El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha adelantado este lunes que el Ministerio de Sanidad confía en poder someter al debate de totalidad el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) “en el nuevo periodo de sesiones”, es decir, una vez concluido el verano.
Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Executive Forum, Padilla ha remarcado que se trata de la “primera vez” desde 1997 que se impulsa una norma de gestión pública “que tenga verdaderamente un ánimo de cambiar un poco el escenario del juego”. Esta iniciativa legislativa, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, tiene como objetivo acotar la colaboración público-privada en el ámbito sanitario.
El secretario de Estado ha señalado que la Ley de gestión del SNS de 1997 ha hecho posible que hoy existan en determinadas comunidades autónomas compañías que disfrutan de una “protección de la financiación 'ad infinitum' mucho superior a la que tiene, por ejemplo, en esa misma comunidad autónoma, la Atención Primaria en su conjunto”.
“Creo que, básicamente, esta ley a lo que intenta responder es a una pregunta y es ¿el sistema sanitario puede permitirse que cada vez que tiene que invertir en una mejora de sus infraestructuras, lo que haga sea encargarle a otro esa mejora de las infraestructuras?”, ha aseverado.
En relación con las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le acusa de querer “acabar” con la sanidad madrileña mediante esta ley, Padilla ha precisado que el texto prevé que cualquier comunidad que decida iniciar un proceso de desprivatización “no va a estar sola”.
En este sentido, ha recalcado que no se impondrá a la presidenta madrileña la obligación de desprivatizar, pero que, cuando en la Comunidad de Madrid haya un ejecutivo que opte por revertir las concesiones a su vencimiento, podrá acudir al Ministerio de Sanidad para resolver las dudas que se planteen.
“Así que nada, Isabel Díaz Ayuso puede estar tranquila porque no vamos a obligarla a nada, pero sí que esperamos que a partir de 2027 podamos empezar los procesos de reversión de la privatización en Madrid, sin lugar a dudas”, ha añadido.
Política farmacéutica y nuevas normas
A lo largo de su exposición, Javier Padilla ha repasado las principales líneas de trabajo del departamento, detallando tanto las actuaciones ya puestas en marcha como aquellas en las que se continúa avanzando, con la intención de dejarlas aprobadas en esta legislatura o, al menos, encarriladas para la próxima.
En materia de política farmacéutica, ha puesto en valor la aprobación de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, que reúne a los actores clave del sector “a una misma mesa”, junto con el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y el real decreto sobre precio y financiación de medicamentos.
Sobre esta última norma, ha indicado que el periodo de audiencia pública se ha ampliado hasta el día 21. Aunque ha reconocido que se trata de un real decreto “aburrido” por centrarse exclusivamente en procedimientos, ha insistido en que su ausencia actual “es un lastre”, mientras que su aprobación supondrá “el complemento perfecto” al Real Decreto de Evaluación de Tecnologías.
Asimismo, ha resaltado que la ley de medicamentos y productos sanitarios, un texto “tremendamente ambicioso” que “consigue dar respuestas concretas a las necesidades de cada uno de los actores en el conjunto de la cadena de trabajo”, está previsto que pase por el Consejo de Ministros “a lo largo de este mes” antes de ser remitida al Congreso.
Padilla ha incidido en que, durante la preparación de esta ley, se ha escuchado a “los diferentes agentes implicados”, por lo que ha asegurado que los “cambios” que se incorporarán harán de ella una norma “deseada por el conjunto del sector, desde pacientes hasta profesionales, hasta organizaciones de la sociedad civil, hasta el sector industrial”.
Posteriormente, ha reiterado su defensa de la confidencialidad en los acuerdos de precios de medicamentos, enmarcándola en la política farmacéutica surgida tras la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Esta previsión se ha incluido como enmienda en la Proposición de Ley del Programa de cribado neonatal del SNS y está pendiente aún del visto bueno del Senado para su entrada en vigor.
“No existe el derecho de las empresas farmacéuticas a la confidencialidad. Existe el derecho de los pacientes a poder acceder a los medicamentos, y existe la obligación de las instituciones a poner en marcha las iniciativas legislativas que sean necesarias para poder garantizar y poder defender eso”, ha detallado.