Representantes de diversos colectivos empresariales ligados al turismo han coincidido este lunes en reclamar al Gobierno del Principado que retire el proyecto de Ley del Principado de Asturias del impuesto sobre estancias turísticas, actualmente en tramitación en la Junta General del Principado de Asturias.
Las comparecencias se han desarrollado en el Parlamento asturiano, donde portavoces de distintas asociaciones han pedido no solo la retirada del texto, sino también la apertura de un “verdadero” proceso de diálogo con el sector y con los ayuntamientos que se verían afectados por la medida.
El presidente de Otea Hostelería y Turismo en Asturias, Javier Martínez, ha solicitado un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias económicas de la tasa turística antes de plantear su entrada en vigor en Asturias, remarcando que “la capacidad de recaudar no constituye por nosotros una justificación” suficiente para sacar adelante la norma.
Martínez ha alertado de los problemas que, a su juicio, generaría la aplicación voluntaria del impuesto por parte de los municipios, ya que “la posibilidad de que unos municipios establezcan el recargo y otros no puede generar diferencias de tributación entre establecimientos próximos, que compiten por los mismos clientes y forman parte de un mismo entorno turístico”. El responsable de Otea ha reiterado que esta situación “puede introducir dificultades adicionales en la comerciación”.
El dirigente empresarial ha recalcado que cualquier decisión que adopten los ayuntamientos sobre el recargo “debería estar vinculada a un diagnóstico claro de las necesidades del destino”, puesto que “la voluntariedad municipal no puede constituir una planificación turística coordinada ni una evolución rigurosa de los efectos económicos y territoriales de la medida”.
En la misma línea, ha defendido que “no basta con identificar los posibles beneficios recaudatorios, es necesario valorar también los costes y efectos que la medida puede producir sobre la propia actividad económica”.
El vicepresidente ejecutivo de Otea, Fernando Corral, ha recordado que en otras comunidades, como Cataluña y Baleares, ya existen figuras fiscales sobre el turismo, pero ha apuntado que sus modelos presentan particularidades que deben analizarse con detalle. Ha señalado que en Cataluña las cuantías dependen del tipo de establecimiento y de su ubicación, con recargos municipales y normas específicas para las reservas anticipadas, mientras que en Baleares el impuesto tiene carácter finalista y se orienta a un fondo de turismo sostenible.
Corral ha remarcado que “son modelos desarrollados en contextos turísticos propios y cuya experiencia puede aportar enseñanzas pero no constituye una justificación suficiente para reproducirlos en Asturias sin estudiar previamente nuestra realidad”.
El representante de Otea ha añadido que “la cuestión no es únicamente cuánto se cobra por estancia, es cómo afecta ese coste al precio final, a la decisión del viaje y a la duración de la estancia y la capacidad de los establecimientos para competir especialmente en segmentos sensibles al precio”, subrayando las posibles repercusiones económicas que, según el sector, podría acarrear la creación de una tasa turística.
Por su parte, el coordinador de la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Julio Bobes, ha puesto en entredicho en una comisión parlamentaria la viabilidad del impuesto turístico en Asturias, argumentando que “el proyecto no identifica de manera concreta qué territorios sufren esas presiones, cuáles son los servicios públicos afectados, qué costes adicionales se generan ni qué indicadores permiten medir la magnitud del fenómeno”.
Bobes ha profundizado en la falta de una secuencia coherente en la elaboración de la norma, al señalar que “una cuestión es afirmar que pueden existir impactos asociados al turismo y otra muy distinta, demostrar cuáles son esos impactos, dónde se producen, con qué intensidad y qué medidas concretas resultan necesarias para afrontarlos”, y ha afeado que “da la impresión de que se ha comenzado por el instrumento tributario sin contemplar adecuadamente las fases anteriores”.
El portavoz de FADE ha expresado sus dudas sobre la capacidad real del impuesto para solucionar los problemas que se invocan, sosteniendo que “parece que con poner tasa turística vamos a resolver los problemas de toda la comunidad”, cuando ya existen partidas presupuestarias específicas para cada finalidad y el turismo es solo uno de los múltiples elementos transversales que inciden en ellas. También ha advertido de que “sigue sin respuesta” la cuestión de “qué indicadores permitirían concluir dentro de cinco años que este impuesto ha cumplido su finalidad”.
Bobes ha recalcado la necesidad de incorporar herramientas de seguimiento y rendición de cuentas, apuntando que “sería deseable que la norma incorporase mecanismos que permitieran conocer anualmente cuánto se recauda, en qué actuaciones concretas invierte, qué resultados producen en dichas actuaciones y qué indicadores permiten valorar su eficiencia”, y ha incidido en que “la transparencia no puede limitarse a recaudar, debe alcanzar también al destino y a la evaluación de los recursos”.
La vicepresidenta del Cluster Turismo Rural, Ana Belén Soberón, ha rechazado de forma tajante el proyecto de tasa turística en el Principado. “¿Tiene sentido establecer una nueva carga económica sobre una actividad que la propia legislación asturiana reconoce como estratégica para fijar población y generar oportunidades en el medio rural? Nuestra respuesta es contundente: No”, ha manifestado.
Soberón ha advertido de que la propuesta choca con la estructura real del turismo en Asturias, compuesta en gran medida por pequeños alojamientos, autónomos y negocios familiares con recursos limitados, sin grandes departamentos administrativos y con una capacidad muy escasa para asumir nuevas cargas económicas y trámites adicionales.
La representante del turismo rural ha puesto en cuestión la coherencia del planteamiento al remarcar que “resulta difícil entender que, mientras se subvenciona la demanda para conseguir más estancias, se plantee simultáneamente un impuesto que encarece esas mismas estancias”.
Asimismo, ha resaltado que la iniciativa entra en contradicción con la ley de impulso demográfico, que “establece la necesidad de promover actividad económica, empleo y oportunidades en los territorios” e “identifica expresamente al turismo como uno de los sectores capaces de contribuir a estos objetivos”.
Ha lamentado que “no se hayan facilitado informes de impacto demográfico”. Ha solicitado que el proyecto se retire y que se abra un verdadero proceso de diálogo con el sector y con los municipios afectados”, subrayando que “en muchos concejos rurales un alojamiento turístico no es simplemente un negocio, es una oportunidad de empleo, una actividad que mantiene vivo el territorio y una razón más para que la gente pueda seguir viviendo en los pueblos.