Carlos Reinoso (Alianza por la Competitividad de la Industria): "Necesitamos previsibilidad, sólo así lograremos inversiones"

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Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria | ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA

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La supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) fue la gran noticia del decreto-ley con la prórroga de las medidas anticrisis. Una medida largamente reivindicada por las eléctricas y las patronales industriales, que tendrán que esperar a 2028 para ver efectiva la supresión de este impuesto. Hasta entonces, espera una reducción progresiva.

Con el fin de tener una valoración de las medidas, DEMÓCRATA concierta una entrevista telefónica con Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza para la Competitividad de la Industria, una patronal de patronales que reúne a los sectores más representativos de la industria española. El fin de este impuesto es una de las propuestas más reiteradas para aligerar los costes de las empresas, pero Reinoso avisa: sus reivindicaciones no se quedan ahí.

PREGUNTA: ¿Qué valoración hacen del último decreto-ley en respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán? Incluye la supresión progresiva del llamado impuesto de generación, una de sus reivindicaciones habituales.

RESPUESTA: Más allá de que haya medidas temporales o de choque en situaciones críticas, lo que hacen falta son medidas estructurales. Y creo que, por fin, hay un entendimiento por parte del Gobierno. El decreto-ley contiene menos medidas pero una de las más potentes es estructural. Lógicamente, nos hubiera gustado un mayor nivel de ambición y que su efecto fuese inmediato, pero aplaudimos la desaparición con un calendario ya planificado. Es algo que nosotros habíamos propuesto, hemos ayudado al Ministerio a cuantificar los impactos positivos de esa medida, con lo cual, bienvenida esa medida, como no podía ser de otra forma.

Con medidas temporales consigues solventar crisis o colapsos puntuales pero las medidas estructurales dan visibilidad de precio y permiten inversiones. En la industria necesitamos inversiones y eso sólo lo vas a lograr si tienes previsibilidad.

"El Gobierno por fin ha entendido que necesitamos medidas estructurales"

Europa en general, y España en particular, tiene un problema muy serio con el precio de la energía para la industria. Es un elemento ampliamente reconocido a partir del Informe Draghi, y la Comisión Europea anima a los Estados miembro a adoptar esquemas de ayudas más flexibles. Pero no todos los países están siendo igual de diligentes que alivien estos costes energéticos a sus industrias.

P: ¿Qué propuestas echan en falta?

R: Necesitamos un plan de energía asequible para la industria, un paquete de medidas que podrían tener un efecto revulsivo y abaratar los costes entre un 10% y un 30%

La primera de las medidas era la eliminación del impuesto de generación, pero también creíamos importante ampliar la bonificación del 85% del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) y extenderlo a toda la industria manufacturera. Nos gustaría que antes o después se convierta en estructural, como la rebaja del 80% de los peajes a los consumidores electrointensivos.

"Podemos abaratar los costes energéticos de la industria con un plan de energía asequible"

Proponemos también la integración de los costes de las restricciones técnicas en los peajes. La industria está pagando hasta 20 euros/MWh, cuando antes del apagón eran 4-6 euros/MWh. Y la quinta medida es aplicar al máximo las compensaciones por derechos de emisión de CO2.

Aplaudimos el paquete de medidas. Es importante y es un primer paso, pero en ningún caso es el objetivo. Necesitamos un plan de energía eléctrica asequible para la industria española, tal y como propone la Comisión Europea.

P: Precisamente, en materia de comercio de emisiones de CO2 hay una directiva cuya trasposición va con retraso tramitándose en el Congreso.

R: Absolutamente. Hay una obligación de trasposición en la que ya vamos tarde y quizás por ello, y porque sea menos ideológico, puede ser uno de los textos que sea aprobado. Veremos el juego que da la negociación política.

P: ¿Cuáles son las preocupaciones de la Alianza en el debate que se está dando en Europa en torno a la reforma de los derechos de emisiones?

R: Inicialmente fue concebido como una medida de eficiencia para lograr los objetivos de la lucha contra el cambio climático de la manera más económica posible. Desde entonces, se ha puesto de manifiesto la dificilísima aplicación de esquemas eficientes y el coste de la tonelada de CO2 se ha disparado hasta niveles difícilmente compatibles con la competitividad de la industria europea.

Hay una dinámica un poco perversa. Tenemos un esquema que trata de incentivar inversiones en eficiencia, en descarbonización…, pero luego el daño sobre las industrias es tan alto que tengo que aprobar compensaciones indirectas.

"Por supuesto tenemos que mantener la agenda verde, pero hay que hacerla compatible con la competitividad europea"

Y luego los países pueden adoptarlas o no, por lo que se produce una asimetría, una distorsión: según dónde se produzca el mismo bien, el impacto del comercio de derechos de emisión no es el mismo por las compensaciones asimétricas entre países. Acabamos rompiendo el mercado interior que es nuestro gran logro de la Unión Europea. 

Hemos entrado en una espiral de pérdida de competitividad. Son los derechos de CO2, los costes fiscales, los costes laborales… Una serie de elementos que están llevando a muchas industrias a una situación límite. No estamos hablando de dar una marcha atrás, pero tenemos que reflexionar si, en este escenario, podemos seguir reduciendo las asignaciones gratuitas a las industrias. Por supuesto que tenemos que mantener nuestra agenda verde, pero tenemos que hacerla compatible con la competitividad europea. Ese es el dilema.

P: ¿Cuál es el problema que detectan particularmente en España?

R: Hay dos problemas básicos. No se están completando las asignaciones hasta el máximo permitido por la Comisión Europea y esto distorsiona la competencia con otros productores europeos. Pero el segundo problema es la imprevisibilidad. Hay una partida reservada y a lo largo del año hay una negociación. Y está muy bien, pero no permite a una industria conocer cuáles van a ser sus costes energéticos, o internalizarlos en la venta de sus productos o calcular la rentabilidad de las inversiones en descarbonización, por ejemplo.

Por eso es tan importante que las medidas temporales se conviertan en estructurales, porque esa es la única forma de realmente hacer inversiones. Para nosotros la palabra estructural es una obsesión. Es fundamental. Las compensaciones tienen que ser las máximas pero tan importante es eso como que sean previsibles.

P: Hacía alusión a la proposición de ley sobre el régimen de comercio de derechos de emisión como una vía más factible de introducir propuestas. Entiendo que no son especialmente optimistas con la Ley de Industria.

R: Seguimos creyendo que es importante y que sería bienvenida, pero no vemos ningún indicativo de que vaya a haber una negociación. Tenía propuestas interesantes, necesitamos reformar el marco normativo. Fuimos críticos en algunos aspectos porque le faltaba concreción, dotación económica y creíamos imprescindible incluir un fondo que apoye los proyectos de reinversión industrial, que diese continuidad a los PERTE. 

"Nos preocupa el parón inversor que se va a producir tras el fin de los PERTE" 

Nadie habla de ello, pero nos parece tremendamente preocupante el parón que se puede producir, y que se va a producir en muchos sectores, del proceso inversor iniciado con los PERTE porque no hemos sido capaces de diseñar y poner en marcha un sistema que mantuviese esa dinámica. Todos somos bastante críticos con algunos aspectos de los PERTE, pero han logrado iniciar una capacidad inversora importante en proyectos de alto riesgo y de innovación tecnológica.

P: Otro aspecto en el que hacen hincapié son las facilidades administrativas para la captación de inversiones o el desarrollo de proyectos. ¿Han notado alguna evolución o mayor sensibilidad por las administraciones?

R: Tenemos que entender que la industria actual está en un profundo proceso de transformación y que nos la jugamos en ser capaces de que España tenga esas inversiones y que todos esos proyectos sean autorizados.

Hace tres años hicimos un estudio con KPMG y el diagnóstico era absolutamente desolador. Algunas comunidades le han dado la vuelta en los últimos años con algunas de las medidas que proponíamos: unidades aceleradoras de proyectos, fast track para proyectos estratégicos… Y es cierto que la administración central para ciertos proyectos, como en las redes eléctricas o instalaciones renovables, está abriendo líneas de tramitación rápida para proyectos estratégicos.

Sí ha habido avances, hay un entendimiento de que es un cuello de botella, pero todavía no tenemos ese plan país que dé solución al problema. Y una cuestión que debe hacerse es una ventanilla útil y digitalizada. Si en un proyecto están implicadas la Administración central, la autonómica y la local necesitas una gran plataforma tecnológica que centralice de manera ágil la documentación, y que podría revolucionar a nivel práctico la tramitación. Es uno de los temas pendientes.

P: Precisamente en torno a las inversiones en redes eléctricas el Gobierno ha aprobado mecanismos para tratar de liberar capacidad y evitar la pérdida de inversiones industriales. ¿Creen que las medidas son suficientes?

R: Tenemos que esperar a la liberación de todas esas capacidades y cómo se ponen en marcha las inversiones para ver si es suficiente o seguimos teniendo un problema. Ojalá me equivoque y sea un tema que vayamos a resolver a corto plazo. Es un cuello de botella en ciertas zonas del país. La gran noticia de la nueva planificación que ha propuesto el Ministerio para la Transición Ecológica es que, por primera vez, pone el foco en el consumidor y no exclusivamente en la generación. Si no hay foco en el consumidor, no va a haber absorción de las renovables. 

"El Gobierno pone por primera vez al consumidor en el foco al planificar la red eléctrica. Es una gran noticia"

Hay una clara priorización del consumidor industrial y de los proyectos reales. Con todos los respetos a los centros de datos, que bienvenidos sean, pero el impacto de generación de riqueza y en el entorno local y en el entorno productivo y el valor añadido no es comparable a lo que puede dar la industria. Si hay una capacidad limitada, el enfoque es que tengan prioridad los que den mayor valor añadido. Esta nueva filosofía es tremendamente acertada

El otro elemento que vemos muy positivo es el esfuerzo en liberar capacidad y no en la inversión por la inversión. La eficiencia y la inteligencia en las inversiones es básica. Hagamos las inversiones que hagan falta pero ninguna más.

P: ¿Cree que hay riesgo de que se pongan en tela de juicio los mecanismos de apoyo a los sectores industriales por las presuntas irregularidades que están investigándose en la gestión de ayudas, como en el fondo de rescate de la SEPI?

R: Siempre que hay gestión de fondos públicos existe un riesgo de su mala utilización, por mala gestión o por razones espurias. Pero eso no nos puede desviar de que necesitamos una política industrial activa y que el apoyo público es la piedra angular de nuestro desarrollo industrial en el futuro. Eso lo tenemos que tener muy claro. Hay proyectos donde la tecnologías no es suficientemente madura o sus costes iniciales están fuera del mercado y nunca van a desarrollarse sin apoyo público. Muchos países lo tienen claro. No puede ser que en España no, porque nos quedaremos fuera.

Que haya habido malas prácticas, si no actos delictivos, no puede apartarnos del convencimiento de que la movilización de recursos públicos es básica y fundamental. La cuestión es diseñar herramientas con todos los mecanismos de supervisión y de seguridad en la gestión de los fondos públicos. El problema es cuando, por razones determinadas, no se siguen estas prácticas o se desarrollan mecanismos que no tienen todas las garantías. Es más de cómo se definen los mecanismos de gestión que el concepto en sí.

No es la primera vez que Reinoso aparece en las páginas de DEMÓCRATA. Protagonizó, de hecho, una de las primeras entrevistas publicadas en el medio y se reconoce seguidor desde los inicios del proyecto. "Vais lanzados", destaca, antes de iniciar la entrevista, que se desarrolla en todo momento en un tono cordial y amable. 

Más claves, contexto y preguntas con FREN

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¿En qué estado parlamentario se encuentra la proposición de ley sobre el régimen de comercio de derechos de emisión en el Congreso?

La proposición de ley del Congreso para modificar la Ley 1/2005 que regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero ya no está en tramitación. Se trata de la iniciativa 122/000170, promovida por los grupos Socialista y Sumar, cuya tramitación se ha concluido tras ser rechazada. Paralelamente existió también un proyecto de ley del Gobierno (121/000025) sobre el mismo régimen de comercio de derechos de emisión, que fue retirado y también está concluido. En este momento, por tanto, no hay una iniciativa viva en el Congreso específicamente sobre este régimen», al menos con esta denominación y objeto directo.

Identificación de la proposición de ley en el Congreso

La iniciativa que encaja con lo que preguntas es la “Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero”, tramitada en la XV Legislatura con número 122/000170. Fue presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, con firmas, entre otros, de Patxi López Álvarez y Txema Guijarro García.

En su fase inicial, la proposición fue publicada en el Boletín de las Cortes Generales –Congreso, serie B–, donde se recogía su toma en consideración y la decisión de tramitarla con competencia legislativa plena en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, por el procedimiento de urgencia, abriendo un primer plazo abreviado de presentación de enmiendas. Esta situación se refleja en la publicación intermedia de la iniciativa, accesible en el boletín BOCG-15-B-193-4.

Estado parlamentario actual: tramitación concluida

Según la información parlamentaria más reciente, la proposición de ley 122/000170 se encuentra en estado de “tramitación concluida” porque fue rechazada. El resumen oficial indica de forma expresa que “se rechazó la iniciativa y concluyó la tramitación”, por lo que ya no continúa su curso ni puede seguir avanzando en comisión, ponencia, Pleno o Senado dentro de este mismo expediente.

Un elemento llamativo es que, una vez rechazada la iniciativa, se indica que el 25 de junio de 2026 se publicaron en el Boletín las enmiendas al articulado, lo que aparece como “último hito” ligado a la documentación de la proposición. Esa publicación se recoge en el boletín BOCG-15-B-193-7, que contiene las enmiendas presentadas por los grupos. No obstante, esta publicación no reabre el procedimiento: se trata de documentación de una iniciativa ya concluida.

En términos prácticos, esto significa que:

– La proposición no está ya en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ni pendiente de informe de ponencia o dictamen.
No va a debatirse ni votarse de nuevo en Pleno dentro de este expediente.
– Cualquier reforma futura del régimen de comercio de derechos de emisión exigiría una nueva proposición o un nuevo proyecto de ley.

Relación con el proyecto de ley del Gobierno sobre el mismo régimen

Junto a esta proposición de los grupos parlamentarios, existió también un proyecto de ley del Gobierno con idéntico objeto material: el “Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero”, registrado como 121/000025. Este proyecto fue formalmente retirado, lo que dio lugar a la conclusión de su tramitación.

La retirada se hizo efectiva mediante acuerdo de la Mesa del Congreso, que “toma conocimiento de la retirada del citado Proyecto de Ley”, tal y como consta en el boletín oficial del Congreso BOCG-15-A-25-7. En ese documento se recoge la comunicación del Gobierno dejando sin efecto la aprobación del anteproyecto y ordenando la retirada del proyecto remitido a las Cortes.

Conclusión: ausencia de iniciativa viva sobre este régimen

Con los datos disponibles, el panorama actual en el Congreso es el siguiente:

– La proposición de ley 122/000170 (PSOE–Sumar) sobre el régimen de comercio de derechos de emisión está rechazada y su tramitación, concluida.
– El proyecto de ley 121/000025 (Gobierno) sobre el mismo régimen fue retirado, también con tramitación concluida.
– A fecha actual, no figura en curso en el Congreso ninguna iniciativa legislativa específica que modifique la Ley 1/2005 sobre el comercio de derechos de emisión con esta denominación.

Cualquier cambio normativo futuro sobre este régimen deberá articularse a través de una nueva iniciativa (proyecto o proposición de ley) que inicie de nuevo todo el recorrido parlamentario.

¿Cuáles son las competencias y funciones principales de Carlos Reinoso como portavoz de la Alianza para la Competitividad de la Industria?

Carlos Reinoso, como portavoz de la Alianza para la Competitividad de la Industria Española, concentra sus competencias en tres grandes planos: representación pública de la posición de la gran industria, interlocución político‑institucional para influir en la regulación y coordinación interna de los sectores que integra la Alianza. Su función es articular un discurso común de los principales sectores industriales, trasladarlo a Gobierno y partidos y hacerlo visible en el debate público. Además, lidera la formulación y defensa de propuestas concretas en materia de política industrial, energía, logística e innovación, con especial foco en la Ley de Industria y en los costes energéticos. Todo ello le sitúa como una de las voces de referencia de la gran industria española en el debate regulatorio actual.

Representación institucional y comunicación pública

Reinoso es la voz oficial de la Alianza ante instituciones, grupos parlamentarios y opinión pública. En la entrevista publicada por el periódico Demócrata, donde analiza el anteproyecto de Ley de Industria, actúa explícitamente como portavoz, explicando las alegaciones de la Alianza y reclamando más medios humanos y presupuestarios para poder aplicar la norma (Demócrata).

Esta función de representación se extiende a comparecencias en el Senado para pedir consenso en el trámite de la Ley de Industria (SERNAUTO) y a su papel como moderador y ponente en el Congreso Nacional de Industria (SERNAUTO, congresoindustria.gob.es). Desde este rol sintetiza y comunica la posición de una Alianza que agrupa sectores como automoción, química, alimentación, cemento, materias primas minerales o siderurgia, entre otros (Alianza Industria, Infocemento, Oficemen).

Lobby, negociación regulatoria y agenda de competitividad

Una parte central de sus competencias es la interlocución política y regulatoria. Como explica en Demócrata, su trabajo pasa por trasladar propuestas a Gobierno y partidos sobre la Ley de Industria, reclamando:

  • Plazos concretos de desarrollo reglamentario y aplicación de la ley.
  • Refuerzo de plantillas y recursos en los departamentos de política industrial.
  • Medidas más ambiciosas en energía, logística del transporte e innovación.

(Demócrata).

En notas de la propia Alianza y del sector químico se detalla también su papel en la definición de la agenda de competitividad energética: coordinación de propuestas para abaratar entre un 10 % y un 30 % el coste eléctrico industrial (FEIQUE, SERNAUTO) y respaldo a cambios regulatorios como la nueva normativa de masas y dimensiones del transporte por carretera (FEIQUE).

En esa misma línea, el periódico Demócrata recoge su función de promover medidas estructurales (no solo temporales) para reducir la brecha eléctrica frente a otros países, dar previsibilidad a la inversión y vincular la política climática a la competitividad industrial (Demócrata, Demócrata, FEIQUE).

Coordinación interna de la Alianza y relación con la Administración

Otra función clave es la coordinación de intereses entre las asociaciones sectoriales que forman la Alianza, que representan alrededor del 55–60 % del Producto Industrial Bruto y un porcentaje muy elevado de las exportaciones industriales españolas (Alianza Industria, FEIQUE). Su rol exige alinear posiciones de sectores con estructuras de costes y perfiles energéticos muy distintos, para presentar propuestas comunes y creíbles ante el Gobierno y la Comisión Europea.

En el plano de la relación con la Administración, participa en reuniones con el Ministerio de Industria y Turismo para definir marcos de colaboración y reforzar la gobernanza industrial. Las notas de Moncloa y del propio ministerio recogen encuentros en los que la Alianza ofrece propuestas para aumentar el peso de la industria en el PIB y valora la creación de una Secretaría de Estado de Industria (La Moncloa, Mincotur).

En foros como el nuevo Foro de Alto Nivel de la Industria, donde el Ministerio busca reforzar el diálogo estratégico con los sectores industriales (Mincotur, Mincotur, FEIQUE, FEIQUE), el papel del portavoz de la Alianza es precisamente canalizar hacia la Administración una posición conjunta sobre gobernanza, simplificación administrativa y prioridades inversoras.

Perfil profesional al servicio del cargo

Su trayectoria previa como director general de ASPAPEL y su experiencia en asuntos públicos, sostenibilidad y representación sectorial, destacada en diferentes perfiles y entrevistas (industrytalks.es, Interempresas, Alianza Industria, Industria Química, Infosalus, Farmaindustria, SERNAUTO, Alianza Industria, FEIQUE, Mincotur, Consejo de la UE, LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn), refuerzan su capacidad para ejercer estas funciones de portavoz con un fuerte componente técnico, regulatorio y de diálogo público‑privado.

¿Qué propuestas concretas está defendiendo actualmente Carlos Reinoso en relación con la Ley de Industria? ¿Cómo está influyendo la Alianza para la Competitividad de la Industria en la política energética del Gobierno? ¿Qué sectores concretos forman parte de la Alianza y qué peso tienen en el empleo y las exportaciones de España?

¿Qué requisitos legales deben cumplirse para la bonificación del 85% del Impuesto Especial sobre la Electricidad en la industria manufacturera?

La bonificación del 85 % del Impuesto Especial sobre la Electricidad para la industria manufacturera se encuadra en la normativa general de Impuestos Especiales (Ley y Reglamento) y en la regulación censal y de autoliquidación del propio impuesto. Sin embargo, en las fuentes oficiales consultadas no se ha podido localizar el texto concreto de los preceptos que desarrollan esa bonificación ni el detalle de sus requisitos materiales, subjetivos y formales. Sí se identifican claramente la Ley y el Reglamento aplicables, así como la normativa que regula el censo y el modelo 560, pero no el artículo específico de la bonificación. Por tanto, solo es posible ofrecer un marco normativo y una orientación general, sin entrar en requisitos concretos que no figuran explícitamente en los textos recuperados.

1. Marco normativo básico aplicable

El Impuesto Especial sobre la Electricidad forma parte del sistema de Impuestos Especiales regulado por la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, que define este tributo como uno de los impuestos especiales que gravan, entre otros hechos imponibles, el suministro de energía eléctrica. Esta ley puede consultarse en el BOE en el siguiente enlace oficial: Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.

El desarrollo reglamentario general de la Ley 38/1992 se contiene en el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales, donde se detallan aspectos censales, de gestión, control y procedimientos de estos tributos. El texto puede consultarse en: Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.

En el plano estrictamente procedimental del Impuesto Especial sobre la Electricidad (altas en el censo, modelo de autoliquidación, etc.) resultan de aplicación:

  • Orden HAC/172/2021, de 25 de febrero, por la que se establece la estructura y funcionamiento del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la Electricidad y se aprueba el modelo 560 de autoliquidación: Orden HAC/172/2021.
  • Orden HAC/1433/2024, de 11 de diciembre, que modifica la Orden HAC/172/2021 y actualiza, entre otros, su anexo III: Orden HAC/1433/2024.

Como normativa sectorial relacionada con consumidores electrointensivos (aunque no específicamente con la bonificación del 85 %), destaca:

  • Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos: Real Decreto 1106/2020.
  • Su modificación por el Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, sobre compensación de costes indirectos de CO₂: Real Decreto 309/2022.

2. Qué tipo de requisitos suelen existir (en términos generales)

A falta del texto expreso de los artículos de la Ley 38/1992 y del Reglamento de Impuestos Especiales que regulan la bonificación del 85 % para la industria manufacturera, solo se puede describir de forma genérica el tipo de condiciones que este tipo de beneficios fiscales suelen exigir en el ámbito de los impuestos especiales:

2.1. Requisitos subjetivos (quién puede aplicarla)

Normalmente se exige que el beneficiario sea un titular de la actividad económica encuadrable en determinados sectores o epígrafes manufactureros, y que figure dado de alta en el censo específico del Impuesto Especial sobre la Electricidad regulado por la Orden HAC/172/2021, en su redacción vigente tras la Orden HAC/1433/2024. Este encuadramiento se suele acreditar mediante NIF, epígrafe de IAE y, en su caso, documentación sectorial.

2.2. Requisitos materiales (qué consumos se bonifican)

En este tipo de bonificaciones, la norma suele limitar el beneficio a la electricidad efectivamente consumida en procesos productivos determinados (por ejemplo, procesos industriales manufactureros) y no a todos los consumos de la empresa (oficinas, servicios generales, etc.). También es habitual que se exija que la electricidad se use en el territorio en el que el impuesto es exigible, de acuerdo con la definición de ámbito territorial de la Ley 38/1992.

2.3. Requisitos formales y de gestión

Desde el punto de vista formal, la aplicación de la bonificación suele estar condicionada a:

  • La correcta inscripción y actualización en el censo de obligados del impuesto, de acuerdo con la Orden HAC/172/2021, modificada por la Orden HAC/1433/2024.
  • La consignación adecuada de la bonificación en el modelo 560 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre la Electricidad.
  • La conservación de la documentación justificativa (contratos de suministro, facturas desglosadas, memoria técnica de procesos, etc.) que permita acreditar ante la Administración Tributaria el destino de la energía a los procesos manufactureros.

3. Límites de la información disponible

En las consultas realizadas sobre la Ley 38/1992 y sobre el Real Decreto 1165/1995 no se ha recuperado el articulado concreto que regula la bonificación del 85 % del Impuesto Especial sobre la Electricidad para la industria manufacturera, por lo que no se dispone de una relación exacta de sus requisitos. No se dispone de más información en las fuentes consultadas.

Para obtener el detalle preciso (artículos concretos, porcentajes, definiciones legales de “procesos de la industria manufacturera”, límites cuantitativos, etc.), es necesario acudir directamente a la versión consolidada en el BOE de la Ley 38/1992 y del Reglamento de Impuestos Especiales, y, en su caso, a las instrucciones de la Agencia Tributaria en materia de Impuesto Especial sobre la Electricidad.

¿En qué artículos concretos de la Ley 38/1992 y del Reglamento de Impuestos Especiales se regula exactamente la bonificación del 85 % del Impuesto Especial sobre la Electricidad? ¿Cómo se tramita en la práctica, ante la Agencia Tributaria, la aplicación de la bonificación del 85 % en el modelo 560 de Impuesto Especial sobre la Electricidad? ¿Qué relación tiene la condición de consumidor electrointensivo del Real Decreto 1106/2020 con la posibilidad de aplicar la bonificación del 85 % del Impuesto Especial sobre la Electricidad?

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¿Qué medida estructural del último decreto-ley valora positivamente Carlos Reinoso?

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¿Qué problema destaca Carlos Reinoso respecto a la asignación de derechos de emisión en España?

Pregunta 2 de 3

¿Qué advierte Carlos Reinoso sobre los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica)?

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