Cientos de ceutíes marchan hasta la Delegación del Gobierno contra el posible alojamiento de migrantes en el cuartel Fiscer

El ministro de Política Territorial (actualmente ministro de Política Territorial y Memoria Democrática) es el miembro del Gobierno responsable de diseñar y ejecutar la política territorial del Estado y de pilotar las relaciones del Gobierno con las comunidades autónomas y las entidades locales. Sus competencias se derivan, por un lado, del régimen general de los ministros y, por otro, de la normativa específica que configura los departamentos ministeriales.

Marco normativo básico

Las funciones del ministro se apoyan en dos grandes tipos de normas:

• Normas generales sobre el Gobierno, especialmente la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que establece el estatuto común de los ministros: dirección del departamento, iniciativa normativa en su ámbito, propuesta de acuerdos al Consejo de Ministros, potestad de dictar órdenes ministeriales, etc.
• Normas de organización del Gobierno, entre las que destaca el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (BOE-A-2023-23537), modificado por el Real Decreto 1230/2023, de 29 de diciembre (BOE-A-2023-26727), que define cuál es el objeto de cada ministerio.

En ese marco, el artículo correspondiente del Real Decreto 829/2023 (en la redacción vigente) dispone que:

• Corresponde al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de política territorial, organización territorial del Estado y relaciones con las comunidades autónomas y las entidades que integran la administración local.
• Asimismo le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de memoria histórica y democrática.
• El Ministerio se estructura, al menos, en la Secretaría de Estado de Política Territorial y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de las que el ministro es superior jerárquico.

Competencias materiales principales

A partir de ese marco, las competencias materiales del ministro se pueden sintetizar en los siguientes bloques:

• Diseño y ejecución de la política territorial del Estado: define, propone al Consejo de Ministros y aplica la posición del Gobierno sobre cómo se articula territorialmente el poder público (papel del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, principios de cooperación y coordinación, etc.).
• Relaciones con las comunidades autónomas: es el interlocutor político ordinario del Gobierno con los gobiernos autonómicos. Ello incluye la participación en comisiones bilaterales de cooperación, la preparación de conferencias sectoriales de carácter territorial y, en general, la negociación y seguimiento de acuerdos Estado–comunidades autónomas.
• Relaciones con las entidades locales: impulsa la política del Gobierno hacia ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares, y participa en órganos de cooperación multilateral como la Comisión Nacional de Administración Local.
• Organización territorial de la Administración General del Estado: dirige políticamente la red de Delegaciones del Gobierno, Subdelegaciones y Direcciones Insulares, y la política de presencia de la Administración General del Estado en el territorio, de acuerdo con la normativa de estructura orgánica básica.
• Participación en los procesos de traspaso y ajuste competencial: el ministerio interviene en los procedimientos de traspaso de servicios y funciones a las comunidades autónomas, que se formalizan mediante reales decretos de traspaso publicados en el BOE (por ejemplo, los Reales Decretos de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco en 2026 citados en la base de datos).
• Memoria democrática: diseña la política del Gobierno en materia de reconocimiento y reparación de las víctimas de la dictadura, resignificación de lugares de memoria y, en general, cumplimiento de la legislación de memoria democrática, en coordinación con otros departamentos competentes.

Competencias como titular de departamento

Además de esas funciones materiales, el ministro ejerce las potestades generales propias de cualquier titular de departamento, previstas en la Ley del Gobierno y en la normativa de organización:

• Dirección superior del Ministerio: fija objetivos, aprueba los planes de actuación del departamento, distribuye funciones entre los órganos superiores y directivos (secretarías de Estado, subsecretaría, direcciones generales) y evalúa su cumplimiento.
• Iniciativa normativa en su ámbito: propone al Consejo de Ministros proyectos de ley y reales decretos que afecten a la organización territorial, a las relaciones con comunidades autónomas y entidades locales o a la memoria democrática, y puede dictar órdenes ministeriales dentro de sus competencias.
• Propuesta de nombramientos: eleva al Consejo de Ministros las propuestas de nombramiento y cese de los altos cargos de su departamento (secretarios de Estado, subsecretario, secretarios generales, directores generales), de acuerdo con las reglas generales.
• Representación institucional: representa al departamento en el interior y en foros internacionales cuando se traten cuestiones de organización territorial, gobernanza multinivel o memoria democrática.
• Gestión de medios personales y materiales: a través de la subsecretaría y otros órganos, responde políticamente de la gestión del presupuesto del ministerio y de los recursos humanos adscritos a él y a la Administración General del Estado en el territorio, sin perjuicio de las competencias transversales de otros ministerios (como Hacienda o Función Pública).

La concreción fina de estas competencias (qué unidades asumen cada tarea, qué órganos colegiados dependen del Ministerio, etc.) se detalla en el real decreto de estructura orgánica básica propio del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y en las posteriores órdenes de delegación y desconcentración, pero el núcleo material viene definido por el citado Real Decreto 829/2023 y por el régimen general de los ministros.

Ángel Víctor Torres Pérez es un político socialista canario con una larga trayectoria en el ámbito municipal, autonómico y estatal. Pertenece al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del que es secretario general en Canarias, y ha sido presidente del Gobierno de Canarias y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en el Gobierno de España.

Orígenes y formación

Nacido en 1966 en Arucas (Gran Canaria), Torres es licenciado en Filología Hispánica. Antes de dedicarse de lleno a la política ejerció como profesor de instituto y escritor, una faceta que ha marcado su perfil público como político con formación humanística y vinculación al mundo educativo. Esta trayectoria docente fue su actividad principal hasta finales de los años noventa.

Primeros pasos en política: ámbito local e insular

Su carrera política se inicia en el ámbito municipal de Arucas, siempre bajo las siglas del PSOE. Allí fue concejal y posteriormente alcalde de Arucas entre 2003 y 2007, en un municipio de algo menos de 40.000 habitantes en el norte de Gran Canaria. Desde esa posición consolidó un perfil de gestor cercano al territorio, con especial atención a las políticas sociales y al urbanismo.

Tras su etapa como alcalde, dio el salto al nivel insular, ocupando diversos cargos en el Cabildo de Gran Canaria. En esos años refuerza su peso dentro del socialismo canario, combinando responsabilidades ejecutivas con su papel en la organización del partido en la isla. También pasó por las Cortes Generales como diputado en el Congreso, lo que le proporcionó experiencia directa en la política nacional.

Liderazgo en el PSOE canario y presidencia de Canarias

El punto de inflexión en su carrera interna llega en 2017, cuando es elegido secretario general del PSOE de Canarias. Desde entonces se convierte en la cara visible del socialismo en el archipiélago y en el principal referente territorial de Pedro Sánchez en las islas. Este liderazgo orgánico será la base de su salto al poder autonómico.

En las elecciones autonómicas de 2019, el PSOE se impone en Canarias y Torres logra articular el llamado “pacto de las flores”, una coalición con Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera. Gracias a ese acuerdo se convierte en presidente del Gobierno de Canarias (2019‑2023), el primero no nacionalista tras décadas de hegemonía de Coalición Canaria.

Su mandato autonómico está marcado por una sucesión de crisis: la pandemia de la COVID‑19, incendios forestales graves, el volcán de La Palma y una elevada presión migratoria en las islas. Paralelamente, su gobierno se ve salpicado por las derivadas políticas del llamado caso Mediador y, posteriormente, por las investigaciones sobre contratos de mascarillas en pandemia (trama vinculada al llamado caso Koldo), lo que condicionará parte del debate público sobre su gestión.

En las elecciones de 2023 el PSOE vuelve a obtener un buen resultado, pero la suma de fuerzas cambia: el desplome de Podemos y el acuerdo entre Coalición Canaria y el Partido Popular devuelven a Torres a la oposición autonómica pese a haber liderado el gobierno saliente.

Salto al Gobierno central: ministro de Política Territorial

Tras las generales de 2023, Pedro Sánchez incorpora a Torres al Ejecutivo como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, cargo que asume en noviembre de 2023. Desde este puesto, además de la coordinación institucional con comunidades autónomas y entidades locales, se convierte en una de las caras visibles de la política migratoria del Gobierno, muy especialmente en lo relativo a la situación de Canarias y, más recientemente, a la crisis migratoria en Ceuta, cuya coordinación gubernamental se le ha encargado.

Como ministro, ha tenido que comparecer con frecuencia en el Congreso y el Senado para explicar su papel en los contratos de material sanitario durante la pandemia cuando presidía Canarias. Distintos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se han utilizado tanto para cuestionarle políticamente como para que él mismo reivindique que no se han acreditado delitos de cohecho ni comisiones ilegales en su actuación.

Situación reciente y vinculación al PSOE

La ficha institucional del propio Torres y la información de prensa coinciden en presentarlo como ministro en activo y secretario general del PSOE Canarias. En marzo de 2025 hizo público que padecía un cáncer y anunció un “paréntesis” tras una operación, si bien su entorno político subrayó su intención de seguir en activo. En cualquier caso, toda su trayectoria institucional está estrechamente ligada al PSOE, partido en el que milita desde hace décadas y al que atribuye tanto su proyección política como la base de legitimidad que reivindica frente a sus críticos.

Para destinar instalaciones militares (cuarteles, bases, polígonos de tiro, etc.) a usos distintos de los previstos originalmente es necesario articular un doble encaje: por un lado, en el marco de la defensa nacional y, por otro, en el régimen general de los bienes públicos (dominio público y patrimonio de las administraciones). Esto obliga a combinar la normativa de defensa con la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y su reglamento aprobado por el Real Decreto 1373/2009.

1. Marco constitucional y de defensa

La Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de defensa y Fuerzas Armadas y reserva a la ley orgánica la regulación básica de la defensa nacional. La Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, define la política de defensa como una función del Gobierno orientada a garantizar la protección de España, su integridad territorial y sus instituciones.

De ello se deriva un principio clave: cualquier cambio de destino o uso relevante de una instalación militar debe ser compatible con la planificación de la defensa, y por tanto requiere, como mínimo, informe y decisión del Ministerio de Defensa y, en los casos de mayor entidad, del propio Gobierno (Consejo de Ministros), que es quien dirige la política de defensa.

2. Naturaleza jurídica de las instalaciones militares

Las instalaciones militares son típicamente bienes de dominio público (demaniales), al estar afectos a un servicio público de carácter estatal (la defensa). La Ley 33/2003 establece que:

• Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
• Deben aplicarse de forma efectiva al servicio público al que estén afectados, salvo excepciones justificadas por interés público.
• Su gestión debe garantizar su conservación, integridad y adecuación al fin al que sirven.

Mientras un inmueble esté afecto a la defensa, no puede ser libremente vendido ni destinado a usos incompatibles con ese servicio, salvo que se tramite un cambio formal de su situación jurídica.

3. Cambio de uso: afectación, mutación demanial y desafectación

La Ley 33/2003 y su reglamento prevén varios instrumentos para modificar el destino de los bienes públicos:

• Mutación demanial: cambio de afectación dentro del dominio público, por ejemplo, de “uso de defensa” a “uso administrativo” u otro servicio público. Mantiene el carácter demanial, pero modifica el servicio al que sirve. Requiere acuerdo formal del órgano competente (normalmente Consejo de Ministros u órgano habilitado) y coordinación entre Defensa, Hacienda y, en su caso, el ente receptor.
• Desafectación: el bien deja de estar afecto a un uso o servicio público y pasa a ser bien patrimonial de la Administración. Supone un acto expreso, también normalmente adoptado por el Gobierno a propuesta del ministerio competente y con informe de Hacienda. Solo tras la desafectación puede hablarse de explotación patrimonial ordinaria (venta, arrendamiento, etc.).

El reglamento del patrimonio desarrolla los procedimientos y exige expediente administrativo que justifique el interés público, identifique el bien, acredite que ya no es necesario para el servicio de defensa y determine el nuevo destino o, al menos, su disponibilidad para otros usos.

4. Cesión de uso, enajenación y cesión a otras administraciones

Una vez producida, en su caso, la mutación o desafectación, se abren varias opciones:

• Cesión de uso a otra Administración: la Ley 33/2003 y su reglamento contemplan cesiones gratuitas de uso o de propiedad a otras administraciones para finalidades de interés público (equipamientos, vivienda pública, etc.). Exigen:
  • Acuerdo del órgano competente (a menudo el Consejo de Ministros).
  • Condiciones sobre el destino concreto y plazos.
  • Mecanismos de control y posible reversión si se incumple el uso pactado.
• Enajenación (venta): solo posible si el bien es ya patrimonial, nunca mientras siga siendo demanial afecto a defensa. Se somete a los principios de publicidad, concurrencia y obtención de la mejor rentabilidad para el patrimonio público, con intervención de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

5. Compatibilidad urbanística y medioambiental

Además de las exigencias de defensa y patrimonio, cualquier cambio efectivo de uso debe respetar:

• El planeamiento urbanístico aplicable, que debe admitir el nuevo uso o ser modificado por la comunidad autónoma o el municipio competente.
• La normativa medioambiental, incluida la eventual necesidad de evaluación ambiental, restauración de suelos, gestión de residuos o descontaminación, especialmente en terrenos con usos intensivos (polígonos de tiro, depósitos de combustibles, etc.).

Estas actuaciones requieren coordinación entre Defensa, las administraciones territoriales y, en ocasiones, otros departamentos ministeriales.

En síntesis, no basta con una decisión política genérica: es preciso un expediente formal que acredite que la instalación ha dejado de ser necesaria para la defensa o que el nuevo uso es compatible con ella, seguido de los actos de mutación demanial o desafectación que correspondan, y de las cesiones o enajenaciones ajustadas a la Ley 33/2003, siempre bajo el paraguas de la planificación de la defensa y del ordenamiento urbanístico y ambiental.