El PSOE plantea en su programa electoral para las generales del 29 de noviembre destinar cada ejercicio el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a garantizar el acceso a la vivienda, que sitúan como prioridad central de la próxima legislatura, según detallan en el documento presentado este domingo.
El partido socialista incorpora un amplio paquete de iniciativas en materia de vivienda, entre ellas el aumento de la duración de los contratos de alquiler para reforzar la estabilidad de los arrendatarios, una demanda clave de las organizaciones que impulsaron las últimas movilizaciones y la acampada en la Puerta del Sol de Madrid.
En coherencia con este enfoque, anuncian que van a “congelar temporalmente” las rentas que superen los índices de referencia, con la finalidad de impedir “incrementos abusivos” en las zonas de mercado más tensionadas.
Asimismo, el PSOE promete reforzar el parque de vivienda pública y protegida “para alcanzar la media de los países de nuestro entorno”. En este marco, se comprometen a poner en marcha un parque público estatal de 100.000 viviendas, mediante nuevas promociones y la compra de inmuebles, con el fin de incrementar la oferta en venta y alquiler a precios asequibles. Este stock se añadirá al que ya impulsan comunidades autónomas y ayuntamientos.
Con el objetivo de priorizar el uso residencial frente al turístico, los socialistas permitirán que los municipios que así lo decidan puedan fijar un impuesto sobre las pernoctaciones en viviendas de uso turístico. Además, prevén aprobar un marco estatal que habilite a los consistorios a aplicar “recargos sobre las estancias turísticas” para afrontar los efectos de la presión turística y obtener recursos con los que sostener servicios públicos.
NUEVO IMPUESTO A FONDOS BUITRE
El programa también recoge la creación de un nuevo tributo “contra la especulación de los fondos buitre y grandes propietarios”, que gravará de forma progresiva la tenencia de viviendas que no se destinen a alquiler residencial asequible.
“Las viviendas que se dediquen a fines turísticos, que estén vacías, o que se pongan en alquiler a un precio abusivo serán objeto de este nuevo impuesto”, señala el texto de los socialistas, con la finalidad de “frenar la acumulación especulativa y movilizarla hacia el alquiler asequible”.
Del mismo modo, el PSOE planea “mantener y garantizar” las restricciones a la compra de viviendas por parte de fondos especulativos y propone una reforma constitucional para que la vivienda pase a ser un derecho fundamental —figura de máxima protección en la Carta Magna—, de manera que la ciudadanía pueda “exigir su cumplimiento a los poderes públicos”.
REGISTRO DE FONDOS Y DE PRECIOS
Otra de las medidas es la creación de un registro específico de fondos de inversión y de Socimi, con el objetivo de reforzar la trazabilidad y la supervisión de los “grandes actores” del mercado inmobiliario. A ello se sumará un registro de precios de los contratos de alquiler para mejorar la transparencia y el conocimiento del mercado residencial.
El PSOE también se marca como objetivo aprobar una Ley de Sostenibilidad y Movilización del Suelo para acelerar y simplificar los procedimientos de desarrollo urbanístico, al tiempo que prevé partidas presupuestarias significativas para impulsar tanto la construcción como la rehabilitación de viviendas.
En términos de financiación, el programa prevé movilizar más de 25.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en forma de avales, préstamos y líneas de financiación para vivienda asequible. Además, 4.700 millones del Plan Social del Clima se orientarán a la construcción o rehabilitación de vivienda sostenible y 400 millones anuales del Fondo de Vivienda de Impacto Social se destinarán a respaldar proyectos específicos.
PROTECCIÓN ANTIDESAHUCIOS
A raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, que desencadenó una fuerte respuesta social, el PSOE se compromete a garantizar un marco estable de protección frente a los desahucios que afecten a personas vulnerables sin alternativa habitacional, así como a poner en marcha un mecanismo de protección frente al desalojo que permita reaccionar ante situaciones de emergencia residencial.
Igualmente, los socialistas contemplan asegurar que el impacto económico derivado de la suspensión de desahucios de personas vulnerables no recaiga sobre el pequeño propietario, de forma que sean las administraciones públicas quienes asuman ese coste.