El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha situado en 30 días el plazo político para que el Gobierno central adopte las medidas necesarias y permita que la ciudad recupere la normalidad tras la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio.
El ultimátum aumenta la presión sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que el dirigente ceutí reclama un plan concreto, dotado de recursos y acompañado de un calendario. Vivas considera que Ceuta continúa en una situación "insostenible" y de "máximo riesgo" para la convivencia, la seguridad ciudadana y el funcionamiento de los servicios públicos.
El plazo no activa automáticamente ningún procedimiento judicial ni constituye, por ahora, un requerimiento procesal formal. Se trata de un ultimátum político con el que Vivas pretende obligar al Gobierno a acelerar la identificación de los migrantes, la tramitación de los expedientes y los retornos que resulten legalmente posibles. Sin embargo, Vivas ha insinuado que Ceuta podría acudir al Poder Judicial si la situación no se resuelve en un mes. El margen de Ceuta ante los tribunales dependerá de que pueda transformar sus demandas políticas en obligaciones jurídicas específicas, documentadas e incumplidas por el Estado.
La presión se produce mientras Sánchez preside este lunes una nueva reunión interministerial sobre la crisis y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, mantiene un encuentro presencial con Vivas. En la reunión convocada por Moncloa participan también los titulares de Interior, Exteriores, Defensa, Política Territorial y Juventud e Infancia.
🔴 Juán Jesús Vivas: "Tenemos la firme determinación de seguir insistiendo al Gobierno para que cumpla con sus obligaciones. Vamos a recurrir a otras instancias del Estado, a las Cortes Generales, al Poder Judicial".
— demócrata (@democrata_info) August 17, 2026
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Qué exige Vivas al Gobierno
El presidente ceutí sostiene que no basta con contener nuevas entradas en la frontera. Reclama una operación coordinada del Estado para reducir el número de personas que permanecen en la ciudad y recuperar la capacidad ordinaria de sus servicios.
Sus principales peticiones son identificar a todas las personas llegadas durante la entrada masiva, aumentar los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, reforzar los servicios sanitarios, sociales y de limpieza, ampliar los recursos judiciales y administrativos, agilizar la tramitación de los expedientes de extranjería y asilo, ejecutar los retornos a Marruecos que permita la ley, trasladar a la Península a quienes tengan reconocido ese derecho, distribuir a los menores no acompañados entre las comunidades autónomas y aprobar un protocolo permanente para futuras crisis fronterizas.
Vivas calcula que después de la entrada masiva permanecen en Ceuta entre 8.000 y 11.000 migrantes, muchos de ellos alojados en recursos improvisados o viviendo en las calles y las playas. El presidente también reconoce que no existe todavía un recuento definitivo de los menores no acompañados.
La situación ha llevado al Gobierno ceutí a pedir "socorro" al resto de España y a advertir de que los servicios de una ciudad de poco más de 80.000 habitantes no pueden atender indefinidamente una emergencia de esas dimensiones.
"Ni papeles ni asilo": el mensaje de Vivas
El presidente de Ceuta ha endurecido su discurso durante las últimas semanas. Después de reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sostuvo que la única salida para quienes entraron irregularmente y no tienen derecho a permanecer en España es el retorno a Marruecos.
Vivas resumió su posición con el mensaje: "Ni papeles ni asilo, la única salida es el retorno a Marruecos", según la información difundida por el Gobierno de Ceuta.
No obstante, esa declaración política no puede aplicarse de manera automática a todas las personas que permanecen en la ciudad. La Administración está obligada a estudiar individualmente las solicitudes de protección internacional y las circunstancias personales de los afectados.
Tampoco puede devolver a una persona a un territorio en el que exista riesgo de persecución, tortura o daños graves. En el caso de los menores, las autoridades deben determinar su edad, comprobar su identidad, estudiar una posible reagrupación familiar y atender prioritariamente al interés superior del niño.
Vivas pide cambiar la ley para acelerar las devoluciones
El presidente ceutí reclama la creación de un nuevo marco normativo para responder a entradas masivas que desborden la capacidad ordinaria de la Administración. Su propuesta busca habilitar procedimientos más rápidos para identificar y devolver a quienes no reúnan los requisitos para obtener asilo o autorización de residencia. También ha planteado limitar excepcionalmente la tramitación de solicitudes de asilo en Ceuta mientras dure la emergencia.
El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial han rechazado que el derecho de asilo pueda suspenderse de forma general. España debe respetar la Constitución, la Ley de Asilo, la normativa de la Unión Europea y los tratados internacionales.
Por tanto, el Ejecutivo puede reforzar los equipos encargados de resolver expedientes y reducir los tiempos de tramitación, pero no eliminar el derecho de cada persona a solicitar protección ni ordenar devoluciones colectivas.
¿Puede Ceuta llevar al Gobierno a los tribunales?
Este lunes, Vivas ha insinuado que Ceuta podría llevar al Ejecutivo central ante la Justicia si pasado el plaza de 30 días que le ha dado para que vuelva la normalidad a la ciudad autónoma esta no regresa. En este sentido, cabe destacar que Ceuta sí puede acudir a la Justicia frente a decisiones o inacciones concretas de la Administración General del Estado. Sin embargo, no puede presentar una demanda genérica para pedir a un juez que obligue al Gobierno a "resolver la crisis" en 30 días.
Para que una acción judicial tenga recorrido, la Ciudad tendría que identificar una obligación legal concreta del Estado, un acto administrativo recurrible o una inactividad formal, el perjuicio ocasionado a las competencias o intereses de Ceuta, la actuación específica que solicita al tribunal y la relación entre el incumplimiento y el daño sufrido.
Una eventual demanda debería dirigirse previsiblemente a la jurisdicción contencioso-administrativa. Antes de acudir a los tribunales, podría ser necesario presentar un requerimiento formal al ministerio competente para que cumpla la obligación reclamada.
Si el Estado rechazara la petición o no respondiera en el plazo legal, Ceuta podría recurrir esa decisión o inactividad.
Qué podría reclamar judicialmente la Ciudad
La acción judicial tendría más posibilidades si se centrara en obligaciones delimitadas y cuantificables. Ceuta podría reclamar, dependiendo de la normativa y de los acuerdos existentes:
- La transferencia de fondos comprometidos para atender a los migrantes.
- El cumplimiento de acuerdos sobre financiación extraordinaria.
- La ejecución de los mecanismos legales de distribución de menores.
- El refuerzo de medios estatales previamente aprobado.
- La resolución de expedientes paralizados fuera de los plazos legales.
- La compensación por gastos asumidos en competencias que corresponden al Estado.
- El cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales anteriores.
La Ciudad también podría solicitar medidas cautelares si acredita que la demora está provocando un perjuicio grave e inmediato. Un tribunal podría ordenar a la Administración tramitar una solicitud, ejecutar un acuerdo o cumplir una obligación determinada.
Otra cuestión diferente sería exigir responsabilidades patrimoniales. Ceuta tendría que demostrar que una actuación u omisión del Estado le ha ocasionado un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado que no tenga el deber jurídico de soportar.
Lo que Ceuta no puede obtener de un tribunal
Un juez no podría ordenar indiscriminadamente la devolución de todas las personas que entraron en Ceuta. Cada expediente debe analizarse individualmente y respetar el derecho de asilo, la protección de los menores y el principio de no devolución.
La Ciudad tampoco podría conseguir mediante una sentencia:
- La suspensión general del derecho de asilo.
- La expulsión colectiva de migrantes.
- La devolución automática de menores a Marruecos.
- La eliminación de los controles judiciales.
- La inaplicación de la legislación europea.
- Una orden genérica para que el Gobierno resuelva toda la crisis.
Los tribunales controlan la legalidad de decisiones concretas, pero no pueden sustituir al Gobierno en la dirección de la política migratoria, la negociación diplomática con Marruecos o la distribución presupuestaria de los medios policiales.
El papel decisivo de Marruecos
El retorno de miles de personas tampoco depende exclusivamente de España. Marruecos debe reconocerlas como nacionales o aceptar su readmisión conforme a los acuerdos aplicables.
Vivas ha acusado a Rabat de no ser un socio fiable y de haber permitido o favorecido la entrada masiva. También ha advertido de que la seguridad de Ceuta no puede depender únicamente de la voluntad de un país que no reconoce la soberanía española sobre la ciudad.
Sin cooperación marroquí, España puede tramitar expedientes y dictar resoluciones, pero tendría muchas más dificultades para ejecutar los retornos. Esa dimensión diplomática queda fuera de las competencias de Ceuta y corresponde al Gobierno central.