El Congreso tiene previsto someter a votación en el Pleno del próximo 14 de julio los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que deberán asumir las distintas administraciones públicas en el marco de los Presupuestos Generales del Estado de 2027, según han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Si ese día los objetivos fueran rechazados, como ya ha sucedido en otras ocasiones a lo largo de la legislatura, se contempla una segunda votación en un nuevo pleno fijado para el 23 de julio. Tanto la sesión del 14 como la del 23 de julio tendrán carácter extraordinario, al celebrarse fuera del periodo ordinario de sesiones del Congreso, que termina el 30 de junio.
Antes de que estos objetivos lleguen a la Cámara Baja, el Gobierno presentará el 29 de junio el cuadro macroeconómico que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado de 2027, junto con el nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio.
En una de estas dos sesiones plenarias extraordinarias también se incluirá el debate y la votación del decreto ley, que, aunque entrará en vigor de forma automática tras su aprobación en el Consejo de Ministros, debe someterse al Congreso para decidir si se convalida o se deroga.
Presentación ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera
Una vez presentado el cuadro macro y concretadas las medidas que se aplicarán después del 30 de junio, el siguiente trámite presupuestario será la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad presupuestaria y del reparto del déficit que asumirán las administraciones públicas.
Durante esta legislatura, el Gobierno ya ha intentado sin éxito sacar adelante los objetivos de estabilidad de anteriores ejercicios presupuestarios, acumulando varios fracasos, el último en diciembre de 2025, cuando el Ejecutivo trataba de impulsar los Presupuestos de 2026.
No obstante, el rechazo de estos objetivos en las Cortes Generales no impide que el Gobierno continúe con la tramitación de las cuentas públicas, ya que obtuvo el aval de la Abogacía del Estado para utilizar otra base de reparto del déficit que no requiere control parlamentario, en este caso el plan fiscal estructural a medio plazo remitido a la Comisión Europea.