La industria del videojuego pide incentivos fiscales y más financiación para crecer en España

A 2 de noviembre de 2026, los incentivos fiscales específicos para la producción y financiación de videojuegos siguen siendo una propuesta del sector, no una reforma parlamentaria aprobada. En las fuentes consultadas no se ha identificado un expediente legislativo específico que permita situarlos en una fase concreta de enmiendas, comisión o votación. La información más reciente los presenta como una reivindicación dirigida a los partidos para la próxima legislatura.

Qué se ha propuesto y dónde está

La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y la Asociación Española de Productores de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV) han trasladado conjuntamente cinco propuestas a las formaciones políticas ante las elecciones del 29 de noviembre. Una de ellas consiste en crear un incentivo fiscal específico para producir y financiar videojuegos, equiparando su tratamiento al de otras industrias culturales y acercándolo al de países que disponen de instrumentos propios de apoyo.

Según explica Demócrata, el 2 de noviembre, las asociaciones piden que los partidos incorporen esas medidas a sus programas electorales. Ese es el dato que mejor define su situación actual: se está reclamando un compromiso político para convertir la propuesta en una reforma, no anunciando la aprobación de una deducción ni una votación parlamentaria ya programada.

Qué antecedentes parlamentarios existen

Hay antecedentes de debate y propuestas relacionadas, pero no deben confundirse con la tramitación de una deducción específica para videojuegos:

• Debate sobre su incorporación al Impuesto sobre Sociedades. En el Parlamento de Canarias, el 25 de junio de 2024, se abordó la posibilidad de modificar el artículo 36 para extender a la producción de videojuegos ventajas fiscales de la industria audiovisual. El diario de sesiones acredita ese debate, no la aprobación de la reforma estatal.
• Propuesta general sobre I+D+i. En el Congreso se publicó el 16 de abril de 2024 una proposición no de ley sobre la clarificación y mejora del marco fiscal para la investigación, desarrollo e innovación. Planteaba ampliar y aclarar las actividades tecnológicas elegibles, incluidas actividades de software, pero no creaba una deducción exclusiva para videojuegos. Una proposición no de ley pide actuaciones al Gobierno, sin modificar por sí misma un impuesto (texto de la iniciativa).
• Jornadas en el Congreso. El 13 de enero de 2025 se celebró un encuentro parlamentario sobre los retos del videojuego en el que se reclamaron mejores incentivos fiscales. La información institucional del encuentro describe una actividad de debate, no el inicio de una reforma tributaria.

La relación con la Ley del Cine

El Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual ha sido otra referencia del debate sobre incentivos culturales. Sin embargo, no se ha acreditado que sus propuestas fiscales incorporasen expresamente una deducción para videojuegos. Las deducciones cinematográficas o audiovisuales no se extienden automáticamente al videojuego por compartir características culturales o tecnológicas.

Qué significa para las empresas

La consecuencia práctica es que no hay una fecha de entrada en vigor ni un porcentaje aprobado que el sector pueda aplicar como nuevo incentivo específico. Esto no equivale a afirmar que los estudios carezcan de cualquier beneficio fiscal: las deducciones generales por I+D+i son una cuestión distinta, sujeta a sus requisitos, como recoge la normativa del impuesto.

En definitiva, falta que la demanda sectorial se traduzca en un texto legislativo concreto y prospere su aprobación. No procede, por ahora, describirla como una medida pendiente únicamente de una última votación.

El director general de AEVI, la Asociación Española de Videojuegos, no tiene competencias públicas atribuidas por la legislación española. AEVI es una asociación privada sin ánimo de lucro, no un organismo de la Administración. Las funciones de su director general proceden de sus estatutos, de los acuerdos de sus órganos de gobierno y de los poderes de representación que se le otorguen, no de una ley que regule específicamente ese puesto.

Marco jurídico y naturaleza del cargo

La distinción es importante: la denominación «director general» también se utiliza en entidades privadas, pero no convierte a quien la ostenta en alto cargo administrativo ni le concede autoridad sobre el sector del videojuego. Los convenios publicados en el BOE identifican expresamente a AEVI como una organización sin ánimo de lucro inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Su colaboración con ministerios tampoco modifica esa naturaleza privada.

La legislación asociativa proporciona el marco general de funcionamiento, mientras que la organización concreta y la distribución de facultades dependen de los estatutos. Por tanto, no existe un catálogo legal específico de competencias del director general de AEVI equivalente al de una dirección general ministerial. La propia asociación explica su finalidad representativa en su página Sobre AEVI y presenta su estructura en Órganos de gobierno.

Funciones acreditadas en documentación oficial

Los convenios consultados permiten identificar las siguientes funciones, siempre dentro de la habilitación correspondiente:

• Representar a AEVI ante las Administraciones y terceros. La documentación oficial recoge la actuación de José María Moreno Peña como director general con facultades representativas derivadas del artículo 19.12 de los estatutos y del acuerdo del Comité Directivo de 12 de junio de 2015. Esa referencia aparece en el convenio publicado en 2025.
• Suscribir convenios en nombre de la asociación. La firma vincula a AEVI dentro del alcance de las facultades otorgadas; no supone una capacidad ilimitada para asumir cualquier obligación. La representación también está documentada en la publicación de enero de 2026.
• Participar en el seguimiento de acuerdos. Un convenio con el Ministerio de Cultura prevé su participación en la comisión de seguimiento o la designación de otra persona en su lugar, según el convenio publicado en 2023.
• Coordinar actuaciones y ejercer la interlocución institucional. Puede intervenir en la ejecución de iniciativas y compromisos de colaboración de AEVI conforme a las facultades que reciba. Debe distinguirse esta actuación profesional de las obligaciones que los convenios atribuyen a la asociación como entidad.

Límites de esas facultades

El cargo no le permite, por sí mismo, aprobar normas obligatorias para las empresas, imponer sanciones administrativas, conceder autorizaciones públicas ni ejercer funciones de inspección. Tampoco cabe deducir de su capacidad para firmar un convenio que pueda decidir unilateralmente todas las cuestiones económicas, laborales o estratégicas de AEVI.

En particular, la documentación consultada no reproduce íntegramente los estatutos ni permite ofrecer una enumeración exhaustiva de sus atribuciones internas sobre contratación, personal, presupuestos o disposición de fondos. Esas facultades deben acreditarse mediante los estatutos vigentes, las delegaciones y los poderes correspondientes, sin presumirlas por el nombre del puesto.

En conclusión, la descripción jurídicamente adecuada es la de un directivo privado con funciones ejecutivas y representativas, delimitadas por las reglas internas de AEVI. Para una operación concreta —por ejemplo, firmar un contrato o asumir un compromiso económico—, lo decisivo es comprobar el alcance de su poder, no aplicar las competencias propias de un director general de la Administración.

Las últimas elecciones generales celebradas en España fueron las del 23 de julio de 2023. En el Congreso de los Diputados, el PP obtuvo 137 escaños, seguido del PSOE con 121, Vox con 33 y Sumar con 31. Ninguna candidatura alcanzó por sí sola los 176 diputados necesarios para la mayoría absoluta.

A fecha de 2 de noviembre de 2026, estos siguen siendo los últimos resultados de unas elecciones generales celebradas, no estimaciones de encuestas. Las elecciones convocadas para el 29 de noviembre de 2026 todavía no han tenido lugar.

Las cuatro candidaturas con más representación

Los resultados del Congreso sitúan a estas cuatro candidaturas en las primeras posiciones tanto por votos como por escaños:

• Partido Popular: consiguió 8.091.840 votos, el 33,05 % del total estatal, y 137 diputados. Fue la candidatura más votada y aventajó al PSOE en 16 escaños. Su resultado quedó a 39 diputados de la mayoría absoluta. (Resultados de Europa Press).
• Partido Socialista Obrero Español: obtuvo 7.760.970 votos, el 31,70 %, y 121 diputados. Fue la segunda candidatura en votos y representación; la distancia respecto al PP fue de aproximadamente 331.000 votos. (Resultados de Europa Press).
• Vox: reunió 3.033.744 votos, el 12,39 %, y 33 diputados. Ocupó la tercera posición, con dos escaños más que Sumar y una diferencia de menos de 20.000 votos respecto a esa candidatura. (Resultados de Europa Press).
• Sumar: consiguió 3.014.006 votos, el 12,31 %, y 31 diputados. En aquellas elecciones, Podemos concurrió integrado en esta candidatura, por lo que no corresponde atribuirle un resultado electoral separado. (Comparación publicada por Demócrata).

El resto de candidaturas con escaños

Otras siete candidaturas obtuvieron representación. Entre todas sumaron los 28 diputados restantes, hasta completar los 350 integrantes del Congreso:

• Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): 7 escaños y 462.883 votos.
• Junts per Catalunya: 7 escaños y 392.634 votos.
• EH Bildu: 6 escaños y 333.362 votos.
• Partido Nacionalista Vasco (PNV): 5 escaños y 275.782 votos.
• Bloque Nacionalista Galego (BNG): 1 escaño y 152.327 votos.
• Coalición Canaria: 1 escaño y 114.718 votos.
• Unión del Pueblo Navarro (UPN): 1 escaño y 51.764 votos.

El reparto completo puede consultarse en el especial electoral de Europa Press. ERC y Junts empataron en diputados, aunque ERC recibió más votos; BNG, Coalición Canaria y UPN consiguieron un representante cada uno con cifras de voto diferentes.

Cómo interpretar el resultado

La conclusión principal es que el PP ganó en votos y escaños, pero sin mayoría absoluta. PP y Vox sumaron 170 diputados, seis menos de los 176 necesarios para alcanzarla. PSOE y Sumar reunieron 152. Estas sumas describen únicamente la aritmética electoral: no equivalen por sí mismas a acuerdos entre partidos. (Balance del 23J en Demócrata).

Las cifras anteriores corresponden al Congreso, no al Senado. También conviene distinguir los resultados de las urnas de las encuestas posteriores: estas estiman posibles comportamientos futuros, pero no modifican los votos ni los escaños obtenidos en julio de 2023.