La Embajada de Francia en España ha asumido la decisión del Senado, impulsada por el PP que dispone de mayoría absoluta en la Cámara Alta, de recurrir ante el Tribunal Constitucional el Tratado de Amistad entre ambos países, y ha expresado su confianza en que el procedimiento pueda cerrarse en el menor tiempo posible.
“Tomamos buena nota de este recurso, que respetamos, y ahora corresponde al Tribunal Constitucional español pronunciarse sobre esta cuestión jurídica y técnica, y a los parlamentarios votar su ratificación”, ha traslado la Embajada en un comunicado remitido a Europa Press.
La representación diplomática francesa ha señalado que continuará “con atención las próximas etapas del proceso de ratificación”, actualmente detenido hasta que el Constitucional resuelva el recurso planteado por el Senado sobre la constitucionalidad del artículo 2.4, que contempla la participación de un ministro del otro país en el Consejo de Ministros.
En la misma línea, la Embajada ha manifestado su deseo de que el trámite “pueda completarse rápidamente, en beneficio de los millones de franceses y españoles que dan vida a diario a nuestra relación bilateral y, en particular, de aquellos que viven en las zonas fronterizas”.
“Francia y España comparten ambiciones comunes: el refuerzo de la autonomía estratégica europea, la transición ecológica y digital, y la seguridad y la cohesión de nuestras sociedades”, ha resaltado la Embajada francesa, reivindicando que “en un momento en el que Europa y el mundo atraviesan un período de gran inestabilidad, debemos, más que nunca, estar unidos y reforzar nuestro diálogo”.
El Senado decidió este jueves, con el apoyo de PP y Vox, solicitar al Constitucional que se pronuncie sobre el citado precepto, al entender que persisten las dudas pese a la “cláusula interpretativa” pactada entre los dos gobiernos, que precisa que el ministro francés no se incorporará al Consejo de Ministros en sentido estricto, sino a una reunión ‘ad hoc’.
Se trata de la segunda vez que la Cámara Alta reclama el criterio del Constitucional sobre este tratado, después de haberlo hecho ya en febrero de 2025. Entonces, el alto tribunal resolvió en diciembre inhibirse, al estimar que su pronunciamiento no era necesario, dado que el Congreso había rechazado el texto y, al tratarse de un tratado internacional, no podía ser ratificado sin el respaldo de ambas cámaras.
Con esta nueva iniciativa, el procedimiento de ratificación vuelve a quedar en suspenso a la espera de la resolución del Constitucional, después de que el Congreso de los Diputados aprobara el tratado el pasado 18 de junio, pese al rechazo de PP y Vox, gracias al apoyo de Junts y Podemos, que un año antes se habían abstenido en la Cámara Baja.