El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha trasladado al Tribunal Supremo, desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde permanece interno desde hace casi un año, que tiene previsto solicitar “el fraccionamiento” de las multas e indemnizaciones impuestas por el alto tribunal en el conocido como 'caso mascarillas'.
Según consta en una diligencia de notificación a la que ha tenido acceso Europa Press, cuando se le informó formalmente del requerimiento de pago, el exministro indicó que “presentará alegaciones” y que pedirá el “fraccionamiento” tanto de la multa como de las cantidades fijadas en concepto de responsabilidad civil, que el Supremo estableció junto a una pena de 24 años de prisión en su sentencia.
El fallo del alto tribunal fijó para Ábalos una multa de 52.500 euros, el decomiso de 430.298 euros como responsabilidad solidaria con los otros dos condenados —su antiguo asesor Koldo García y el empresario y mediador Víctor de Aldama—, además de una indemnización conjunta con Koldo de 34.450 y 9.500,54 euros a favor de Ineco y Tragsatec, respectivamente.
Desde prisión, Ábalos adelantó que formularía alegaciones después de que el Supremo activara a finales de octubre la fase de ejecución de la sentencia y concediera 15 días a los condenados para abonar las cantidades. En ese mismo escrito, el tribunal otorgó igualmente un plazo de dos semanas a las partes para presentar sus escritos de alegaciones.
La diligencia de notificación dirigida al exministro está fechada el 6 de noviembre, la misma jornada en la que se notificó a Koldo García, quien, al recibir el requerimiento, señaló: “Lo consulta con su abogada”. Esta fecha es anterior al escrito que su entonces abogada, Leticia de la Hoz, remitió este martes a la Audiencia Nacional comunicando su renuncia a seguir ejerciendo la defensa del exasesor.
En cuanto a Aldama, ha hecho constar que se da por “enterado y conforme” con la resolución y ha ratificado su disposición a cumplir un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
Pagos periódicos de Aldama y uso de las viviendas
La sentencia detalló el origen de las cantidades decomisadas, desglosando “340.000 euros --10.000 euros mensuales durante 34 meses por Aldama--, 82.295 euros --renta del alquiler de la vivienda sita en Plaza de España-- y 8.000 euros --renta del alquiler del chalé en Marbella/Villa Parra--”, en referencia a los pagos regulares que el empresario abonó al exministro y a su exasesor, así como a las viviendas alquiladas para la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, en el centro de Madrid, y la que él disfrutó en Málaga.
Los magistrados ordenaron también a Ábalos y a Koldo que indemnicen “conjunta y solidariamente” a Ineco y Tragsatec con 34.450 y 9.500,54 euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil, al tratarse de las compañías en las que fue colocada Jéssica Rodríguez y de las que percibió salarios sin desempeñar función alguna.
Para hacer frente a estas obligaciones económicas, el Supremo concedió un plazo de dos semanas, tras el cual “se procederá por la vía de apremio en el caso de las multas y las indemnizaciones”.
Además, el tribunal acordó practicar “las correspondientes liquidaciones de condena de las penas” de prisión impuestas al exministro y a su antiguo asesor, recordando el límite máximo de cumplimiento fijado en la sentencia: 16 años y medio para Ábalos y 15 años para Koldo.
Ábalos y Koldo fueron sentenciados por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Por su parte, Aldama recibió una pena de cuatro años de cárcel por organización criminal y cohecho, aunque evitó su ingreso en prisión debido a la colaboración prestada a la justicia.