La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha instado al Gobierno a activar la Ley de Seguridad Nacional para designar un “mando único” en Ceuta, aumentar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y de las Fuerzas Armadas, y proceder al retorno de todas las personas que accedieron de forma irregular, incluidos los menores.
En una comparecencia ante los medios, Gamarra ha explicado que estas peticiones se recogen en dos proposiciones no de ley registradas este lunes en el Congreso, que plantean una actuación “inmediata y urgente” en Ceuta con el fin de lograr “la vuelta a la normalidad mediante los instrumentos de los que dispone el Estado para proteger la ciudad autónoma, la integridad territorial de España y los derechos y libertades de los ceutíes”.
El Grupo Popular ha presentado dos iniciativas de igual contenido, recogidas por Europa Press, para que se debatan tanto en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, donde PP y Vox cuentan con mayoría absoluta, como en la Comisión de Interior.
Como primer paso, el PP reclama que se reconozca la situación que vive Ceuta como una “crisis de seguridad nacional, de soberanía y de integridad territorial” y demanda la activación de la Ley de Seguridad Nacional.
Según ha defendido Gamarra, ese mando único debe servir para recuperar en la ciudad autónoma, “de la mano del Estado”, la normalidad en el día a día de sus vecinos. “No es mucho pedir”, ha remarcado, reclamando ponerse “en la piel” de los ceutíes para poner fin a la “sensación de abandono”.
La proposición no de ley prevé también la puesta en marcha de un Plan Nacional de Normalización y la incorporación de 50 nuevos funcionarios en Extranjería, que deberían ser destinados “desde todas las comisarías de España si es necesario”.
La dirigente ‘popular’ solicita igualmente el envío de especialistas de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), así como el refuerzo de las unidades de intervención policial y de la Guardia Civil para combatir a las mafias dedicadas a la trata de personas. “Es necesario blindar la seguridad en la ciudad”, ha enfatizado.
Retorno de adultos y menores
Otro de los ejes de la iniciativa parlamentaria es el “retorno inmediato” de quienes accedieron de forma irregular. Gamarra sostiene que esta medida debe aplicarse tanto a mayores de edad como a menores y ha recalcado que “es el único camino” y que “no hay otra vía”.
Respecto a los menores, ha señalado que han sido reclamados por su país de origen, que “no están desamparados” y que existen convenios bilaterales entre España y Marruecos que permiten articular jurídicamente y por vía diplomática su regreso con sus familias o bajo los sistemas de protección de su país.
Las PNL detallan que el retorno de los menores extranjeros no acompañados deberá efectuarse con sus familias o, si no fuera posible, con los servicios de protección de su país de origen, siempre que se cumplan las condiciones legales, se respete el interés superior del menor y de acuerdo con los tratados internacionales vigentes.
El texto contempla además la coordinación con Marruecos para exigir el cumplimiento de los acuerdos en control fronterizo, lucha contra las mafias y readmisión de migrantes, utilizando los cauces diplomáticos y bilaterales ya existentes.
Reforma de la Ley de Extranjería y papel de la UE
En el plano normativo, el PP propone modificar la Ley de Extranjería para permitir el rechazo en frontera en las entradas por vía marítima. Gamarra ha recordado que su partido ya había registrado esta reforma en el Congreso semanas antes de las entradas masivas en Ceuta.
Las iniciativas recuerdan que el Grupo Popular presentó el 16 de julio una proposición legislativa para autorizar expresamente la aplicación del régimen de rechazo en frontera a las llegadas por mar a Ceuta y Melilla.
El PP reclama también la implicación de la Unión Europea, en línea con las demandas del presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, mediante un despliegue formal de FRONTEX y de unidades de intervención rápida en las fronteras españolas, dado que “también son fronteras europeas”.
La proposición del PP urge asimismo al Ejecutivo a garantizar “transparencia informativa” para aclarar qué avisos de los servicios de inteligencia, civiles y militares, recibió el Gobierno antes de la crisis.
Las dos PNL especifican que el Gobierno debe remitir a las Cortes Generales todas las alertas, informes o advertencias previas que hubieran recibido el Ejecutivo, el Ministerio del Interior u otros departamentos por parte del CNI, las FCSE u otros organismos públicos sobre el riesgo de una entrada masiva antes del 30 de julio.
Junto a ello, Gamarra ha reclamado la “asunción de responsabilidades” porque “se advirtió y no se hizo nada para impedirlo”.
Crítica a las regularizaciones masivas y defensa de la soberanía
Las proposiciones incluyen también el fin de las “regularizaciones masivas”, que la vicesecretaria del PP vincula a una política migratoria que considera “equivocada”, ya que “la vía irregular nunca puede resultar más ventajosa que la legal”. Como alternativa, defiende una inmigración “legal, ordenada, regular y vinculada al mercado laboral”.
En este sentido, Gamarra ha insistido en que España no puede depender “de la voluntad de un tercer país” para salvaguardar su frontera y ha afirmado que “la soberanía y la integridad no se puede subcontratar ni se puede ceder a un tercer país”, sino que debe garantizarse con los propios medios del Estado.
Preguntada por las críticas del presidente ceutí a la gestión del Gobierno central, Gamarra ha asegurado que no puede estar “más de acuerdo” con Vivas y ha acusado al Ejecutivo de “incapacidad, irresponsabilidad, pasividad e inacción” desde el arranque de la crisis.
El Gobierno, advertido antes de la crisis
Según sostiene, el Gabinete de Sánchez fue alertado con antelación y “no hizo nada” antes de la avalancha, tampoco reaccionó cuando se produjo y, después, no ha puesto en marcha medidas “suficientes y con carácter urgente” para proteger los derechos y libertades de los ceutíes, la integridad de las fronteras y los mecanismos necesarios para los retornos.
El PP recuerda que Vivas había avisado en los días previos del aumento de la presión sobre la frontera. Y asegura que, cuando pidió declarar la emergencia nacional y establecer un mando único, el Gobierno rechazó inicialmente la solicitud y “minusvaloró la verdadera naturaleza” de la crisis al limitarla al ámbito migratorio.
Gamarra ha respaldado también el plazo de 30 días propuesto por Vivas para recuperar la normalidad en Ceuta y lo ha calificado de plazo “francamente lógico”. Ha añadido que, una vez superado ese periodo, el presidente ceutí y el PP tienen la obligación de activar todos los instrumentos a su disposición para lograr esa normalización.
Por último, la dirigente ‘popular’ ha garantizado el apoyo de su partido a Vivas para poner en marcha las medidas que considere oportunas, incluidas las de carácter judicial. “Lo primero y lo único son los ceutíes, su día a día, su normalidad, sus derechos, sus libertades y todo esto en el marco de la soberanía y de la integridad territorial que tiene nuestro país”, ha concluido.