El Gobierno español ha condenado este miércoles las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra la presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, y un abogado de la Fiscalía, al considerar que suponen “un ataque flagrante” a la autonomía de la corte, cuya labor en la persecución de crímenes contra la Humanidad ha sido puesta en valor.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha subrayado que “estas sanciones constituyen un ataque flagrante contra la independencia, integridad e imparcialidad” del TPI, remarcando que el mandato de dicho tribunal emana de los estados parte que han ratificado el Estatuto de Roma.
Según el Ejecutivo español, el Tribunal Penal Internacional “desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la protección y reparación de las víctimas”. En la nota, Exteriores ha recalcado que “es la piedra angular del sistema de justicia penal internacional”.
En este contexto, el Gobierno ha aprovechado para reiterar “su respaldo firme e inequívoco” al tribunal con sede en La Haya y para expresar “su plena solidaridad a los jueces, fiscales y al conjunto del personal de la corte afectados por las sanciones”.
Exteriores ha concluido asegurando que “España continuará cumpliendo de manera íntegra sus compromisos derivados del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional, respetando y garantizando el ejercicio pleno de la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional”.
Las medidas punitivas fueron comunicadas este martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la presidenta del TPI y el abogado senegalés Abdoulaye Seye, a raíz de su implicación en la investigación sobre Israel por presuntos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la decisión al acusar a ambos de haber “participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios” de países que no han suscrito el Estatuto de Roma, algo que, a su juicio, “sienta un peligroso precedente para todas las naciones”.