"Gestión, rigor y experiencia": la escenografía con la que Feijóo busca proyectar una alternativa a Sánchez tras Urda

Las propuestas ferroviarias del PP en el Congreso tienen tres situaciones distintas: iniciativas ya aprobadas, una proposición de ley que caducó el 6 de octubre de 2026 y solicitudes de control al Gobierno. Por tanto, no hay un único paquete pendiente de aprobación: conviene separar lo que terminó su recorrido parlamentario de lo que necesita ejecución administrativa o una nueva iniciativa.

Proposición de ley: tramitación caducada

La Proposición de Ley por la que se adoptan medidas en materia de transporte, expediente 122/000153, fue presentada por el Grupo Popular el 23 de enero de 2025, admitida a trámite el 29 de enero y publicada el 31 de enero. Incluía la continuidad de bonificaciones al transporte público y ayudas a administraciones y usuarios; no era exclusivamente ferroviaria. Su tramitación caducó el 6 de octubre de 2026, por lo que ya no está pendiente de avanzar en el Congreso y su texto no se convirtió en ley mediante ese procedimiento (texto de la proposición).

Propuestas que ya fueron aprobadas

• Compra de trenes de alta velocidad. La Comisión de Transportes aprobó el 29 de septiembre de 2026 una proposición no de ley del PP que pide revisar la licitación de Renfe y, si concurren causas legales, dejarla sin efecto y convocar otra. La propuesta ya superó su debate y aprobación en comisión; eso no cancela automáticamente el concurso, cuya modificación requiere decisiones de la entidad contratante (aprobación en comisión).
• Indemnizaciones por retrasos. El Congreso aprobó el 13 de noviembre de 2025 la enmienda procedente del Senado para recuperar compensaciones del 50 % por retrasos superiores a 15 minutos y del 100 % por retrasos superiores a 30 minutos. Este cambio ya había superado la decisión parlamentaria; no debía confundirse con una propuesta aún pendiente de debate (aprobación de la enmienda).
• Cumplimiento de las obligaciones ferroviarias. El Pleno aprobó el 18 de junio de 2026 otra proposición no de ley del PP para reclamar la recuperación de indemnizaciones, las dos primeras fases del plan extraordinario de choque, atención urgente a pasajeros y un protocolo de análisis de incidencias que causen más de 20 minutos de retraso. Su recorrido parlamentario terminó con la aprobación; la ejecución corresponde al Gobierno (comunicado del PP).
• Actuaciones en Galicia. El Pleno aprobó el 6 de febrero de 2024 una iniciativa popular con trece medidas ferroviarias: variantes y conexiones de alta velocidad, estaciones, Corredor Atlántico, enlace con Portugal, mejoras de líneas convencionales, cercanías y mercancías. También está aprobada, no pendiente de tramitación; la aprobación no acredita por sí sola que las obras estén ejecutadas (acuerdo del Congreso).

Control parlamentario y otras propuestas

La petición más reciente localizada es la comparecencia urgente de Pedro Sánchez ante la Diputación Permanente, registrada el 29 de octubre de 2026 por el PP tras el accidente de Urda. Consta su presentación, pero no consta en las fuentes consultadas su aprobación o celebración (petición de comparecencia).

También aparecen propuestas sobre la reapertura Madrid–Aranda–Burgos y las infraestructuras de Andalucía y Zamora, vinculadas a documentación de comisión. No consta un resultado individual suficientemente preciso para atribuirles aprobación o rechazo (documentación parlamentaria).

La clave práctica es distinguir aprobación de cumplimiento: las proposiciones no de ley piden actuaciones al Ejecutivo sin obligarle jurídicamente. La proposición legislativa identificada caducó; los acuerdos ya aprobados requieren seguimiento de su ejecución, no continuar su tramitación.

El presidente del Partido Popular, cuando su partido está en la oposición, no adquiere por ese motivo competencias de gobierno ni poderes públicos propios. Hay que distinguir tres planos: la dirección interna del partido, las facultades parlamentarias que tenga por ocupar un escaño o representar a un grupo y el liderazgo político de la oposición.

1. Ser líder de la oposición no equivale a un cargo ejecutivo

En el ámbito estatal, el Reglamento del Congreso no configura un cargo de jefe de la oposición con competencias propias. Por tanto, presidir el PP no permite ordenar actuaciones a la Administración, cesar ministros, convocar elecciones o imponer decisiones al Parlamento.

La distinción responde a la naturaleza de los partidos. La Sentencia 48/2003 del Tribunal Constitucional explica que tienen funciones de relevancia constitucional, pero «no son órganos del Estado» ni titulares del poder público. Su influencia política no debe confundirse con una potestad jurídica.

2. Facultades parlamentarias: dependen del escaño

Si el presidente del PP es diputado, puede ejercer los derechos que reconoce el Reglamento del Congreso, no por dirigir el partido, sino por su condición parlamentaria:

• Debatir y votar: asistir con voto al Pleno y a las comisiones de las que forme parte, conforme al artículo 6.
• Solicitar información: recabar datos, informes y documentos de las Administraciones públicas a través de la Presidencia del Congreso, previo conocimiento de su grupo, según el artículo 7.
• Controlar al Gobierno: formular preguntas e interpelaciones, es decir, pedir explicaciones sobre su actuación o sus orientaciones generales, conforme a los artículos 180 y 185.
• Participar en la actividad legislativa: intervenir en los procedimientos y debates conforme a los requisitos reglamentarios, sin disponer de una iniciativa personal ilimitada.

Si ocupa un escaño en otra Cámara, no puede trasladar automáticamente al Congreso las facultades de aquella. Presidir el partido no sustituye los requisitos de cada institución.

3. Facultades del grupo y de su portavoz

Muchas herramientas corresponden al grupo parlamentario o requieren apoyos colectivos. Los grupos pueden presentar proposiciones no de ley —propuestas de resolución de la Cámara—, según el artículo 193. La creación de una comisión de investigación puede proponerse, entre otros sujetos, por dos grupos o una quinta parte de los diputados, pero debe acordarla el Pleno: el presidente del PP no puede constituirla unilateralmente.

Asimismo, la Junta de Portavoces está formada por quienes ejercen las portavocías de los grupos. Ser presidente del partido no concede automáticamente un puesto en ella. Sus decisiones se adoptan mediante voto ponderado, atendiendo al peso parlamentario de cada grupo.

La moción de censura tampoco es una prerrogativa personal: necesita la firma de al menos una décima parte del Congreso, una candidatura alternativa que la acepte y mayoría absoluta para aprobarse. En cambio, plantear una cuestión de confianza corresponde al presidente del Gobierno, no al dirigente de la oposición.

4. Dirección del partido y liderazgo político

La representación, organización y dirección interna del PP deben distinguirse de las competencias estatales: su alcance concreto debe establecerse conforme a sus estatutos y a las decisiones de sus órganos. No cabe atribuir al presidente facultades ilimitadas sobre nombramientos, candidaturas o disciplina sin examinar esas reglas.

Representar una alternativa, negociar acuerdos y criticar al Gobierno son funciones políticas, no poderes ejecutivos. Además, dirigir el partido no permite retirar por sí mismo el escaño a un representante: así lo recuerda la Sentencia 298/2006. En suma, su autoridad política puede ser amplia; sus competencias jurídicas dependen de cada cargo y procedimiento.

Antes de colaborar con Alberto Núñez Feijóo, Ethel María Vázquez Mourelle desarrolló una carrera fundamentalmente técnica: se formó como ingeniera, trabajó en la empresa privada y se incorporó a Augas de Galicia. Conviene distinguir dos momentos: su colaboración con el Gobierno de Feijóo comenzó en 2009, mientras que su entrada como conselleira se produjo en 2014. Por tanto, varios de sus primeros cargos directivos ya formaron parte de esa colaboración, no fueron anteriores a ella.

Formación y experiencia profesional inicial

Vázquez es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidade da Coruña. Esta formación constituye la base de su especialización posterior en obras hidráulicas, infraestructuras y gestión de servicios públicos. Su recorrido inicial estuvo vinculado al ejercicio profesional de la ingeniería, antes de asumir responsabilidades políticas en el Gobierno autonómico.

Tras finalizar sus estudios, en 1996 comenzó a trabajar en la empresa privada, dentro del ámbito de las obras hidráulicas. Esa primera etapa le permitió adquirir experiencia sectorial antes de pasar a la Administración. Los perfiles biográficos consultados sitúan aquí el inicio de su carrera, sin identificar una trayectoria parlamentaria o de gobierno anterior. Puede consultarse su formación y recorrido en los perfiles publicados por La Voz de Galicia.

La incorporación a la Administración gallega

En 2003 se incorporó a Augas de Galicia, organismo de la Xunta especializado en la gestión del agua. Este paso es importante para ordenar su biografía: su llegada a la Administración autonómica precedió en seis años al primer Gobierno presidido por Feijóo. Por tanto, no inició su actividad pública directamente como integrante de su equipo político.

Durante esa etapa consolidó un perfil ligado a la gestión hidráulica y al funcionamiento de la Administración. La continuidad de ese vínculo profesional aparece también en la información sobre su posterior decisión de regresar a su plaza de funcionaria en Augas de Galicia, recogida por Demócrata.

De técnica a alta responsable de la Xunta

El cambio hacia responsabilidades de dirección se produjo en abril de 2009, cuando fue nombrada presidenta de Augas de Galicia y de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos. Desde ese momento ya trabajaba dentro del Ejecutivo de Feijóo. Su promoción estuvo vinculada al entonces conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, según el perfil publicado por El País.

Antes de convertirse en conselleira, amplió sus responsabilidades hacia las infraestructuras: en septiembre de 2010 asumió la Dirección Xeral de Infraestruturas; en abril de 2011, la presidencia de la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia; y en enero de 2012, la dirección de la Axencia Galega de Infraestruturas. Esta secuencia figura en el repaso de su trayectoria publicado por VigoÉ.

¿Qué trayectoria política tenía previamente?

Lo más relevante es que su acceso al primer nivel político llegó desde la gestión administrativa, no desde una carrera parlamentaria previa. En junio de 2014, Feijóo la eligió conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para sustituir a Hernández, que dejaba la Xunta para asumir la Alcaldía de Santiago.

En síntesis, antes de trabajar con Feijóo había acumulado experiencia como ingeniera en el sector privado y en Augas de Galicia. Antes de ser su conselleira, sumaba además cinco años de dirección pública dentro de su Gobierno. Esa diferencia explica su trayectoria: primero profesional técnica, después alta gestora y finalmente integrante del Ejecutivo gallego.