La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reclamado este viernes una reforma integral del sistema ferroviario español para garantizar que la seguridad de los pasajeros sea la principal prioridad. La dirigente ha defendido que la red ferroviaria debe ser "100% pública" y ha mostrado su disposición a que se investigue todo lo necesario para esclarecer lo ocurrido tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).
Díaz ha pedido reconstruir el modelo ferroviario para garantizar una movilidad segura y sostenible, con una red pública "que no esté sujeta a los intereses de las privatizaciones". Su propuesta llega después de los dos accidentes ferroviarios que han dejado 115 fallecidos en España durante este año y que han abierto un debate sobre la seguridad de las infraestructuras y la gestión del transporte.
Díaz defiende investigar lo necesario tras los accidentes ferroviarios
La vicepresidenta ha expresado su respaldo a que se investiguen las circunstancias que rodean los accidentes y las posibles responsabilidades derivadas de ellos. Su posición coincide con la apertura de nuevas diligencias por parte de la Fiscalía Europea sobre el posible uso fraudulento de fondos comunitarios destinados a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
No obstante, por el momento no se ha acreditado una relación entre las presuntas irregularidades investigadas y las causas de los siniestros ferroviarios.
La ministra ha insistido en la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema ferroviario español y reforzar la seguridad de los usuarios, defendiendo un modelo en el que el interés público prevalezca sobre los criterios económicos de las empresas privadas.
Un modelo ferroviario público y centrado en la seguridad
La propuesta de Díaz abre también el debate sobre la participación de operadores privados en el transporte ferroviario. Actualmente, la infraestructura ferroviaria de interés general está gestionada principalmente por Adif y Adif Alta Velocidad, ambas entidades públicas, mientras que en los servicios comerciales de alta velocidad compiten Renfe, Ouigo e Iryo.
La vicepresidenta apuesta por un sistema que garantice la movilidad sostenible y la seguridad de los pasajeros sin que, a su juicio, las decisiones sobre el servicio ferroviario dependan de los intereses de las privatizaciones.
Sus declaraciones se producen tres días después de la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, tras comparecer en el Congreso para explicar las circunstancias del accidente de Urda, en el que murieron 69 personas.