El Congreso ha puesto en marcha este miércoles, dentro de la Comisión de Interior, la subcomisión encargada de redactar en un plazo de seis meses un Estatuto jurídico básico para las personas desaparecidas sin causa aparente. Su creación fue respaldada este mes por el Pleno del Congreso con el apoyo de todos los grupos, a excepción de Vox, que optó por la abstención.
En esta sesión constitutiva, la subcomisión ha fijado el 13 de octubre como fecha para su primera reunión de trabajo, en la que se abordará la aprobación del plan de trabajo y una propuesta inicial de lista de comparecientes elevada por cada grupo parlamentario, según han señalado a Europa Press fuentes de la Cámara.
De este modo, la subcomisión podrá solicitar la participación de asociaciones y entidades especializadas del Tercer Sector Social, familiares de personas desaparecidas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), las administraciones públicas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y profesionales de la Abogacía y la Psicología.
Asimismo, se ha decidido que en cada sesión de la subcomisión intervengan al menos dos o tres comparecientes. El órgano arranca con 15 integrantes: tres representantes de cada uno de los dos principales partidos (PP y PSOE), dos de las formaciones de tamaño medio (Vox y Sumar) y uno de cada uno de los restantes grupos (ERC, Junts, Bildu, PNV y Mixto). En el caso de Sumar, participarán los diputados Enrique Santiago y Nahuel González, de IU, una de las fuerzas impulsoras de la iniciativa.
La creación de esta subcomisión parlamentaria marca el inicio de los trabajos para revisar el marco normativo vigente que afecta a las personas desaparecidas en España y para identificar las reformas legales que se consideren necesarias.
Superado el trámite formal de constitución, los miembros disponen de un máximo de seis meses para elaborar un informe con sus conclusiones, plazo que podrá ampliarse con el visto bueno del Pleno. Una vez finalizado, el texto deberá ser sometido a la aprobación de la Comisión de Interior. Entre sus objetivos figura también retomar iniciativas y propuestas previas sobre esta cuestión, incluidas las conclusiones de la comisión especial creada en el Senado en 2013 y una proposición de ley registrada en 2021.
Consecuencias jurídicas y administrativas
El trabajo de la subcomisión parte de las consecuencias que una desaparición puede acarrear más allá de la investigación para localizar a la persona, generando problemas psicológicos, jurídicos, administrativos, sociales y económicos para familiares y allegados.
Entre los aspectos que se ven afectados en estos casos figuran la gestión de bienes y propiedades, contratos, obligaciones fiscales, cuentas bancarias, negocios, prestaciones o responsabilidades familiares, así como las figuras ya contempladas en el ordenamiento jurídico, como la declaración legal de ausencia y, una vez transcurridos los plazos fijados, la declaración de fallecimiento.
Más de 25.000 denuncias en 2025
De acuerdo con el Informe anual sobre personas desaparecidas del CNDES, durante 2025 se interpusieron en España 25.086 denuncias de desaparición correspondientes a 16.024 personas, dado que una misma persona puede ser objeto de más de un episodio.
El 90,7% de las denuncias registradas ese año estaba esclarecido al cierre del ejercicio y más del 54% se resolvió en los tres primeros días. Además, el 61,4% de los casos correspondía a menores de edad y el 38,6% a personas adultas.
A 31 de diciembre de 2025 seguían activas 6.874 denuncias acumuladas a lo largo de distintos años, de las que 2.133 se habían presentado durante 2025. Según los datos del CNDES, el 98,9% de las desapariciones resueltas concluyó con la localización de la persona con vida.
La puesta en marcha de esta subcomisión fue promovida por el Grupo Parlamentario Socialista y la Mesa del Congreso aceptó tramitar la solicitud el pasado 28 de abril. Posteriormente, la Comisión de Interior respaldó su creación antes de remitir la propuesta al Pleno, que la aprobó por amplia mayoría el 10 de septiembre.