El PSOE de Madrid ha solicitado formalmente al Tribunal de Cuentas que abra una investigación sobre la adquisición por parte de la Comunidad de Madrid de un ático valorado en 6,3 millones de euros en el distrito de Chamberí, al apreciar indicios de un presunto “perjuicio patrimonial”. En su escrito, reclama que se determine quién impulsó la operación y con qué “necesidad concreta” se justificó.
Así consta en la denuncia registrada, a la que ha tenido acceso Europa Press, donde los socialistas piden aclarar cómo se gestó la compra: si existió un acuerdo específico del consejo de administración de Planifica Madrid para aprobar la selección del inmueble, el precio, las arras y la inversión, así como qué controles presupuestarios, técnicos o jurídicos eran exigibles y si llegaron a activarse.
El propósito del partido es que las “opacas maniobras” para “comprarse un aticazo” no queden “impunes”, según ha manifestado la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, en declaraciones remitidas a Europa Press.
“Que averigüe todos los tejemanejes de este chanchullo, porque frente a la dignidad de Mari Carmen y de quienes están luchando por el derecho a una vivienda, Madrid no merece la indignidad de una presidenta que puso a bailar a toda la comunidad para comprarse un casoplón”, ha sentenciado la dirigente del PSOE.
En el texto remitido al órgano fiscalizador, el PSOE expone que, según la información facilitada por la Comunidad de Madrid sobre la compra del ático —tras la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín—, no constan ni un acuerdo concreto del consejo de administración autorizando la adquisición, ni un expediente previo de necesidad, ni un expediente específico de control presupuestario o de fiscalización de la operación.
Revisión de la cronología y de la documentación
En su denuncia, los socialistas detallan una cronología de los pasos acreditados documentalmente, desde la firma del acuerdo de confidencialidad el 3 de febrero de 2026 hasta el 15 de septiembre, fecha en la que se formaliza el fin del alquiler del inmueble por parte de Planifica Madrid a la Comunidad.
Para todos los hitos no documentados —desde la autorización de la señal y el desembolso del importe hasta la decisión de iniciar las negociaciones— el PSOE pide que se esclarezca quién propuso cada actuación, quién la autorizó, quién efectuó los pagos y en qué fecha, a qué cuenta bancaria se destinaron y qué órgano recibió la información correspondiente.
Los socialistas subrayan además que no disponen de ningún documento donde se detalle la “necesidad concreta” que habría amparado la decisión de compra antes del 27 de febrero, y advierten de que “la confección de una memoria de necesidad con fecha 2 de julio de 2026, posterior a la consumación de la compra” supondría tratar de otorgar “cobertura retrospectiva” a ese desembolso.
Asimismo, cuestionan que en la documentación entregada no figuren acuerdos específicos del consejo de administración que respalden los distintos pasos de la operación. Sobre esta sociedad pública, reclaman “la partida o previsión de capital imputada, el estado de flujos de efectivo, la previsión de tesorería, las modificaciones presupuestarias, las autorizaciones de Hacienda o de la Consejería de adscripción, los documentos de autorización y ordenación de pagos y los asientos contables completos”.
El PSOE también destaca que, según la información disponible, no consta una búsqueda de alternativas inmobiliarias ni consultas de mercado, al tiempo que recuerda que la tasación independiente de 13 de febrero fijó un valor 57.115 euros inferior al finalmente abonado, sin incluir impuestos.
“La tasación formuló advertencias acerca de discrepancias entre superficies registrales y comprobadas; de la existencia de parte de la terraza cerrada o acondicionada sin reflejo registral; de la falta de estatutos o certificación de la comunidad que permitieran conocer determinadas restricciones; y de la ausencia, en aquel momento, del certificado de eficiencia energética”, recapitula el partido.
Los socialistas sostienen que la decisión de compra se habría tomado y comprometido sin contar con la información ni los controles exigibles, y solicitan que se determine y cuantifique el “perjuicio” ocasionado en relación con la “utilidad obtenida” hasta la nueva puesta en venta del inmueble.
Posibles indicios de negligencia grave
En sus conclusiones, el PSOE apunta a indicios de “negligencia graves”. Por un lado, destaca el carácter “extraordinario” del importe invertido, los 630.000 euros entregados en concepto de arras y la “la ausencia aparente de aprobación societaria específica”.
También señala la “falta aparente de memoria previa de necesidad” y la inexistencia de informes de “valoración de riesgos ante las arras”. Insiste, además, en las advertencias expresas recogidas en la tasación y en la ausencia “aparente” de análisis de alternativas a la operación finalmente ejecutada.
Por último, reclama que se acredite documentalmente la cobertura económico-financiera de la inversión y los controles exigibles a una sociedad mercantil pública, así como la “posterior desaparición de la necesidad de arrendamiento y resolución del contrato, sin posesión ni uso del inmueble”.