El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha comenzado a analizar posibles casos de ocupación irregular de viviendas de titularidad pública por personas migrantes en situación irregular, después de recibir avisos de vecinos sobre varios inmuebles.
El portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, ha confirmado este martes que la Administración tiene constancia de estas situaciones y ha señalado que el área de Vivienda ya trabaja para comprobar individualmente los casos comunicados.
Las advertencias proceden especialmente de Loma Colmenar, donde residentes han trasladado al Gobierno local la existencia de viviendas públicas en las que estarían residiendo personas que no son sus adjudicatarias y que, por tanto, no tendrían derecho a ocuparlas.
"Tenemos constancia porque ha sido trasladada directamente por los vecinos", ha explicado Ramírez.
Los avisos surgieron durante una reunión con los vecinos
La cuestión fue planteada durante una reunión entre representantes de la Ciudad y vecinos de Loma Colmenar convocada para abordar la posible utilización de una parcela de embolsamiento como espacio para la acogida de migrantes.
Durante el encuentro, los residentes trasladaron al Ejecutivo local sus preocupaciones sobre la situación de determinadas viviendas públicas de la barriada y alertaron de que algunas estarían siendo utilizadas por personas distintas a sus adjudicatarios.
A partir de esa información, los servicios técnicos y jurídicos de la Ciudad han comenzado a estudiar los casos concretos para determinar si existe una ocupación irregular y en qué circunstancias se ha producido.
Ceuta investigará si los adjudicatarios han cedido las viviendas
La investigación no se limitará a comprobar quién reside actualmente en los inmuebles. El Gobierno ceutí también quiere determinar si algunos adjudicatarios de viviendas públicas han cedido sus casas a terceras personas, incumpliendo de esta forma las condiciones establecidas en sus contratos de arrendamiento.
Ramírez ha explicado que los servicios jurídicos de la Ciudad han confirmado que los propios contratos permiten su resolución cuando se producen determinados incumplimientos.
Si las comprobaciones acreditan que un adjudicatario ha cedido irregularmente la vivienda, la Ciudad procederá a resolver el contrato de alquiler e iniciar posteriormente el procedimiento de desahucio, según ha avanzado el portavoz.
"Obviamente, la causa de que eso se produzca es la resolución unilateral del contrato de arrendamiento y el procedimiento a continuación de desahucio", ha indicado.
Sanciones y rescisión de los contratos
El Ejecutivo autonómico también contempla la imposición de las sanciones correspondientes cuando se acrediten las irregularidades investigadas.
"Todo aquel que haya cometido esta irregularidad será tanto sancionado como resuelto su contrato", ha advertido Ramírez.
La Ciudad pretende así actuar tanto frente a las posibles ocupaciones irregulares de inmuebles públicos como contra los adjudicatarios que hayan permitido que otras personas utilicen las viviendas vulnerando las condiciones bajo las que les fueron concedidas.
Por el momento, el Gobierno ceutí no ha concretado cuántas viviendas están siendo investigadas ni cuántas personas podrían encontrarse residiendo irregularmente en ellas. Los servicios técnicos y jurídicos deberán estudiar ahora cada caso antes de determinar las actuaciones que correspondan.