La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este viernes los dos reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán y aliviar la situación de los afectados por la dana de 2024. Las normas permiten mantener las ayudas a los carburantes y las medidas de contención de los precios energéticos, además de perdonar la devolución de determinados anticipos concedidos tras las inundaciones.
La votación se ha celebrado en la primera reunión de la Diputación Permanente desde la disolución de las Cortes por la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre. Este órgano, integrado por 69 diputados, asume las competencias del Congreso durante el periodo electoral y deberá volver a reunirse para pronunciarse sobre los dos decretos de vivienda que el Ejecutivo aprobó nuevamente tras su rechazo parlamentario el pasado 2 de octubre.
La sesión también ha estado marcada por la precampaña electoral. A las puertas de la sala Constitucional, las preguntas de los periodistas a los diputados se han centrado principalmente en las elecciones del 29N, con especial protagonismo para las negociaciones entre las formaciones a la izquierda del PSOE para cerrar sus coaliciones electorales.
Ambos decretos habían recibido el visto bueno del Consejo de Ministros el 29 de septiembre, antes de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral. En el debate parlamentario, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido el decreto de ayudas por la dana, mientras que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha presentado las medidas frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán.
Ayudas a los carburantes hasta finales de año
El decreto relativo a la crisis energética prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 las rebajas fiscales sobre la gasolina y el diésel, así como otras medidas destinadas a contener el encarecimiento de la energía derivado de la guerra en Irán.
La norma establece una bonificación de 20 céntimos por litro cuando la variación interanual del IPC de la gasolina o del gasóleo supere el 15%. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que los precios de septiembre rebasaron ese umbral, por lo que el descuento de 20 céntimos por litro continuará vigente durante noviembre.
El decreto también mantiene ayudas específicas para los sectores agrario, pesquero y del transporte profesional. En este último caso, contempla una devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos de cinco céntimos por litro en octubre, 12 céntimos en noviembre y 19 céntimos en diciembre.
Los agricultores conservarán hasta finales de año la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo agrario, mientras que los armadores de pesca seguirán contando con ayudas compensatorias. Como novedad, se incorpora una línea de apoyo al transporte ferroviario de mercancías de 15.000 euros por cada locomotora diésel.
Límites al precio del gas y del butano
Entre las medidas energéticas convalidadas figura la limitación de las subidas de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas natural, coincidiendo con la llegada del invierno y el incremento del consumo doméstico por la calefacción.
El decreto limita al 35% el aumento de la cotización del gas que puede incorporarse a la fórmula de cálculo de la tarifa, con el objetivo de que la subida final de la TUR se sitúe alrededor del 15%. En las revisiones trimestrales posteriores, el incremento máximo de la cotización quedará limitado al 15% hasta que se compense el déficit acumulado.
También se establece un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano hasta el 30 de junio de 2027, frente a los 18,84 euros del precio máximo actual.
El paquete mantiene, además, la cláusula que permite reducir el IVA de la electricidad y el gas del 21% al 10%, así como el impuesto especial sobre la electricidad del 5,1% al 0,5%, cuando se cumplen las condiciones de inflación previstas en la norma.
En el caso de la electricidad, la rebaja fiscal se dirige a los consumidores con potencias contratadas inferiores a 10 kW y a los beneficiarios del bono social. La reducción del IVA también puede alcanzar al gas natural, las briquetas, los pellets y la madera destinada a leña.
Nuevas ayudas al transporte y vigilancia de los precios
La norma amplía las medidas de apoyo al transporte terrestre, marítimo y ferroviario, además de mantener las garantías laborales vinculadas a la recepción de ayudas públicas, entre ellas las restricciones a los despidos.
Asimismo, el Gobierno encarga a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dos estudios sobre la formación de precios. El primero analizará los mercados mayorista y minorista de la energía y el funcionamiento de su cadena de distribución y comercialización.
El segundo examinará la cadena de valor alimentaria y deberá formular recomendaciones para mejorar el funcionamiento del mercado y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas.
Sobre la dana
El segundo decreto convalidado modifica la regulación de las ayudas concedidas a los afectados por las inundaciones de octubre y noviembre de 2024. Su principal novedad es la condonación de la obligación de reintegrar determinados anticipos recibidos a cuenta de las ayudas por los daños ocasionados por la catástrofe.
Según las estimaciones del Ejecutivo, la medida permitirá perdonar 44,35 millones de euros. En total, 2.771 beneficiarios estaban inicialmente obligados a devolver total o parcialmente las cantidades anticipadas.
La condonación, sin embargo, no será universal. La obligación de reintegro se mantendrá para quienes hayan obtenido rentas superiores a 42.000 euros anuales en 2025 o dispongan de un patrimonio que supere los 300.000 euros, excluida la vivienda habitual.
Con esta modificación, el Gobierno pretende evitar que la devolución de los anticipos añada dificultades económicas a quienes todavía afrontan las consecuencias de las inundaciones.
Hasta la próxima
La Diputación Permanente deberá celebrar una nueva sesión para pronunciarse sobre los dos decretos de vivienda que el Gobierno volvió a aprobar tras su rechazo en el Pleno del Congreso el pasado 2 de octubre. Esta vez, el Ejecutivo cuenta con una aritmética parlamentaria diferente, ya que el órgano está integrado por 69 diputados y la mayoría absoluta se sitúa en 35 votos, por lo que no necesita el respaldo de Junts para sacar adelante el primero de los textos.
El Gobierno ya cuenta con los apoyos necesarios para convalidar el primer decreto, que incluye medidas fiscales y de acceso a la vivienda, gracias a los votos del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos.
Sin embargo, la convalidación del segundo decreto, que incluye la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler y la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables, sigue pendiente de los apoyos necesarios, especialmente de la posición del PNV.