• Proyectos o proposiciones de ley que incluyan, en su título u objeto, la referencia a un referéndum sobre la OTAN o la permanencia de España en la Alianza.
• Proposiciones no de ley, mociones o iniciativas de control (interpelaciones, preguntas) que se refieran de forma expresa a la convocatoria de un referéndum de esta naturaleza.
• Cualquier acuerdo del Congreso o del Senado que tenga por finalidad solicitar o autorizar dicha consulta.

El resultado es que no aparece ninguna iniciativa en tramitación con esas características. Es posible que en legislaturas anteriores se hayan planteado propuestas políticas o debates genéricos sobre la OTAN o sobre la política de defensa, pero, de cara a la situación actual, la información disponible no recoge ninguna iniciativa viva, ni tampoco una reciente que haya concluido hace poco y que tuviera como núcleo la convocatoria del referéndum.

Cuando el sistema parlamentario devuelve un resultado vacío en una búsqueda tan concreta, la conclusión razonable es que el asunto no se encuentra en la agenda formal de las Cámaras en este momento. No se dispone de más información en las fuentes consultadas que matice o contradiga este resultado.

Qué supondría que hubiera una tramitación en marcha

Para entender el alcance de esta ausencia de iniciativas, es útil recordar, de forma general, cómo encajaría un eventual referéndum en el funcionamiento institucional español:

• Los referéndums de ámbito estatal en España tienen un carácter consultivo y su convocatoria depende, en primer término, del Gobierno y de su decisión política de plantearlo.
• El Congreso de los Diputados interviene autorizando o rechazando la convocatoria en los términos que fije la Constitución y la legislación aplicable.
• Las Cortes, por sí mismas, no “convocan” directamente un referéndum, pero sí pueden impulsar políticamente el asunto mediante proposiciones no de ley, mociones o iniciativas que insten al Gobierno a actuar, o mediante reformas legislativas que regulen aspectos técnicos de las consultas.

Que no exista hoy una iniciativa en tramitación sobre un referéndum de la OTAN significa, en la práctica, que:

• No se está discutiendo en comisión ni en pleno un texto concreto que obligue al Gobierno a posicionarse de manera inmediata sobre la convocatoria.
• Cualquier debate que pueda producirse sobre la OTAN se encuadra en términos más amplios (política exterior, seguridad, defensa), pero no en un canal procedimental orientado a la consulta popular sobre la permanencia en la Alianza.

Cabe esperar cambios a corto plazo

En ausencia de iniciativas vivas, un cambio en este escenario solo podría venir por dos vías:

• Que algún grupo parlamentario registre una nueva iniciativa (proposición no de ley, moción, proposición de ley) relativa a la convocatoria de un referéndum sobre la OTAN.
• Que el propio Gobierno decida abrir ese debate, impulsando la consulta y solicitando la correspondiente autorización parlamentaria.

Hasta que alguna de estas dos cosas ocurra y quede reflejada en los registros oficiales del Congreso o del Senado, la situación sigue siendo la de ausencia de tramitación parlamentaria activa sobre un referéndum de permanencia de España en la OTAN.

Las competencias del presidente del Gobierno en materia de defensa se articulan sobre todo a través de la dirección política del Gobierno, la jefatura de la política de defensa y de la Seguridad Nacional, y la responsabilidad en la gestión de crisis y conflictos armados. La legislación clave es la Constitución (que fija la misión de las Fuerzas Armadas), la Ley del Gobierno, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, la Ley de los estados de alarma, excepción y sitio y la Ley de Seguridad Nacional. A partir de ellas, el presidente asume la dirección política de la defensa, funciones específicas respecto de las Fuerzas Armadas y un papel central en la gestión de crisis graves que afecten a la seguridad del Estado.

Marco general: Gobierno y defensa del Estado

La Ley 50/1997, del Gobierno, concreta la posición constitucional del Ejecutivo. En su exposición y en el arranque del articulado se recuerda que:

• El Gobierno dirige “la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado” y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes, según recoge la propia Ley del Gobierno (Ley 50/1997).
• El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros, lo que incluye, por tanto, la dirección política en materia de defensa.

Competencias específicas en política de defensa y Fuerzas Armadas

La Ley del Gobierno detalla una lista cerrada de funciones del presidente. Entre ellas aparece expresamente una competencia sectorial en defensa:

• Corresponde al presidente del Gobierno “dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar” (artículo en el que se incluyen las letras a)–j), incluyendo la función relativa a defensa, en la Ley 50/1997 del Gobierno).

Esto significa que la Ley del Gobierno remite expresamente a la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y a la normativa de organización militar para concretar el contenido de esas funciones, configurando al presidente como responsable último político de la defensa y de la orientación estratégica del empleo de las Fuerzas Armadas.

Responsabilidad en crisis y conflictos armados (Ley Orgánica de la Defensa Nacional)

La Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, desarrolla el marco constitucional de la defensa. En su preámbulo establece que:

• “Recae en el Presidente del Gobierno la responsabilidad de la gestión de las situaciones de crisis que afectan a la Defensa, al igual que la dirección del conflicto armado”.
• Para asistirle se crea el Consejo de Defensa Nacional, concebido como órgano asesor, coordinador y consultivo del presidente en estas materias (Ley Orgánica 5/2005).

De este modo, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional atribuye directamente al presidente el liderazgo político y estratégico en crisis de defensa y en conflictos armados, apoyado por el Consejo de Defensa Nacional y con ejecución ordinaria de la política de defensa a cargo del ministro de Defensa.

Estados de alarma, excepción y sitio

La Ley Orgánica 4/1981, de los estados de alarma, excepción y sitio, regula el despliegue de poderes excepcionales del Estado ante crisis graves:

• El estado de alarma se declara por decreto del Gobierno, acordado en Consejo de Ministros, cuando se den determinadas “alteraciones graves de la normalidad”, como catástrofes, crisis sanitarias o desabastecimiento (artículos iniciales de la Ley Orgánica 4/1981).
• Los estados de excepción y sitio también se declaran por el Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados, cuando se vean gravemente alterados derechos y libertades, el funcionamiento de instituciones democráticas o el orden público (artículos sobre estado de excepción en la misma ley).

Aunque la ley se refiere formalmente al Gobierno como órgano colegiado, en la práctica estas decisiones se adoptan bajo la dirección política del presidente del Gobierno, que preside el Consejo de Ministros y fija el orden del día, siendo por tanto el principal responsable político de promover y gestionar estos estados excepcionales desde la óptica de defensa y seguridad.

Dirección de la Seguridad Nacional

La Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, introduce un bloque específico de competencias del presidente en este ámbito:

• Define la Política de Seguridad Nacional como una política pública “bajo la dirección del Presidente del Gobierno y la responsabilidad del Gobierno”, en la que participan todas las Administraciones y la sociedad (título preliminar de la Ley 36/2015).
• En el capítulo de órganos competentes se establece expresamente que corresponde al presidente:
  • Dirigir la política de Seguridad Nacional y el Sistema de Seguridad Nacional.
  • Proponer la Estrategia de Seguridad Nacional y sus revisiones.
  • Declarar la “Situación de Interés para la Seguridad Nacional”, figura específica que permite articular la respuesta del sistema sin llegar a los estados de alarma o excepción (artículos donde se enuncian estas letras a)–d) para el presidente).

La misma ley configura al Consejo de Seguridad Nacional como comisión delegada del Gobierno encargada de asistir al presidente en la dirección de la política y del Sistema de Seguridad Nacional, lo que enlaza directamente con su papel ya señalado en materia de defensa y gestión de crisis.

Con la información disponible no se puede establecer un número exacto de “veces” en que España haya sido oficialmente criticada por socios de la OTAN específicamente por no alcanzar el 2% del PIB en las últimas legislaturas. Los documentos y noticias revisados muestran más bien un patrón continuado de presión y reproches —sobre todo desde Estados Unidos— por el bajo nivel de gasto en defensa en general, que en los últimos años se ha desplazado al debate sobre el nuevo umbral del 5%, una vez que la propia OTAN da por cumplido el 2% desde 2025. No existe un recuento formal de “actos de crítica” y, en buena parte de las declaraciones, el foco ya no es el 2%, sino la negativa española a ir más allá.

Qué se considera “crítica oficial” y qué dicen las fuentes

Si acotamos “crítica oficial” a comunicados formales, ruedas de prensa institucionales o intervenciones públicas de altos cargos, las fuentes muestran tres grandes tipos de mensajes:

• Informes de la OTAN que sitúan a España en la cola del gasto, pero sin señalarla de forma singularizada más allá de los datos. El informe anual de la Alianza para 2024 la coloca como el aliado que menos gastó (1,24% del PIB), “a la cola” del bloque, según recoge esta pieza.
• Presiones bilaterales de Estados Unidos, tanto políticas como económicas, en las que se vincula el gasto en defensa con la relación comercial o arancelaria (por ejemplo, el comunicado frío del Tesoro estadounidense tras la reunión con Carlos Cuerpo descrito en este artículo).
• Declaraciones de líderes aliados y del secretario general de la OTAN insistiendo en que el esfuerzo debe ser “considerablemente por encima del 3%” o incluso del 5%, como explica esta crónica y la noticia de ABC sobre la visita de Mark Rutte a Washington (enlace).

En paralelo, el propio Gobierno ha reconocido que España partía de niveles muy bajos y que estuvo “a la cola” de la OTAN, pero defendiendo que el objetivo del 2% se alcanzaría —y, de hecho, la OTAN ya calcula que se llegó a ese nivel en 2025, como señala este análisis. Moncloa ha explicado esta evolución en varias comparecencias, como la rueda de prensa tras la cumbre de la OTAN, la declaración institucional sobre el acuerdo con la OTAN o la comparecencia en el Congreso sobre política internacional.

Del 2% al 5%: cómo ha cambiado el foco de las críticas

Una vez que la OTAN y diversas fuentes aliadas dan por cumplido el 2% en 2025, las críticas más duras dejan de centrarse en ese umbral y pasan a atacar la resistencia de España a asumir el nuevo objetivo del 5%:

• Donald Trump ha utilizado reiteradamente el gasto militar español como argumento para presionar a Madrid. En la cumbre de La Haya amenazó con represalias comerciales por no comprometerse con el 5%, según relata el periódico Demócrata en esta crónica y otras piezas como esta y esta información previa.
• El secretario del Tesoro Scott Bessent, en un comunicado oficial muy inusual por su dureza, subrayó “la necesidad de que España aumente el gasto en defensa en el contexto de la OTAN”, de nuevo sin mencionar explícitamente el 2% porque la discusión ya estaba en el escalón superior del 5% (enlace).
• Mark Rutte y la estructura de la OTAN insisten en que el nivel de referencia para la seguridad europea deberá situarse “considerablemente por encima del 3%”, lo que en la práctica coloca a España, que defiende quedarse en torno al 2–2,1%, en el grupo de países presionados para hacer más esfuerzo (crónica; análisis explicativo en Maldita.es y en este estudio sobre el gasto en defensa en España [enlace]).

En suma, las fuentes muestran una presión continuada y múltiples reproches públicos, pero no un registro exhaustivo que permita decir, por ejemplo, “España ha sido criticada oficialmente X veces por no llegar al 2% en las últimas legislaturas”. Además, desde el momento en que la OTAN certifica que España alcanza ese 2%, las críticas dejan de dirigirse a ese umbral y pasan a girar en torno al desacuerdo español con el nuevo listón del 5% y al debate sobre la compatibilidad entre rearme y Estado del bienestar, que Moncloa ha defendido en intervenciones como la declaración institucional del 22 de junio de 2025 o el coloquio en la Universidad de Columbia (enlace).

Otros materiales periodísticos y de análisis ayudan a contextualizar la posición española, el cambio de objetivos de la OTAN y la presión de Washington y Bruselas, entre ellos trabajos de Demócrata sobre el reparto del esfuerzo aliado (revisión de previsiones de la OTAN, el análisis estratégico sobre la Alianza [enlace] o piezas más amplias sobre la cumbre y las grietas internas como esta), así como el seguimiento de la conversación pública en redes (análisis de poder digital y la pieza de contexto de Maldita [enlace]).

A su vez, otros medios recogen cómo la OTAN deja de considerar a España “socio paria” una vez alcanzado el 2% (análisis) y cómo se articula políticamente este giro en el debate interno europeo (resumen de RTVE, reflexión sobre el rearme en esta tribuna de Demócrata, o la visión estratégica de Anders Fogh Rasmussen en esta pieza).

En conclusión, no hay un conteo cerrado de “N críticas oficiales” al 2%, sino un historial de presión sostenida por el bajo gasto español que, en la fase más reciente, ha pasado a orbitar alrededor del 5%, no del 2%, una vez que este último objetivo se considera ya cumplido por la propia Alianza.