El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha suscrito este lunes un acuerdo para poner en marcha una oficina de la Corte Permanente de Arbitraje en España, con el objetivo de reforzar la “proyección global” del español en el “ámbito jurídico” y acercar los servicios de esta institución a “una amplia comunidad hispanohablante”.
Durante el encuentro entre el ministro José Manuel Albares y el secretario general de la Corte, Marcin Czepelak, ambas partes abordaron “la importancia de este organismo en la resolución pacífica de controversias internacionales, la apuesta común y firme de España por un orden internacional basado en el derecho internacional”, tal y como ha señalado Exteriores en una nota oficial.
El Ejecutivo considera que este paso supone “un hito de gran relevancia” para reforzar la proyección internacional de España “como foto de resolución de controversias” y subraya que “reconoce” la “solidez del ordenamiento jurídico español, la excelencia de sus profesionales y la creciente capacidad de España para acoger procedimientos arbitrales de carácter internacional”.
El acuerdo también contribuye a afianzar “el papel del país como puente entre Europa, América Latina y el Mediterráneo”.
Albares ha subrayado que esta iniciativa sitúa a España como un “foro consolidado y de referencia para el arbitraje”, un “lugar idóneo” para la función que desempeña la Corte Permanente de Arbitraje, y ha remarcado que “permite potenciar” el español “como una lengua verdaderamente global; también en el ámbito jurídico”.
La Corte Permanente de Arbitraje, creada en 1899, es una organización intergubernamental que ofrece diversos servicios para la resolución de controversias en el seno de la comunidad internacional, de acuerdo con la definición del propio organismo.