El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha expresado su respaldo a la solicitud elevada por la Sociedad Científica de Farmacéuticos de Salud Pública al Ministerio de Sanidad para poner en marcha una especialidad de Salud Pública dirigida a farmacéuticos, que se obtendría mediante el sistema de residencia FIR.
Según el Consejo General, la implantación de esta especialidad permitiría reforzar "plenamente" la Salud Pública, gracias a su enfoque multidisciplinar y a la incorporación de más perfiles sanitarios. En coherencia con ello, la organización colegial ha asumido y apoyado los argumentos defendidos por la Sociedad Científica de Farmacéuticos de Salud Pública en su propuesta.
La petición, que ya dispone del aval formal del número de Consejerías de Salud requerido por la normativa, da cumplimiento al mandato de la Ley 33/2011, General de Salud Pública, que hace 15 años recogió la conveniencia de extender la especialización en Salud Pública al resto de profesiones sanitarias, más allá de la medicina.
Ambas entidades sostienen que la nueva especialidad garantizaría una formación homogénea para los farmacéuticos que orienten su trayectoria hacia la Salud Pública y permitiría reconocer la labor de más de 1.500 profesionales que actualmente ocupan plazas técnicas en los servicios de salud, así como la de quienes trabajan en laboratorios oficiales y en organismos estatales como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
La iniciativa también se ajusta a los requisitos del Real Decreto 589/2022, que fija que, para la creación de una nueva especialidad, al menos el 50 por ciento de sus competencias deben ser exclusivas.
En cuanto al diseño del programa formativo, la sociedad científica propone una duración de cuatro años, desarrollado en unidades docentes multiprofesionales de Salud Pública.
Tras la presentación de la documentación para solicitar el nuevo título de especialista en Salud Pública, la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad deberá recabar, antes de emitir una resolución, los informes de los colegios profesionales implicados, del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universidades, cuyo dictamen tendrá carácter vinculante.