El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha expresado su rechazo a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, y el abogado principal de su Fiscalía, Abdoulaye Seye.
El departamento que dirige Jose Manuel Albares ha señalado en un comunicado que "España deplora" las medidas anunciadas por Washington contra los dos responsables del tribunal. La decisión intensifica la campaña de la Administración de Donald Trump contra la CPI, enfrentada con Estados Unidos por sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.
Las sanciones alcanzan a la presidenta y a un abogado de la Fiscalía
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense confirmó el 18 de agosto la incorporación de Akane y Seye a su lista de personas sancionadas.
Akane, de nacionalidad japonesa, preside la Corte Penal Internacional. Seye, ciudadano senegalés, ejerce como abogado principal de la Fiscalía. Las sanciones implican el bloqueo de sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y restricciones a las operaciones con personas o entidades de Estados Unidos.
El Tesoro ha autorizado, no obstante, una licencia temporal para liquidar determinadas transacciones pendientes hasta el 17 de septiembre de 2026. El secretario de Estado, Marco Rubio, justifica las medidas alegando que la Corte investiga o procesa a ciudadanos de países que no reconocen su jurisdicción.
Ni Estados Unidos ni Israel forman parte del Estatuto de Roma. La tensión aumentó después de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La Corte denuncia un ataque contra su independencia
La CPI ha rechazado las nuevas restricciones y las ha calificado de "ataque flagrante" contra su independencia. Según el tribunal, con estas medidas ya están sancionados nueve de sus 18 jueces, sus dos fiscales adjuntos, un antiguo fiscal y un integrante de su personal.
La institución sostiene que continuará cumpliendo su mandato y advierte de que las sanciones contra jueces, fiscales y trabajadores perjudican el funcionamiento de la justicia internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, también han trasladado su apoyo a Akane y a los funcionarios del tribunal.
Ambos dirigentes defienden que la Corte debe poder actuar con independencia y sin presiones externas.
Sánchez pidió proteger a la Corte de las sanciones estadounidenses
El Gobierno español ya había planteado anteriormente una respuesta europea frente a estas medidas.
El pasado 6 de mayo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó a Bruselas que activara el Estatuto de Bloqueo, un mecanismo destinado a neutralizar dentro de la Unión Europea los efectos de determinadas sanciones extranjeras.
Según explicó La Moncloa, la propuesta buscaba proteger tanto a jueces y fiscales de la CPI como a la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos, Francesca Albanese. La petición española requeriría incorporar las normas estadounidenses correspondientes al reglamento europeo. La solicitud no significa que el mecanismo haya sido activado para estas nuevas sanciones.