JUPOL se ha sumado a las reclamaciones del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, y ha exigido al Gobierno una respuesta inmediata ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. El sindicato pide reformar la Ley de Extranjería, reforzar las plantillas policiales y mejorar los mecanismos de readmisión con Marruecos para facilitar el retorno de quienes entren irregularmente en España.
La petición llega después de una semana en la que han accedido a Ceuta unas 1.500 personas, según los datos ofrecidos por el Gobierno de la ciudad autónoma. La cifra equivale a cerca del 2% de toda su población y supone un ritmo aproximado de 300 llegadas diarias.
La madrugada de este jueves ha dejado más de un centenar de menores y cientos de adultos llegados a nado desde Marruecos. Salvamento Marítimo y Cruz Roja rescataron a 99 personas durante la noche. Además, la Guardia Civil localizó el cadáver de un joven que habría intentado alcanzar la ciudad por mar.
Con este último hallazgo son ya 30 los cuerpos recuperados en las costas ceutíes desde principios de año. La sucesión de fallecimientos muestra el riesgo de una ruta que obliga a muchos jóvenes a arrojarse al mar, pero también la dificultad de una ciudad de poco más de 80.000 habitantes para identificar, atender y alojar en pocos días a centenares de personas.
El Gobierno rechaza la emergencia nacional pedida por Vivas
El presidente de Ceuta ha solicitado al Ejecutivo central que declare una emergencia de interés nacional y establezca un mando único para coordinar la respuesta. Vivas sostiene que la magnitud de las llegadas ha superado la capacidad ordinaria de la ciudad y reclama actuaciones "contundentes" para aliviar la saturación de los centros destinados a adultos y menores.
Pero el Gobierno ha rechazado esa petición. El Ministerio del Interior argumenta que la legislación estatal de protección civil no incluye los flujos migratorios entre los riesgos que permiten declarar una emergencia de interés nacional y tampoco contempla planes especiales para este tipo de crisis. No en vano, el ministro del Interior visitará este viernes la ciudad autónoma de Ceuta.
El rechazo se refiere al encaje legal de la declaración y del mando único solicitados por Ceuta. Sin embargo, no resuelve el problema operativo ni impide que el Ejecutivo pueda buscar otros mecanismos extraordinarios de coordinación, financiación y refuerzo ante una situación que las autoridades ceutíes consideran desbordada.
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes ha superado su capacidad ordinaria. Paralelamente, Ceuta acoge ya a unos 700 menores, frente a los 420 contabilizados dos días antes. La atención a estos menores corresponde a la ciudad autónoma, que se ha visto obligada a habilitar recursos adicionales y reclama apoyo financiero y logístico del Estado.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto desplazarse a Ceuta para analizar la situación y estudiar nuevas medidas. La visita se produce después de varios días de llegadas continuadas y de reiteradas peticiones de ayuda por parte del Ejecutivo de Vivas.
JUPOL advierte de una Policía "al límite"
JUPOL denuncia que los policías nacionales destinados en Ceuta están soportando una carga operativa difícilmente sostenible. A las funciones habituales de seguridad ciudadana y control fronterizo se han añadido identificaciones, reseñas, custodias, expedientes administrativos y labores de asistencia.
"La ciudad no tiene medios para acoger a todas estas personas. Estamos viviendo un absoluto colapso que afecta tanto a la gestión migratoria como a la seguridad ciudadana", afirma el portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez.
El sindicato reclama el envío urgente de agentes, el incremento de los medios materiales y logísticos, la ampliación de la capacidad de las dependencias policiales y la puesta en marcha de un plan de choque.
La organización considera que Interior no había previsto los recursos necesarios para afrontar una llegada de esta magnitud. La saturación, añade, repercute en las condiciones laborales de los policías, pero también reduce los efectivos disponibles para atender las necesidades ordinarias de seguridad de los ciudadanos.
Reforma de la Ley de Extranjería
La principal propuesta legislativa de JUPOL coincide con la posición defendida por Vivas y por el Partido Popular. El sindicato reclama modificar la Ley Orgánica de Extranjería para que el rechazo en frontera pueda aplicarse también a quienes intenten entrar irregularmente por vía marítima.
La petición responde a la reciente doctrina del Tribunal Supremo. El alto tribunal ha establecido que la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, que regula el régimen especial de Ceuta y Melilla, no permite aplicar automáticamente el rechazo en frontera a las personas interceptadas en el mar cuando tratan de alcanzar ambas ciudades a nado.
En esos casos debe utilizarse el procedimiento de devolución previsto en el artículo 58.3 de la ley, que exige la identificación y el examen individual de las circunstancias de cada persona.
JUPOL considera que la actual redacción ha creado una laguna legal aprovechada por las redes de inmigración irregular para desplazar las entradas desde los pasos terrestres hacia el mar. Por ello, pide que la devolución inmediata pueda aplicarse con independencia de que el acceso se produzca por tierra, por mar o mediante cualquier otro procedimiento irregular.
Una eventual reforma tendría que preservar las garantías constitucionales y europeas, entre ellas la prohibición de las expulsiones colectivas, el derecho a solicitar protección internacional y la atención individual de los menores y las personas vulnerables. El desafío legislativo consiste en agilizar los procedimientos sin eliminar esas garantías.
España ya tiene un acuerdo de readmisión con Marruecos
JUPOL reclama también la firma de un acuerdo de readmisión con Marruecos. No obstante, España y el reino alauí ya disponen de un convenio bilateral en esta materia.
El acuerdo sobre circulación, tránsito y readmisión de extranjeros entrados irregularmente fue firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992 y entró en vigor en octubre de 2012. El texto sigue formando parte de la normativa de Extranjería recogida por el Ministerio del Interior.
La cuestión pendiente no es, por tanto, la ausencia de un convenio, sino su limitada aplicación práctica, la posible actualización de sus procedimientos y el grado de colaboración efectiva de las autoridades marroquíes.
Las readmisiones no son automáticas. España debe acreditar que la persona llegó desde territorio marroquí y cumplir las condiciones y los plazos recogidos en el acuerdo, además de respetar la legislación sobre asilo, menores y protección de personas vulnerables.
La reclamación de JUPOL debería interpretarse, en consecuencia, como una petición para revisar, ampliar o aplicar con mayor eficacia el convenio vigente, además de negociar otros acuerdos con los países de origen y tránsito.
"Sin devoluciones ágiles ni acuerdos de readmisión, España seguirá sufriendo este efecto llamada y los policías nacionales continuarán afrontando en solitario una presión migratoria que no deja de crecer", sostiene Domínguez.
Marruecos y el control de las salidas
El sindicato con el que se ha puesto en contacto DEMÓCRATA responsabiliza también a Marruecos de no haber impedido con suficiente eficacia la salida de cientos de personas que se han lanzado al mar para alcanzar Ceuta. JUPOL pide al Gobierno que eleve la presión diplomática y exija a Rabat el cumplimiento de sus compromisos de vigilancia fronteriza y cooperación migratoria.
Las fuerzas marroquíes han realizado interceptaciones durante estos días. Sin embargo, el volumen de entradas plantea dudas sobre la capacidad o la voluntad de mantener un control constante en todo el litoral próximo a Ceuta.
España depende en buena medida de la colaboración de Marruecos para controlar esta frontera. El precedente más evidente se produjo en mayo de 2021, cuando alrededor de 8.000 personas entraron en Ceuta en apenas dos días durante una crisis diplomática entre Madrid y Rabat.
El descenso de la inmigración irregular hacia Canarias tampoco elimina el problema. La presión puede desplazarse entre rutas en función de la vigilancia, la meteorología, la actuación de las redes y las posibilidades de continuar posteriormente hacia la Península.
En el caso de Ceuta, cualquier incremento repentino tiene un impacto especialmente intenso por la escasez de territorio y la limitada capacidad de sus instalaciones. La acogida afecta a los centros de adultos y menores, pero también a los servicios sociales, la atención sanitaria, las dependencias policiales y la seguridad ciudadana.
Una crisis humana, policial y diplomática
La situación reúne tres problemas que no pueden abordarse por separado. El primero es humanitario, como demuestra la muerte del joven localizado este jueves y los 30 cuerpos recuperados durante 2026. El segundo es operativo, por la saturación de los servicios de acogida y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El tercero es diplomático, debido a la dependencia de la cooperación marroquí.
Vivas y JUPOL reclaman una actuación excepcional, cambios legislativos y mayor firmeza frente a Marruecos. El Gobierno central ha descartado declarar formalmente la emergencia nacional y establecer el mando único solicitado, aunque la visita de Marlaska abre la puerta a nuevas medidas.